“Vamos a defender la autonomía financiera de la Provincia”, dijo Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). Lo hizo tras su presencia en la Legislatura, a la que llegó por pedido de la oposición, que le acercó inquietudes sobre la aplicación de la Ley Fiscal Impositiva sobre impuestos patrimoniales, es decir, los inmobiliarios y el automotor. Desde el radicalismo y el PRO piensan en hacerle modificaciones más allá de haber votado a favor hace sólo cinco meses.
“La ley resultó ser un amortiguado ante la crisis que desarrolló Javier Milei con la caída en la actividad económica y una asfixia a la Provincia”, remarcó Girard. Volvió a explicar lo que desarrolló en una entrevista con este medio: “Ningún impuesto aumentó por encima de la inflación interanual que hoy asciende a casi 290 por ciento”.
A la salida del encuentro, explicó que menos del 20 por ciento de la recaudación de la Provincia depende del inmobiliario urbano, el rural y las patentes, por lo que el peso recaudación “no descansa ahí”.
Girard detalló que más del 80 por ciento de los recursos que recauda la provincia de Buenos Aires provienen del impuesto al cheque e Ingresos Brutos y, de esta manera, corrió el eje de la discusión: “La recaudación se resintió por la recesión económica, la caída de la actividad productiva y la pérdida del poder adquisitivo”.
Más allá de esta postura, Girard manifestó estar abierto a recibir propuestas que mejoren las condiciones de, por ejemplo, el impuesto automotor o, como se suele decir, las patentes. El presidente de ARBA señaló que el problema en este punto radica en la cotización de los vehículos y que hay una “burbuja de precios” tanto en autos usados como cero kilómetro. Pidió que se compare con la región y se generen opciones.
En este sentido caminó la visión de Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, quien anunció que trabajará en un proyecto para aminorar los valores del impuesto automotor. Desde su mirada, el gobierno de Axel Kicillof dispone de una “discrecionalidad” para decidir cuándo y cómo generar aumentos en las cuotas de cada impuesto.
Para el PRO, hay un “abuso” de la herramienta legal que dispone el gobierno provincial. El titular de la bancada amarilla, Agustín Forchieri, “si se le quitan los beneficios a los que pagan sus impuestos a término y de manera correcta y no mejora la recaudación, entonces la herramienta no es buena”. Lo hizo en referencia a que para el período 2024 se suprimieron los descuentos por buen contribuyente y por estar adherido al débito automático.
Con estos planteos sobre la mesa, Girard coincidió con que menguaron algunos beneficios, pero aclaró que son pautas que determina el Ministerio de Economía y no ARBA. Más allá de eso, resaltó que en 2023, como producto de la sequía, los descuentos por pago a término sumado a la adhesión por débito automático, algunos productores rurales llegaron a tener un descuento que osciló el 80 por ciento. Por eso, advierte, en la primera cuota del año se encontraron con incrementos que, posiblemente, superen algún tope establecido por la ley.
Además, no dejó pasar la oportunidad para señalar que la defensa de la autonomía financiera provincial hoy tiene su pelea en la Corte Suprema con los reclamos por el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y el Fondo Compensador al Transporte.
De cara al futuro apuntó que “cuando hay un incendio no se puede tirar nafta, sino que hay que tener una política contracíclica”. La lectura se basa en que para tomar nuevas decisiones impositivas como descuentos o frenos de aumentos de las cuotas se observará la evolución macroeconómica de las decisiones que tome Milei.
¿Cómo se está recaudando?
Durante más de tres horas, Girard expuso gráficos, explicó el devenir de la recaudación y las razones que motivaron los nuevos valores en cada impuesto patrimonial. Tanto en la charla privada con los diputados, así como en su contacto con los medios de prensa que lo esperaron a la salida, el director de ARBA detalló que la Provincia no ancló su recaudación en los impuestos patrimoniales a pesar de una "muy fuerte caída de la recaudación por al crisis económica".
Indicó que, ante el escenario que prometía Milei, la Provincia se valió de una serie de recursos. En primer lugar, adelantó el pago de Ingresos Brutos en 220 grandes empresas, lo que posibilitó contar con fondos para afrontar este primer período del año.
Al mismo tiempo, explicó que tres sectores dejaron de tener algunos privilegios. Por un lado, se eliminó la exención impositiva que regía sobre las inversiones financieras de los bancos, también se empezó a gravar la venta de carne en los supermercados y, finalmente, las telecomunicaciones deberán tributar más debido al fuerte tarifazo que les quitó el “paraguas” del pacto fiscal.
Precisamente, sobre el Pacto Fiscal propuesto por la administración de La Libertad Avanza, Girard lamentó que el Gobierno nacional aumente, solamente, los impuestos no coparticipables. Mientras que la recesión económica atenta contra aquellos que son coparticipables y que devienen del consumo, como lo es el IVA, una de las primeras medidas de Luis Caputo fue incremente de 7,5 por ciento a 17,5 el Impuesto PAIS sobre las importaciones. “Genera una crisis a los gobiernos provinciales, pero aumentan lo que les sirve para tener recursos y sostener el déficit cero”, planteó el titular de ARBA.
Entre muchas pardas en materia macroeconómica, Girard destacó que la Ley Impositiva bonaerense estableció beneficios como la alícuota disminuida para las PyMEs y la creación del régimen simplificado de Ingresos Brutos que posibilitó que un millón de monotributistas experimenten una baja en la carga impositiva y los excluya de regímenes de recaudación.
“Hay una lógica progresiva en la recaudación, pero insisto en que Ingresos Brutos depende de las ventas: vendes menos, pagas menos, y por eso hay que trabajar sobre la recesión”, señaló.
Respuesta a los reclamos
Ante la crítica del radicalismo por determinar discrecionalmente las actualizaciones de las cuotas, Girard recordó que la Ley establece que el coeficiente que se aplica tiene un piso multiplicador de 1 y que asciende, aproximadamente, al valor de la inflación del bimestre facturado. Por ende, la Provincia puede decidir cuánto aumenta.
De esta manera, sólo la segunda cuota del inmobiliario urbano edificado tuvo un incremento actualizado sobre el valor de la inflación. Pero tanto la segunda cuota del impuesto automotor, la segunda del inmobiliario rural y la tercera cuota del inmobiliario urbano edificado no se actualización en estos términos y no se aplicó el coeficiente.
Sobre los beneficios que se “discontinuaron”, aclaró que sigue vigente el descuento por nueva adhesión a la boleta electrónica y el débito automático. Aunque sí caducó el mismo beneficio para quienes tenían una adhesión histórica.
¿Por qué no se aplicó el coeficiente? “Nos basamos en el contexto macroeconómico, en la profundidad de la crisis que vemos, en la pérdida de poder adquisitivo y en virtud de la cobrabilidad, y comprendemos que no hay margen de actualización en la cuota”, detalló.
“Si proyectamos lo que viene pasando, será un contexto duro, y ante eso la postura es no aplicar un aumento, pero después se irá viendo”, agregó Girard.
Para el caso de las patentes, el titular de ARBA afirmó que hubo un fuerte incremento pero que tiene su causa en el incremento de los valores de los automóviles entre noviembre de 2022 y el mismo mes de 2023. “Habría que ver los valores comparativos con la región, pero también es real que se mantuvieron los mismos índices de cobrabilidad que el año pasado”, concluyó.
