Este jueves a las 14.30 el ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibirán en Casa Rosada a los gobernadores de Juntos por el Cambio. En la previa de ese encuentro el gobierno nacional cree que está muy cerca de lograr los consensos necesarios para que los gobernadores, esta vez, sí acompañen el proyecto de Ley Bases en el Congreso, pero reconocen que hoy por hoy las trabas están vinculadas al paquete fiscal. Ese proyecto --que finalmente irá por separado-- se enviará unos días después. "No debiera ser un proceso largo. Como mucho en una semana más ya se terminarían las negociaciones", dicen desde el círculo íntimo del Presidente y aclaran que la intención es enviar el escrito al Congreso el 17 de este mes para que sea tratado en el recinto el 24. "Queremos que se voten las dos cosas antes del pacto del 25 de Mayo", se entusiasman haciendo referencia a la Ley Bases y el pacto fiscal. 

Sin embargo, no todos los gobernadores están convencidos. Los más reacios, además de los peronistas, son los patagónicos que forman parte de distintos espacios políticos. Ellos están en contra, por ejemplo, del regreso del Impuesto a las Ganancias. A ese grupo se suma Martín Llaryora de Córdoba. Hace unos días, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, dijo que él no acompañará ninguna ley del gobierno ni firmará el pacto de Mayo si no hay financiamiento para su provincia. Luego, varios mandatarios provinciales hicieron declaraciones en la misma línea. En Casa Rosada intentan apurar el asunto: "El pacto de Mayo se va a hacer con los que acompañen las reformas. Los patagónicos, por supuesto, están en su derecho de no acompañar. Los que no quieren que no vengan", dicen con tono apático. 

Tras el tono de indiferencia viene la amenaza: "Hay que aclarar que los que no acompañen no absorberán los beneficios del pacto de Mayo", dicen en gobierno y ponen de ejemplo "proyectos de obras con iniciativa privada que el Estado va a fomentar". En resumidas cuentas, la ecuación que proponen es que si los gobernadores no acompañan "no habrá obras". "Hay voluntad para terminar las obras que están en ejecución, pero no puede ser que no quieran votar el paquete fiscal y al día siguiente se sienten a pedir plata", se quejan cerca del Presidente.

El regreso del impuesto a las Ganancias --que estará dentro del paquete fiscal-- es uno de los mayores puntos de discordia, incluso, entre los mandatarios provinciales. Los del sur no quieren que regrese. En las provincias patagónicas los salarios son más altos --por las condiciones climáticas desfavorables y porque hay muchos trabajadores del petróleo y la minería-- y el monto de 1.200.000 pesos que están evaluando desde el gobierno para empezar a cobrar el gravamen incluiría a mucha población de esa región. Los del norte, en cambio, en su gran mayoría están de acuerdo con que el impuesto se vuelva a cobrar. 

Cerca del Presidente, mientras esas discusiones no terminan de ser saldadas, intentan presionar: "Escuchamos a algunos gobernadores decir que 'no vamos a votar la vuelta del impuesto a las Ganancias', pero que 'igual va a salir'. Así no va. Si quieren plata tienen que acompañar al gobierno", se quejan. En ese punto, aclaran que "están trabajando", para que el cobro del impuesto no sea retroactivo y el Estado pida que los contribuyentes abonen el último trimestre de 2023, que no fue cobrado. 

En los pasillos de Balcarce 50, además, se toman un tiempo para responder con virulencia al gobernador Vidal. "Se pasó las últimas semanas de oficina en oficina del gobierno nacional pidiendo plata. Vuelve a su provincia y gasta 500 millones de mangos en repartir merluza. Ahora dice que no tiene plata y que por eso no votará la ley. Está bien, que no la vote. No podemos hacer nada con los que no están entendiendo el momento histórico", fustigan.

Otro hecho que durante los últimos días enturbió las negociaciones con los gobernadores fue la firma del decreto 280 que, antes del fin de semana, hizo el Presidente. Eso afectó el pago de Nación a las cajas previsionales de 13 provincias (entre ellas cinco de JxC), además de eliminar de manera definitiva el Fonid y el Fondo Compensador del Transporte. 

"Lo de las cajas previsiones se está charlando", se atajan en el oficialismo y aclaran que la partida "sigue existiendo". El decreto, explican, "lo que hace es modificar la actualización del monto y la forma de cálculo de adelanto que Nación le gira a provincias". Ese número se actualizaba de manera mensual y, luego del decreto, quedó fijo. "No les estamos pagando nada de eso desde diciembre porque no está terminada la auditoría. No están recibiendo un peso ni lo van a recibir", expresan desafiantes en Casa Rosada y dicen que así será hasta que no terminen las auditorías. "Todo el planteo es ridículo", cuestionan y critican: "Es gente que se sobregira. Querían meter de prepo en la Ley Bases un artículo para que el gobierno pague las cajas previsionales. Si lo que no pueden es pagar, que bajen el gasto". "No nos vamos a dejar correr el arco", finalizan.

Los gobernadores de JxC, mientras tanto, este miércoles se reunieron más de dos horas por Zoom en la previa del encuentro con Francos y Posse. Entre ellos hay visiones muy distintas de la situación actual. Mientras que algunos son más cercanos al gobierno como Alfredo Cornejo de Mendoza, Jorge Macri de CABA o Gustavo Valdés de Corrientes, hay otros más combativos como Ignacio Torres de Chubut y Maximiliano Pullaro de Santa Fe. También forman parte de ese espacio Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Carlos Sadir de Jujuy, Leandro Zdero de Chaco, Marcelo Orrego de San Juan y Claudio Poggi de San Luis. Cerca de Jorge Macri confirmaron a este diario que este jueves no asistirá a la reunión porque en el mismo horario tendrá una reunión "por coparticipación" con el ministro de Economía Luis Caputo. En su lugar irá la vicejefa de gobierno, Clara Muzzio.

En la nueva versión del proyecto de Ley Bases que, según dicen en el gobierno, ya están cerca de enviar al Congreso, además de facultades delegadas, privatizaciones, y otros artículos, el radicalismo está trabajando para incorporar una reforma laboral que suplante a la que en el DNU 70/2023 fue frenada por el Poder Judicial. De allí sacarían todas las partes que generaron resistencia por parte de los sindicatos como la prohibición de la protesta y la eliminación del aporte solidario. El detalle se conocerá cuando el proyecto ingrese a Diputados. El ministro del Interior, en paralelo, ya comenzó con las negociaciones en el Senado. Tuvo reuniones con distintos jefes de bloque de la cámara Alta. De ellas no está participando la vicepresidenta Victoria Villarruel. "Si tiene iniciativa está perfecto, pero no es tarea de ella conseguir los votos", opinan cerca de Milei.