Estudiantes de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) colaboran con la reinserción de jóvenes en conflicto con la ley penal, en el marco de las prácticas pre profesionales de la carrera. La experiencia, inédita en el país, comenzó en 2023 y entre los jóvenes participantes, unos 30 a la fecha, no se registra reincidencia.

La práctica se enmarca dentro del concepto de justicia restaurativa, que busca que quienes cometen delitos o actos violentos se responsabilicen por las consecuencias de sus actos y busquen tanto formas de reparación como herramientas que les permitan encontrar otra forma de vida.

El programa es posible gracias a un convenio institucional entre la UNLa y la Defensoría de Abordaje Restaurativo de los Tribunales de Lomas de Zamora. Desde hace más de una década, la Defensoría General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora se especializa en justicia y prácticas restaurativas, a partir de la utilización de métodos participativos autocompositivos para la resolución pacífica de conflictos.

“Nuestra licenciatura en Justicia y Derechos Humanos es la única del país”, explica la docente a cargo del proyecto, Florencia Beltrame. “Por eso creo que, aunque sería ideal replicar esta experiencia en otros puntos, el diferencial es el abordaje y la mirada de nuestros estudiantes y docentes, eso la hace única”, reflexiona.

Beltrame, socióloga de la UBA y especialista en Estudios Críticos del Derecho y Derechos Humanos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), se desempeña actualmente como coordinadora del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Es docente adjunta en el Seminario de Justicia y Derechos Humanos y en la Licenciatura de Justicia y Derechos Humanos (UNLa).

La docente destaca el rol de los abogados Marcela Kern, Estefanía Degano y Germán Bauché, por parte de la Defensoría, por su compromiso para llevar adelante el programa, y agrega que “inicialmente, el proyecto era cuatrimestral, pero funcionó tan bien que lo hicimos anual, a pedido de todos los involucrados”. Ahora, gracias a esta modificación, la duración de la experiencia coincide con la del “año tutelar”.

El año tutelar es la medida que suelen dictar los jueces de menores. A continuación de un hecho o delito, si el adolescente no registra antecedentes, queda durante un año en una suerte de observación, y al cabo de ese período se dicta sentencia. “Es como una tarjeta amarilla”, bromea Beltrame.

En el marco del taller, y a lo largo del año, los pibes comparten distintas actividades con los estudiantes avanzados y establecen lazos personales fuertes. Esos vínculos no son digitados a nivel institucional sino que se van dando de manera espontánea. Adultos y adolescentes descubren afinidades y "se eligen".

“El adulto se termina convirtiendo en la referencia que los pibes por lo general no encontraron en su entorno familiar, porque vienen de historias de vulneración y contextos difíciles, muchas veces les terminan pidiendo que los acompañen a las audiencias judiciales o a consultas médicas, por ejemplo”, cuenta Beltrame.

Las actividades y talleres son variados y van de Carpintería, Derecho al voto, Inteligencia emocional, Salud, Actividades deportivas, a Radio y Cultura, entre otros. “Hace un tiempito, los chicos tuvieron la oportunidad de entrevistar a una jueza de menores, fue muy fuerte para todos, le preguntaron cosas como en base a qué decide las sentencias o qué haría si tuviera un hijo en la situación de ellos”, dice Beltrame. 

También recuerda que “cada tanto, proyectamos una película en el microcine de la universidad y después la discutimos, para más de uno, fue su primera vez, vienen de barrios donde la posibilidad de ir al cine no existe”.

Para Beltrame, "lo que hacemos tiene un espíritu similar al de las intervenciones de los centros de referencia del organismo provincial de niñez". "La diferencia está en la disponibilidad, acá hay uno o dos jóvenes por adulto, lo que permite profundizar y construir mucho más", señala. 

“Nuestro objetivo es humanizar ese proceso; acompañarlos para que vean otras maneras de vivir, se hagan de herramientas para hacer algo distinto en la vida y sepan que la universidad es pública y que ellos también pueden acceder a ella”, explica Soledad Aguirre, estudiante de la licenciatura que participa del proyecto de cooperación con la Defensoría.

Y agrega: “Por ello todo el tiempo hablamos de la educación, del trabajo, de los Derechos Humanos, y es lo que promovemos constantemente a lo largo de los encuentros. La idea es que ellos sepan que pueden participar de esta democracia que es la UNLa y defenderla para su progreso y el progreso de toda la comunidad que nos rodea”.

Los jueces suelen visitar los talleres para observar a los adolescentes y analizar su conducta. Acaso una de las definiciones más simples de lo que significan estos procesos que promueven tanto la inclusión social como la responsabilidad personal, la dio una de las juezas. “Estoy contenta, porque los que vienen acá me dan menos trabajo”, sentencia.