"Sin participación ciudadana, el Defensor no será para el pueblo", advirtieron más de una decena de organizaciones no gubernamentales en un nota presentada hoy al Congreso frente a la ausencia de un proceso abierto, participativo y transparente para la designación del Defensor del Pueblo, algo que podría definirse mañana a puertas cerradas en la reunión de la Bicameral de la Defensoría del Pueblo, convocada por su titular, la senadora porteña del PRO Marta Varela. "Pedimos al Congreso que se abstenga de designar candidatos sin antes abrir un procedimiento amplio de consulta", exigieron los organismos.
El duro documento fue firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Poder Ciudadano y el CELS, entre otras organizaciones no gubernamentales, que desde la renuncia al cargo de Eduardo Mondino, en 2009, reclaman la apertura de un proceso participativo y plural para la designación del cargo de defensor, y en 2013 obtuvieron un amparo —ratificado por la Corte Suprema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— para que se cubra el puesto en el organismo.
La Bicameral abrió la presentación de postulaciones en noviembre del año pasado y, desde entonces, se acumularon unas 20 postulaciones hechas por los diputados y senadores, que deberán reducirse a un máximo de tres, para que ambas Cámaras den su aval con los dos tercios de los votos. Al abrirse las postulaciones, los organismos enviaron en junio pasado y nuevamente hoy una propuesta de recomendaciones para reglamentar el procedimiento participativo, con el objetivo de que "el pueblo participe en el procedimiento de designación", de un cargo que por orden Constitucional cuenta con legitimación procesal para demandar la protección de derechos de todos los ciudadanos.
"En ocho años hubo tiempo de hacer una reglamentación de fondo para la participación de la ciudadanía por lo que el apuro repentino no puede ser excusa para acuerdos políticos de espaldas a la sociedad", advirtió en diálogo con PáginaI12 Marcelo Giugliutti, integrante del área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de ACIJ y recordó que las notas de recomendación dirigidas a la Comisión nunca obtuvieron respuesta.
"Vemos un peligro real, cuando hay cargos muy relevantes que se encuentran vacantes y existe una posibilidad de que las mayorías requeridas para su aprobación terminen siendo fabricadas en el reparto de cargos, y prioriza la pieza necesaria de negociación sobre la idoneidad del candidato", agregó el integrante de la ACIJ acompañando el tono del comunicado publicado hoy.
La Bicameral que se reunirá mañana desde la 9.30 está presidida por Cambiemos y tiene como vicepresidente al senador del PJ Juan Manuel Abal Medina, y a la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, entre sus 14 integrantes. De los 20 candidatos que se conocieron a partir de las postulaciones de los propios bloques; el peronista Humberto Roggero —ex presidente del bloque del PJ durante el menemismo propuesto por el presidente del bloque FpV-PJ Miguel Pichetto— y Jorge Sarghini —diputado provincial y exfuncionario duhaldista propuesto por el Frente Renovador— suenan como las posibles piezas de consenso para el alcanzar los dos tercios.
Otros candidatos son el dirigente de la CTEP Juan Grabois —con el respaldo de decenas de organizaciones de base y derechos humanos—, la reciente electa diputada por Cambiemos Graciela Ocaña, el diputado del FpV Remo Carlotto —quien reunió respalda de decenas de organismos de derechos humanos—, el referente de defensa a los consumidores Héctor Polino, la exministra de Educación del gobierno de Carlos Menem Susana Decibe, y también el fiscal federal José María Campagnoli, propuesto por la diputada Elisa Carrió.
La ley de la Defensoría del Pueblo, sancionada en 1993, no obliga en la Bicameral a convocar audiencias públicas para la selección de la terna de candidatos, aunque sí refiere a una comisión de acuerdos. La decisión de la Bicameral presidida por Cambiemos de no llamar a audiencias públicas iría en contra de la práctica legislativa que llevó a la modificación del reglamento interno del Congreso y reconoce la necesidad de convocar audiencias frente a asuntos de interés público.
Esa práctica legislativa fue ratificada en los decretos que reglamentaron las audiencias públicas para la designación de jueces de la Corte Suprema o el titular de la Procuración de la Nación, que ahora el Gobierno vuelve a poner a debate.
"Hay tres cuestiones que quedan ausentes: los candidatos no fueron publicados ni siquiera en el Boletín Oficial, no habrá proceso para presentar impugnaciones ni respaldos para los candidatos y se prescindirá de la audiencia pública, esta es la preocupación", advirtió el director de Litigio del CELS, Diego Morales.
"Si hay tantos candidatos proponemos hacer un proceso abierto para que la ciudadanía pueda participar en la elección, los candidatos puedan aportar sus antecedentes en materia de defensa de derechos y poder conocer las propuestas de trabajo que llevarían adelante al frente de la defensoría, así como quiénes serían sus adjuntos", completó Giugliutti.
La diputada de Libres del Sur y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, también exigió que "el proceso sea llevado a cabo respetando los principios de transparencia y participación ciudadana" y la publicación y difusión de antecedentes. Donda, quien en un principio respaldó la candidatura del radical Manuel Garrido, impulsó en los últimos días la candidatura de Grabois, quien también reunió los avales de decenas de organizaciones de base y de derechos humanos.
En tanto, a la espera de la reunión de comisión de mañana por la mañana, el nombre del expresidente de Bloque del PJ durante el menemismo Humberto Roggero continúa sonando como un posible candidato de consenso que reúna los dos tercios necesarios. Roggero, alejado de la función pública y recordado por denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito por el patrimonio de 80 millones de dólares que acumuló en sus años de legislador, tiene en su currículum una cruzada por el establecimiento a fines de los '90 de una mesa de diálogo que anulara el proceso de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de la última dictadura militar, así como desligitimar la investigación abierta en España por el juez Baltasar Garzón.
