Unas 8 personas que colaboraron como talleristas durante el funcionamiento de los comedores estivales en ciudades enmarcadas en la zona en emergencia sociosanitaria (que incluye los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín), reclamaron el pago que les corresponde y se les adeuda desde febrero. 

El gobierno de Salta indicó que los retrasos se deben a que se sigue a la espera de la normalización de autoridades que destraben los 680 millones de pesos que debe enviar el Ejecutivo nacional en el marco de un convenio con la provincia. Parte del financiamiento es de la provincia y parte de la Nación.

Los reclamos de los talleristas se hicieron desde la Escuela Pedro Brandán Nº 4307, de General Ballivián municipio del departamento San Martín). Según lo indicado por María Romero, una de las mujeres que colaboró en enero y febrero para atender a entre 400 y 500 personas por día, el compromiso era el pago de 50 mil pesos por enero y la misma suma por febrero.

“Se suponía que en febrero nos iban a pagar la primera parte. Pero estamos por terminar marzo y no cobramos nada”, dijo Romero al indicar que el pago (ya deficiente) por las colaboraciones diarias de lunes a viernes entre las 8 y las 13 (y a veces hasta las 14), ya está depreciado.

Los colaboradores firmaron un certificado en el cual se los avala por contar con “las competencias necesarias para cumplir con las funciones designadas”.

En el certificado se destaca que las localidades donde funcionan los comedores estivales se encuentran “alejadas de la capital de la provincia de Salta y presentan diferentes factores que impiden o retrasan el cumplimiento de los requisitos solicitados, entre ellos (título secundario/terciario, apto psicológico y certificado de manipulación de alimentos), es por ello que se buscaron diferentes alternativas que han sido aprobadas por las diferentes áreas competentes en trámites administrativos”.

Añade que “entre los factores que impiden o retrasan el cumplimiento de los requisitos establecidos" se cuentan la falta de acceso a internet; no contar con un profesional en psicología en el puesto de salud u hospital cercano; la dificultad para trasladarse a la ciudad más cercana para resolver los trámites, y la dificultad para comunicarse debido al uso de la lengua indígena.

Nombramientos que no fueron y "renuncias" anticipadas

El subsecretario de Políticas Educativas del Ministerio de Educación, Alejandro Williams Becker, explicó a Salta/12 que la de Ballivián es una de las 43 unidades educativas en donde se aplicó el Programa de Refuerzo Estival que involucra la apertura de los comedores para dar el almuerzo a niños niñas y mujeres embarazadas, y que se encuentran dando la leche a sus hijos.

“La mayoría (de estos comedores) están en 39 escuelas de Santa Victoria (Este, en el departamento Rivadavia), una en Ballivián, una en Pichanal, otra en las afueras del departamento Orán y otra en las afueras del departamento San Martín”, dijo el funcionario al dar detalle de las instituciones en las que se aplicó el programa los dos meses de vacaciones de verano.

El refuerzo se venía instrumentando como una de las políticas para contener a las infancias originarias que sufren el sistemático problema de muertes por causas evitables, dado que muchas tienen que ver con la desnutrición.

Williams Becker sostuvo que este programa fue confirmado antes del cambio de gestión en la provincia y en la Nación. Durante el traspaso de gestión y ante la falta de concreción en los nombramientos a nivel nacional, “había canales de comunicación con los rangos medios y bajos y un canal de comunicación con las autoridades recién asumidas”, dijo.

Contó que su primer interlocutor -dado que estaba comprometida su asunción como director de Seguridad Alimentaria de Nación- era George Hill. Pero habría “renunciado”, antes de ser nombrado, como sucedió con otros potenciales funcionarios cuyos nombramientos nunca se concretaron.

“Recién la semana pasada logramos reencauzar las conversaciones con el sector pertinente en la Nación”, indicó. Mientras se espera esta respuesta, Williams Becker afirmó que se están reasignando las partidas pertinentes a nivel provincial para poder cumplir con las deudas generadas a raíz de esta demora.

“Hoy soy más optimista en cuanto a que los fondos estén pero no hay certeza respecto al cuándo”, respondió al ser consultado por la posible fecha de solución a los reclamos planteados.

El funcionario provincial sostuvo que reforzar la cuestión alimentaria en la zona de emergencia sociosanitaria es “prioritario” para la gestión provincial. “Pero el descalabro de las decisiones arbitrarias de Nación respecto de coparticipación, dificultó hacer frente a todos los compromisos que tiene la provincia”.

En cuanto al universo alcanzado por el programa, el funcionario afirmó que este beneficio les llegó a 12.600 personas durante este verano.