Con una Victoria Villarruel corrida de las negociaciones, el oficialismo no hace pie para aprobar su Ley Bases en el Senado. Lo blanqueó el mismo Javier Milei cuando deslizó que el Pacto de Mayo podría patearse para "junio o julio", atento a que todavía falta un buen trecho para poder llegar al recinto. Las negociaciones están, aún, en estado embrionario. Los senadores opositores acumulan demandas y pedidos de modificaciones que Casa Rosada recién acaba de comenzar a receptar. No hay hoja de ruta: en La Libertad Avanza reconocen que aceptarán modificaciones en el RIGI y el impuesto a las Ganancias, pero no hay un interlocutor oficialista que centralice todos los reclamos. El escenario está verde y, por más que Casa Rosada pretende instalar lo contrario, lo más probable es que el jueves tampoco haya dictamen.
El problema que tiene el gobierno nacional es que lo que esperaba que fuera un trámite exprés se convirtió, por el contrario, en un parto. La metáfora no es casual: en Diputados usaban la misma expresión para referirse al proceso de reescritura de la Ley Bases y el paquete fiscal. Y, ahora, los senadores —que sacan pecho y repiten que ellos no van a votar nada "a libro cerrado"— viven la misma experiencia de desencuentros y tiras y aflojes con interlocutores diversos con el objetivo de lograr introducir alguna modificación a dos proyectos faraónicos. Con una diferencia: en Diputados, Martín Menem trabajaba en equipo con Casa Rosada en la búsqueda de acuerdos, mientras que en el Senado, Victoria Villarruel ha sido desplazada.
La Vicepresidenta fue corrida (a la fuerza) de las negociaciones y, en su lugar, se mueven el presidente provisional, Bartolomé Abdala, y el jefe de bloque oficialista, Ezequiel Atauche. Dos senadores que intercalen diferentes interlocutores —Guillermo Francos, por un lado, y José Rolandi, por el otro— y se encrespan ante los cronogramas caprichosos de Casa Rosada. Ambos saben que no hay espacio para dictaminar el jueves y, por lo tanto, la posibilidad de sesionar antes del 25 de mayo se hace cada vez más remota. Ni hablar de que después falta la sesión en Diputados que definirá si acepta (o no) las modificaciones: para eso falta una vida.
En principio, los alfiles de LLA, junto a Rolandi, vienen receptando los primeros pedidos de modificación de los senadores opositores no peronistas. Necesitan de la firma de Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (entrerriano ex Frente de Todos) y José Carambia (Santa Cruz) para dictaminar y todavía no las tienen. Los senadores exigen, primero, que les concedan algunas modificaciones.
El pliego de requisitos de la UCR
El radicalismo mantuvo una reunión el martes a la mañana para poner en común un pliego de demandas. No todos acompañarán todas las modificaciones y hay algunos más concesivos que otros —el jefe de bloque, Eduardo Vischi, quiere acompañar todo, mientras que Lousteau o Blanco muestran los dientes—, pero el objetivo es mostrar un frente un poco más unido que en Diputados. A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones: Lousteau reclama eliminar el artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el RIGI, así como medidas para proteger a la industria local frente a la apertura de importaciones (que el régimen incluye). También se reclama modificar el capítulo de blanqueo de capitales, de modo de incluir a los hermanos de funcionarios en listado de figuras que no pueden acogerse a los beneficios.
El listado es amplio y, al cierre de esta edición, todavía se está escribiendo. Hay algunos, como Blanco, que reclaman también modificar el capítulo de delegación de facultades o el artículo 111 que propone reducir hasta un 2 por ciento el gasto tributario (Blanco es fueguino y el régimen especial de Tierra del Fuego está en la mira). Propone, a su vez, introducir modificaciones en el capítulo de privatizaciones: quiere sacar Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino del listado y viene trabajando para conseguir dos tercios que le permitan blindar la modificación en Diputados.
Son varios los senadores patagónicos —como los rionegrinos o santacruceños— que no quieren saber nada con la privatización de la línea de bandera o el correo y, al igual que con la modificación de Ganancias, especulan con poder hacerse de una mayoría lo suficientemente amplia que, si LLA quiere ratificar la versión original del proyecto en Diputados, no pueda alcanzarlos con el número. Ya que si un artículo se modifica con dos tercios en el Senado, la Cámara de Diputados necesitará dos tercios si quiere ratificar su propuesta original (un número imposible de conseguir).
Tanto esta estrategia, como la reforma de Ganancias, necesita del acompañamiento de Unión por la Patria. Es decir que la oposición "dialoguista" necesita de los 33 votos del peronismo si quiere imponer modificaciones resistidas por el gobierno nacional (como el caso de privatizaciones). UxP, mientras tanto, aún no definió qué postura adoptará. El plan es votar en contra de la ley en general y, después, evitar la mayor cantidad de agentes libres en la votación en particular (en RIGI, por ejemplo, ya reconocen que el catamarqueño Alejandro Andrada y la tucumana Sandra Mendoza votarán a favor). La lucha por las modificaciones resistidas por Milei, en cambio, aún no está resuelta. Pero más de uno se entusiasma con contribuir a armar una mayoría opositora de dos tercios que le genere fuertes dolores de cabeza al gobierno.
Las críticas de los expositores
Invitados por UxP, el radicalismo y las fuerzas provinciales, la segunda jornada de expositores del plenario de comisiones del Senado tuvo a científicos, abogados, directores de cine e industriales metalúrgicos desguazando la Ley Bases. Hasta exmenemistas como Jorge Yoma —que en los 90' acompañó las privatizaciones y que, luego, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, acompañó las estatizaciones— tomaron la palabra para cuestionar la Ley Bases por su capítulo privatizador: "Yo privaticé Aerolíneas. Fue una pésima privatización. Iberia vació la empresa y se la vendió a Marsans y sus directivos terminaron todos presos", admitió y pidió "aprender de los errores".
El constitucionalistas Gil Domínguez, mientras tanto, cuestionó la delegación de facultades y el RIGI: "El norte es una delegación legislativa para cambiar todo el orden socioeconómico a través de una reforma constitucional encubierta", denunció y apuntó con dureza contra el artículo 162 (el mismo que la oposición busca suspender).
La reforma del Estado, que habilita a Milei a eliminar o reorganizar organismos públicos, fue uno de los puntos más criticados por los especialistas. Desde el geólogo y director del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), Guillermo Baudino, hasta el físico del Balseiro y autoridad del CONICET, Alberto Baruj: los científicos insistieron en la importancia de no destruir el sistema científico argentino, de defender los organismos que fomentaban el desarrollo nacional. "Cada una de las cosa que tenemos costó muchísimo. Cada una de las personas que están en el sistema científico son sobrevivientes en Argentina", advirtió Baruj y finalizó: "La modificación de todo este sistema tan complejo de manera brusca, sin mayor debate y análisis pone en riesgo toda la enorme inversión que hizo el país en construirlo y en permitir que actúe en post del desarrollo de nuestras capacidades".
