La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitó que la fiscal federal Silvina Avila sea apartada de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado por entender que existe un conflicto de intereses que impiden avanzar en el esclarecimiento de las causales y el contexto de su muerte. El organismo de derechos humanos objetó que Avila es la fiscal en la causa que dio origen al despliegue represivo de Gendarmería en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, que comenzó el 31 de julio para desalojar de la ruta 40 a los miembros de esa comunidad que protestaban por la detención de sus compañeros en Bariloche y la prisión de su lonko, Facundo Jones Huala.
Esa causa está caratulada NN s/entorpecimiento de servicios públicos, por la violación del artículo 194 del Código Penal, y al mismo tiempo esta representante del Ministerio Público interviene en el proceso que investiga investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. “En la del corte de ruta acusa a la comunidad y de alguna manera está defendiendo a Gendarmería, mientras que en el otro expediente sería a la inversa, se trata de un conflicto de intereses, lo decimos ahora porque para ampliar las pruebas hacen falta más indagatorias que ella no estaría en condiciones de propiciar”, dijo a PáginaI12 Gisela Cardozo, dirigente de la APDH.
De hecho, mientras que en una de esas causas Avila persigue a los miembros de la comunidad mapuche y robustece las actuaciones de la Gendarmería Nacional como parte interesada, en la otra, investiga a Gendarmería así como la legalidad del despliegue de los órganos coercitivos del Estado. “La APDH entiende que esta situación pone en dudas el control jurisdiccional imparcial de dichos actos, es decir, brindar confianza de control judicial hacia otros órganos del Estado, lo que ha sido hasta ahora un factor importante de la falta de avances en la investigación”, indicó sobre la recusación que ahora deberá definir el juez federal Gustavo Lleral.
