La decisión de desmantelar el área del Ministerio de Defensa que investigaba los crímenes de la dictadura y el despido de diez de sus trece trabajadores tiene un objetivo: obstaculizar el proceso de verdad y justicia. Eso fue lo que denunciaron diputados, organismos de derechos humanos y abogados querellantes en una conferencia de prensa que se hizo este viernes en la Legislatura porteña. “Esto se da en el contexto en el que el gobierno pide la reconciliación con las Fuerzas Armadas”, advirtió Victoria Montenegro, legisladora por Unión por la Patria (UxP) y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de ese cuerpo legislativo.
El ministro Luis Petri está decidido a terminar con los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental que funcionaron dentro de las Fuerzas Armadas desde 2010. Estos equipos aportaron más de 170 informes en las causas de lesa humanidad que ayudaron a los tribunales y a las fiscalías investigar a quienes fueron responsables de los secuestros, las torturas, las desapariciones y la apropiación de bebés durante los años del terrorismo de Estado. Los despidos se sucedieron días después de que el ministro de Defensa dijera que las Fuerzas Armadas habían sido "demonizadas" por su accionar durante los años '70 y de que se retratara con Cecilia Pando, que reclama la liberación de los represores a quienes define como "presos políticos".
La decisión de Petri generó conmoción en buena parte del movimiento de derechos humanos y en los operadores judiciales. Eso congregó a distintos referentes desde las 9 de la mañana en el salón Perón de la Legislatura. “Queremos denunciar el vaciamiento de un área muy sensible para el seguimiento de los juicios”, arrancó Montenegro que, junto a la diputada Alejandrina Barry (FIT-U) organizaron la convocatoria. Las dos, además, son hijas de personas desaparecidas. Lo mismo que Andrés Lablunda, otro de los legisladores porteños que se sentó en la mesa junto con Cele Fierro (FIT-U), Gabriel Solano (FIT-U), Delfina Velázquez (UxP) y Victoria Freire (UxP).
“Estos trabajadores no eran ñoquis del Estado –continuó Montenegro--. Son cuadros técnicos que todos los días trabajaron para acercarle información a la justicia”. Detrás de ella, se habían ubicado los integrantes de los ERyA.
Alejandrina Barry todavía estaba emocionada por la sentencia que escuchó la semana pasada en La Plata por sus padres y sus tíos. “El gobierno había amenazado con el indulto. Vio que no podía y entonces intenta con estas cosas para avanzar en la impunidad”, planteó mientras renovaba el pedido de apertura de todos los archivos de la represión.
Valeria Barbuto leyó la declaración que acababan de firmar el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S Capital. “La decisión del Ministerio de Defensa busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad. Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización”, remarcó.
Angélica Enz tomó la palabra en representación de los trabajadores. Habló de los despidos. “Es una clara manifestación de que el área desaparece, y así nos lo dijeron”, contó. Resaltó que, de ahora en más, los requerimientos de la Justicia serán contestados por las propias fuerzas, donde hay conflictos de intereses y falta de un conocimiento específico. “Es gravísimo”, señaló. Según las estimaciones de Enz, son 30 los informes que quedaron por responder a los tribunales. “Hay 30 causas abiertas que no van a recibir estos aportes”, dijo.
Hérnán López, otro de los integrantes de los ERyA, relató que ya había sido despedido por el macrismo en 2018 y reincorporado durante el gobierno del Frente de Todos. “Nosotros todavía estamos asimilando el golpe, pero ésta es la primera vez en quince años que no habrá un investigador civil dentro de las Fuerzas Armadas”, dijo.
El abogado Pablo Llonto explicó que junto a su colega Mariana Maurer habían pedido una medida cautelar ante el juzgado de Daniel Rafecas para reclamar la reincorporación de los despedidos y anunció que la iniciativa se replicará en todo el país. “Éstas son las personas adecuadas para las tareas que han desempeñado. Éste es el equipo que se formó para responder a la justicia y a los familiares”, dijo.
Llonto lleva las últimas cuatro décadas trabajando en las causas por crímenes cometidos durante la dictadura. Conoce de primera mano qué implica que las respuestas queden en manos de los militares: informaciones incompletas o silencios. Para él, es claro que el gobierno de Javier Milei intenta obstaculizar la búsqueda de juicio y castigo a los culpables. “Hay una intención de ocultamiento, de seguir ocultando para beneficiar a los genocidas”, denunció.
Vanina Agostini fue durante los últimos años la coordinadora de los equipos que trabajaban con los documentos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Es una de las tres sobrevivientes del área que Petri y su segundo, Claudio Pasqualini, buscan hacer desaparecer. Ella también tomó la palabra. “Estamos acá para acompañar a todos los compañeros y para defender una política pública que llevamos adelante en los últimos quince años”.
Entre los asistentes estaban quienes dirigieron el área de derechos humanos de Defensa a lo largo de distintas gestiones: Natalia Federman, Stella Segado y Eduardo Jozami. También se encontraban el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, Gonzalo Conte –en representación de Memoria Abierta y de la Comisión Provincial por la Memoria–, Fátima Cabrera –por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora–, el sobreviviente de la ESMA Carlos Lordkipanidse –por el Encuentro Cachito Fukman–, Margarita Cruz –de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos–, Carlos Pisoni, por H.I.J.O.S, representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Érika Lederer, de la Asamblea Desobediente, entre otros.
Pasó también a saludar a los trabajadores el fiscal Pablo Parenti, titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado. Parenti fue uno de los fiscales que se expresaron en contra de la decisión de desarmar los equipos de relevamiento.
A la salida, hubo abrazos y llantos. Jozami –que hasta diciembre del año pasado estuvo a cargo de los equipos– miraba a los trabajadores con orgullo. “Nosotros aprendimos mucho de ellos”, dijo.
