Mientras Javier Milei armaba en Olivos las valijas para viajar a Miami, ayer en Casa Rosada ultimaban los detalles del nuevo borrador de la Ley ómnibus y del Pacto Fiscal que, a la noche, fueron enviados a gobernadores y diputados aliados. La versión acotada de la megaley, que incluye desregulaciones económicas, facultades delegadas y privatizaciones, tendrían el visto bueno en general de los bloques aliados.
En el debate en comisiones le incorporarán, además, un capítulo de reforma laboral. El objetivo es introducirle cambios al proyecto original —que aún conserva estado parlamentario—, debatirlo en comisiones la semana que viene y sancionarlo antes de fin de mes. En el oficialismo se muestran abiertos a discutir el texto y aseguran que aprendieron la lección del fracaso anterior. El Presidente, sin embargo, ya le bajó el precio a un posible acuerdo. “No me importa si no me la aprueban”, avisó.
De los 664 artículos de la ley Bases original más de la mitad fueron eliminados; quedaron 279. Entre los puntos destacados aparece la declaración de emergencia pública y delegación de facultades por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética. En comparación con la iniciativa anterior, se redujeron las emergencias a cuatro —son once en total— y no existe la posibilidad de prórrogas. Asimismo, establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá informar "mensualmente y en forma detallada" al Congreso "acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos".
La reforma laboral, en tanto, no forma parte del borrador y quedó a cargo de los diputados de la UCR. Sería incorporada en el debate en comisiones. En principio, se limitaría a brindar beneficios para las empresas como blanqueos, moratorias y condonación de deudas. Evitaría, así, otros puntos de mayor conflicto con las centrales obreras como los aportes sindicales o la prohibición de las protestas. En el medio, el Gobierno se reunirá hoy con los dirigentes de la CGT.
En la nueva versión del proyecto, de las más de 40 empresas sujetas a privatizar, la lista se achicó a 18 y se fijaron diferencias entre venta total, parcial o concesión. En el primer grupo figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Intercargo y Radio y Televisión Argentina; en el segundo, Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación, Nación Seguros SA, Nación Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios SA, Nación Bursátil SA, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio; y en el tercero, AYSA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
Respecto al proceso de privatización, el artículo 13 del texto indica que la Auditoría General de la Nación (AGN) deberá realizar "un examen de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros" y que ese análisis tendrá que ser presentado ante una Comisión Bicameral del Congreso. Sobre las ventas parciales también aclara que el Estado Nacional deberá "mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
En cuanto a las desregulaciones económicas, se establecen modificaciones a la ley de Hidrocarburos y cuestiones referidas al gas, como la autorización de "las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa". Asimismo, se crea "el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad el que, una vez constituido, reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)".
En términos previsionales, se elimina la última moratoria jubilatoria para quienes debieran aportes.
Las modificaciones ahora están en manos de los gobernadores y de los bloques amigables (PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal), que adelantaron su apoyo en términos generales. "Estamos ante una Ley Ómnibus bastante más razonable", resumió ayer el diputado Nicolás Massot. En el calendario oficialista figura el 17 de abril como el día en que esperan tratar el dictamen en comisiones. Ahí le introducirán los cambios al proyecto que fue rechazado en febrero y que aún tiene estado parlamentario. La idea es aprobarlo una semana después en el recinto de la Cámara de Diputados. La fecha límite que Milei le impuso a sus colaboradores es el 24 de abril. Así, tendrá un mes para tratar en el Senado y llegar al pacto del 25 de mayo con las reformas sancionadas.
El capítulo fiscal, que sí deberá ingresar al Congreso, incluye la restitución de Ganancias. Se trata de la reversión del impuesto para la cuarta categoría, que establece un piso de 1.800.000 pesos para los trabajadores solteros y 2.300.000 para casados. Este punto fue una de las grandes discusiones que hubo en las distintas reuniones que realizaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, junto a los gobernadores y los diputados aliados. El proyecto incorpora también una moratoria de deudas impositivas, aduaneras, y de la seguridad social; el blanqueo de capitales; modificación de Bienes Personales, e impuestos internos; y del monotributo, entre otros temas.
Milei juega a entorpecer
Luego de las reuniones con los gobernadores, los encuentros con los diputados aliados y el avance de las negociaciones, Milei le restó importancia a todo. "No me importa si se me cae el Pacto de Mayo, si no me aprueban la Ley Bases", sostuvo. El algoritmo de sus redes sociales y las encuestas que lee lo entusiasman. “Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi imagen sigue en 70 por ciento”, repite. Como contrapartida, asegura que a la oposición le está “yendo mal” y los desafía a competir en las urnas. “Les veo la cara en las elecciones 2025”, dijo envalentonado el lunes antes de viajar a Estados Unidos.
Los negociadores de la Casa Rosada, no obstante, afirman lo contrario. Según Francos, el fracaso del debate anterior en la Cámara baja les dejó una enseñanza: "La experiencia nos enseñó que tenemos que ser un poco más abiertos”. El jefe del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, explicó la semana pasada que darán una discusión más fina sobre cada tema porque no tienen margen para sufrir otra derrota en la discusión en particular. “No queremos que pase como la última vez, que nos quieran separar incisos. Ahí es donde se hizo cuello de botella y volvió el proyecto a comisión”, admitió.
