El estado de Río de Janeiro, la segunda principal economía de Brasil, tiene un gobernador, Luiz Pezao, que no controla a la Policía Militar. Casi todos los batallones son comandados por indicados de diputados provinciales que, a su vez, tienen algún tipo de vínculo con criminales. Casi todos reciben coima del narcotráfico. Los mancomunados con los carteles sabotean operaciones de la misma PM, además de frustrar acciones conjuntas con la participación de la Policía Federal, la Policía Civil y las Fuerzas Armadas.

Esas afirmaciones no llegaron a sorprender a la opinión pública, que desde la virtual quiebra del estado, hace poco más de un año, vive bajo el dominio de la violencia criminal y de la inepcia de la fuerza responsable por la seguridad. 

Lo que sí sorprendió fue que hayan partido del ministro de Justicia, Torquato Jardim. Luego se supo que, en realidad, esa es la opinión de todo el gobierno de Temer. 

Lo que Jardim no dijo es que parte del caos vivido por los habitantes de Rio de Janeiro y su conurbano se debe a la inepcia del gobierno que él integra, absolutamente incapaz de impedir la entrada de armas y drogas en escala amazónica en el país. Hasta el presupuesto de la Policía Rodoviaria Federal, encargada de carreteras y autopistas, fue severamente recortada por el equipo económico dedicado al tan mencionado ‘ajuste’ que, en realidad, significa el destrozo del Estado.

 Teóricamente, adoptar medidas de saneamiento de la Policía Militar de Rio le tocaría al gobierno local. Ocurre que el gobierno está, además de desmoralizado, literalmente quebrado. La única salida, en este caso, sería una intervención federal en el estado, algo impensable para un gobierno que, además de rechazado por casi 90% de la población, también está plagado de notorios corruptos.

El gobernador Pezao amenazó con ir al Supremo Tribunal Federal contra el ministro de Justicia. Gesto típico de un bravucón inepto e incapaz. 

Con la ciudad de Rio de Janeiro viviendo episodios continuos de violencia, a raíz de la disputa entre distintos carteles por el control de las favelas enclavadas en los cerros, solamente entre enero y septiembre el comercio padeció pérdidas de poco más de 200 millones de dólares. Parte substancial, casi 40% de ese total, alcanza el segmento de bares y restaurantes, cuya frecuencia nocturna cayó  a la mitad. También el turismo retrocedió de manera drástica. A partir de las once de la noche calles que solían ser, hasta hace un año, muy agitadas, se ven vacías.

Los números son asustadores: en los primeros nueve meses de este año fueron 4.974 víctimas fatales, entre latrocinios, homicidios y otros crímenes. En las carreteras del estado de Rio se registraron 7.607 robos a cargas de camiones. La Policía Militar, sabidamente corrupta, mató 813 personas entre enero y septiembre de este año. En el mismo periodo del año pasado, habían sido 636. Hasta el 31 de octubre, 114 policiales militares fueron muertos, y al menos 136 expulsados de la corporación por corrupción o robo. 

Encuestas indican que 67% de los moradores de la región metropolitana de Rio de Janeiro escucharon al menos un disparo de arma de fuego en los últimos tres meses. Hay días en que se registran hasta once enfrentamientos a tiros entre pandillas rivales o pandillas y policías. La misma encuesta indica que 72% de los moradores cambiarían de ciudad, se pudiesen, y que 33% alteró drásticamente su rutina para escapar de la violencia.

En lo que va del año, casi 430 mil estudiantes tuvieron clases suspensas al menos un día por razones de seguridad. 

Triste escenario, el de mi ciudad, devastada por la violencia y por la tensión. Triste escenario, en de mi país: un ministro de Justicia cercado de corruptos por todos los costados, a empezar por su jefe máximo, denuncia la corrupción ajena con aires superiores.