En violencia el peor de los caminos es dar marcha atrás. Cuando una mujer denuncia el Estado tiene que escucharla, protegerla y resguardarla de la violencia machista que se redobla ante mujeres, trans y jóvenes autónomas, potentes, deseantes y que no se callan más. Pero si están invitadas a denunciar abusos, violencia, acoso, femicidios, travesticidios, amenazas y atropellos institucionales y después la justicia las sienta en una silla eléctrica de descargas, burocracias, reproches, insinuaciones, silenciamientos y desprotección la falta de justicia las re victimiza y las pone más en peligro.El 29 de junio del 2015, veintiséis días después de la histórica marcha de Ni Una Menos, se creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) a cargo de la Fiscal Mariela Labozzetta, en un gesto de escucha ante el reclamo masivo para garantizar la vida y la integridad de las mujeres. La UFEM es, claramente, uno de los organismos que marcan un avance en la política de género en la justicia. Las adolescentes abusadas no son señaladas por usar mini short, ni las fans de cantantes de rock tildadas de locas o de mentirosas, ni las periodistas de exageradas si reciben intimidaciones fascistas, ni los crímenes de trans y travestis son tratados como si esos cuerpos y esas vidas no tuvieran recorridos propios y particulares, ni las madres que denuncian el abuso sexual de sus hijas son menospreciadas como fabuladoras que quieren hacer daño a sus hijas. La diferencia se conoce como en un río de manos y palabras que saben que la UFEM –más allá incluso de todo protocolo– es un lugar, sencillamente, amigable y activo. Ni siquiera es una cuestión de sellos, sino de una gestión que escucha y que no se queda del otro lado del escritorio cuando hay una mujer muerta, una nena abusada o una víctima presa. Pero, ahora, la UFEM corre riesgo de ser desarticulada.

El proyecto de reforma de la Ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, presentado en el Senado de la Nación por Federico Pinedo (Cambiemos) y apoyado por un sector del peronismo (encabezado por Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey) y Ángel Rozas (UCR), no contempla la continuidad de las políticas de género. La iniciativa es todavía debatida en la Cámara Alta y podría salir con algunos cambios. Pero, hasta ahora, no se tomaron en cuenta modificaciones que impliquen garantías para combatir e investigar femicidios, abusos sexuales, discriminación y que afecten particularmente a las mujeres y al colectivo de la diversidad sexual.

La iniciativa es objetada por poner en riesgo a la UFEM y a la defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual en la justicia. En los cambios que se quieren imponer no se garantiza la continuidad de la UFEM, ni de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo, ni de la Dirección General de Políticas de Género. Además, se podría perder el trabajo realizado para juzgar las violaciones sexuales sistemáticas durante la dictadura militar en los juicios de lesa humanidad, ni el acceso a la justicia a través de promotoras barriales en género en villas y localidades del interior del país. Tanto la UFEM como otras dependencias podrían seguir según la buena voluntad (o no) del nuevo procurador/a, pero no está garantizada la continuidad de los organismos ni de las y los fiscales que le dan una impronta activa a las funciones y no un mero sello administrativo que puede quedar en letra muerta sin voluntad de acción.

Por otra parte, en la potestad de reducir personal otorgada al futuro Procurador/a (quien reemplace a Alejandra GilsCarbó) podrían despedirse personas al azar por persecuciones o disciplinamientos y el colectivo de la diversidad sexual ya alertó, en asambleas sindicales, el temor porque no se mantenga el puesto de trabajo a las cinco femineidades trans que trabajan en el Ministerio Público Fiscal en línea con el cupo laboral trans aprobado en la Provincia de Buenos Aires. Las personas trans no tuvieron una trayectoria vital con las mismas condiciones que el resto de la población y, por lo tanto, un acceso igualitario a títulos y capacitaciones, sino, por el contrario, sufrieron una vida marcada por la violencia institucional y la discriminación escolar, laboral y social. Por esto, garantizar la continuidad de sus puestos laborales es clave con una mirada enfocada en la diversidad y la inclusión real. 

Otro punto inquietante para la igualdad de género es que la mayoría de las fiscales mujeres tampoco podrían continuar con sus tareas si se toma como requisito que los cargos estén cubiertos por funcionarias/os con más de diez años de antigüedad en sus cargos, ya que la mayoría de las mujeres son más jóvenes e ingresaron a los cargos como parte de una generación que intenta romper el techo de hierro (no de cristal) del machismo judicial. El Ministerio Público Fiscal cuenta con 325 fiscalías a su cargo. Solo diecisiete fiscales generales son mujeres y apenas seis podrían pasar el requisito de más de una década en la justicia con lo que, si la iniciativa prospera, la representación femenina caería abruptamente.

“Nos preocupa  el debilitamiento institucional de la UFEM y del Programa de Género de la Procuración a partir de un proyecto que impacta en las definiciones principales de la política criminal, en la investigación de los delitos relacionados con la violencia de género, los femicidios y los travesticidios. Desde distinto a organismos venimos proponiendo que se creen áreas especializadas en violencia de géneros en las procuraciones provinciales para que los y las fiscales cuenten con directrices claras para investigar los delitos de amenazas, lesiones y homicidios en contextos de violencia. Esto ayudaría para evitar q estas causas se archiven sin investigación previa y sean calificados como femicidios los homicidios a mujeres en un contexto de violencia. Un debilitamiento institucional de la UFEM sería un debilitamiento de la capacidad del Estado de investigar los delitos relacionados con la violencia de género”, objeta Lausana Malacalza, Coordinadora del Observatorio de Violencia de Genero de la Defensoría del pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 

En el mismo sentido, Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advierte: “Las reformas que se proyectan para el Ministerio Público Fiscal no deben ser regresivas en términos de las conquistas que se fueron logrando en los últimos años que, como muchas otras, se han alcanzado no sin dificultades. Crear institucionalidad de género dentro de las estructuras estatales es sumamente importante para impulsar las transformaciones culturales e institucionales que necesitamos para promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.  En ese sentido, la UFEM cumple un rol muy importante para la transformación de una institución que, al igual que otras dentro de los  ámbitos de administración de justicia, han sido reacias a incorporar una perspectiva de género y a considerar la integralidad de los derechos humanos y su impacto en las mujeres y en las personas LGBTI consideradas en todas su diversidad”. 

