El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, utilizó su primera exposición ante el Congreso --y su primera aparición pública-- para insistir con la campaña del Gobierno contra las organizaciones sociales y aseguró que, a través de los planes sociales, manejan un sistema "parecido a un esquema de esclavitud moderno". Posse se apoyó en la denuncia presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los violentos allanamientos realizados por la Policía Federal, con orden del Poder Judicial, el lunes por la madrugada. Y adelantó que también se avanzará en denuncias contra la CGT.
"Ninguno de nosotros imaginaba lo que encontró la Justicia esta semana en los allanamientos que realizaron: un sistema de estructura piramidal y tremendamente autoritario", expuso Posse. La causa presentada por Bullrich se construyó a partir de la habilitación de la Línea 134 para denuncias de extorsión que habilitó el Ministerio de Seguridad a días de asumir, en el marco de la primera movilización de organizaciones sociales y la aplicación del protocolo antipiquetes.
Según Posse, por esa vía se recibieron 150 mil llamadas, de las cuales 9 mil aportaron prueba para la causa presentada por Bullrich. Además, describió un sistema de "castigos y amenazas" en las organizaciones, que incluía como castigo base "la baja de categoría y volver a la lista de espera y ni siquiera tener acceso a los comedores".
Las organizaciones sociales respondieron el mismo lunes con una conferencia de prensa frente al Congreso en la que denunciaron que los casos investigados son solo 12 y que "no están probados".
Lo que ocurrió fue que, a pesar de que la causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello está bajo secreto de sumario, los medios de comunicación afines al Gobierno publicaron una serie de chats que son parte de la investigación y en los que se manifiestan actitudes extorsivas.
"Uno de los beneficios de los cargos superiores de la estructura era forzar a la gente de los niveles inferiores a vender comida que era entregada por el Estado y quedarse con la ganancia", indicó Posse sobre una de los delitos denunciados por Bullrich en la causa presentada ante la Justicia.
"Con esta causa va a pasar lo de siempre; es una campaña de difamación para sembrar el miedo, de las acusaciones no va a quedar nada", sostuvieron las organizaciones en la conferencia del lunes y denunciaron los apremios cometidas por la Policía Federal durante los allanamientos, que incluyeron secuestro de plata en efectivo, golpes e intimidaciones con armas.
En paralelo, el Poder Judicial también avanza en un amparo presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, por la interrupción de entrega de alimentos a los comedores comunitarios.
El juez Walter Lara Correa, que ya había decidido darle trámite, ordenó inscribirlo en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema. "Por la trascendencia social del derecho en juego y las especiales características del grupo afectado, vinculado con sectores tradicionalmente postergados, las cuestiones que son objeto de juicio exceden el interés de cada parte y ponen en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección...", escribió en su resolución.
Posse anticipó que la misma modalidad de recolección de denuncias telefónicas vía la Línea 134 se aplicó durante los paros convocados por a CGT y anticipó que: "La CGT tomó una actitud bastante agresiva, muy distinta con la que tomó con el gobierno anterior al que no le hizo ningún paro. Para estos casos también funciona la línea 134 y hemos recibido en el último paro casi 4000 denuncias por presiones y extorsiones, de las cuales unas 200 tiene información suficiente para iniciar causas penales, cosa que está en curso".