No se trata solo de respaldos institucionales, de una ley sin cuerpo, sino la diferencia de una justicia que escucha con el cuerpo a las mujeres que sufren violencia y la vuelven a sufrir cuando no son escuchadas. Feliciana Bilat se define como mamá protectora. “Así nos autodenominamos aquellas que escuchamos, creímos y luchamos contra el sistema judicial y patriarcal para que nuestrxs hijxs sean escuchadxs y tenidxs en cuenta. Denuncié los abusos sexuales que sufrió mi hija cuando ella tenía cuatro años y hace siete años que vivimos la tortura del sistema judicial que eligió no creerle y acusarme a mí de manipuladora. Fuimos  revictimizadas en todos los rincones de la gran familia judicial”, denuncia y diferencia: “Durante 2015 se creó la Unidad Fiscal Especializada en Mujeres. Mariela Labozzetta, fiscal titular de este organismo, se cargó los derechos de mis hijas y los míos a sus hombros. Ella, junto al equipo que integra la UFEM, nos han acompañado, escuchado, creído y accionado en infinidad de oportunidades con respeto y visión de género. En agosto de 2016, en un contexto de violación de la prohibición de acercamiento del denunciado que incluyó violencias de su parte y la intención de acercarse a mis hijas, me defendí tirándole gas pimienta en defensa de las niñas. Decidieron llevarme detenida junto a él, en celdas contiguas. Era sábado. Era desesperante no saber qué hacer desde el momento que un oficial me informó que iban a detenerme. Labozzetta se hizo presente en la Comisaría y pidió que se respeten mis derechos. Hasta se encargó que pueda ir al baño, me preguntó si había comido y si tenía sed. Me acompañó. Sin dudas que la existencia de la UFEM es un pilar importantísimo para mujeres y trans que hemos sufrido violencias machistas de cualquier tipo. No queremos que nos sigan cerrando las puertas, que nos denieguen el acceso a la justicia”.

Ariell Carolina es la denunciante del cantante Cristian Aldana y quien escribió y pronunció, por primera vez, la frase “Ya no nos callamos más” que hoy es un emblema para las jóvenes que denuncian abuso sexual. Ella paso por muchas oficinas sin que registren su denuncia y, por muchas otras, en donde le decían en la cara que no le creían o que era culpable de los maltratos y abusos, que sufrió. Por eso, para ella, la UFEM no es una oficina más, sino un lugar en donde la justicia dejo de ser su enemiga. Ella relata: “En 2011 denuncié tres veces a Cristian Aldana, la primera en la comisaría de la anti-Mujer de Morón, luego en la calle Lavalle, en la Ciudad de Buenos Aires y en otra más. Las tres experiencias fueron muy perturbadoras, revictimizantes y violentas. No hay perspectiva de género ni empatía humana en esos espacios. Los lugares como UFEM deberían ser replicados en cada municipio, porque la violencia patriarcal nos está descuartizando, matando, violando, abusando, acosando y no hay tiempo para titubeos. Quienes decidimos llevar estos casos al sistema judicial le exigimos al Estado  y sus representantes una atención digna, ya que en estas situaciones corrieron peligro nuestras vidas. Por eso, no queremos que cierre la UFEM, ni ningún espacio de los logrados a partir de nuestras luchas, que son nuestras, porque las padecemos día a día”.

La Dirección General de Políticas de Género está contemplada en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (art. 33 de la Ley 27.148) con el objetivo de incorporar la perspectiva de género a las políticas del organismo. La UFEM no está incorporada en la norma. Pero en los eventuales cambios que se pueden aprobar en el Senado   –en la alianza de Cambiemos, UCR y un sector del peronismo– corren riesgo. Y, por lo tanto, también sus logros como las licencias que reconocen a las familias monoparentales, homosexuales y heterosexuals y la licencia por violencia de género y técnicas de reproducción asistida para trabajadoras/es del organismo. 

Los cambios no son solo internos, sino que salieron a los barrios y a los territorios más vulnerables con el proyecto de Formación de Promotorxs Territoriales en Género (Re.Te.Ger) que consiste en dotar a referentes barriales de herramientas para intervenir y acompañar a las mujeres, especialmente sobre el recorrido judicial cuando deciden radicar la denuncia y prevenir nuevas situaciones de violencia. El Re.Te.Ger se implementó en cuatro villas porteñas: la 31; la 21-24; 1-11-14; y 15 y en Rosario, Tandil, Mar del Plata y Concepción del Uruguay, en articulación con los equipos de ATAJO, salvo en Entre Ríos en un trabajo coordinado con la Fundación Micaela  García “La Negra”. Se formaron 450 promotoras y promotores territoriales en género con la intención de constituirse en actores barriales con referencia. Las mujeres que, desde la tierra que muchos no ven ni pisan, pueden frenar, aconsejar y acompañar a las víctimas de maltratos, de violaciones o de trata express en el Bajo Flores y hacer de la justicia una posibilidad real no pueden quedar en banda mientras el machismo estalla como venganza contra la autonomía y el deseo de las mujeres.