El tribunal que juzga en Santiago del Estero los crímenes de lesa humanidad cometidos en la llamada Megacausa III dio marcha atrás y revocó la prisión domiciliara que le había otorgado en la víspera al principal acusado, Antonio Musa Azar. La apelación de los organismos de derechos humanos forzó el cambio del voto de uno de los magistrados que había aceptado la solicitud del represor, Abel Fleming, quien junto con Domingo Batule le habían concedido el beneficio "al Etchecolatz de Santiago del Estero", como lo definió el abogado Pedro Orieta, quien había calificado la decisión original del TOF, que tuvo la disidencia de Carlos Lascano, como "arbitraria". 

“Para Santiago del Estero, Musa Azar representa lo que Etchecolatz a la provincia de Buenos Aires”, agregó Orieta, quien apeló la decisión tomada a última hora del jueves, el único día a la semana de audiencias de un juicio que tramitan dos jueces salteños y uno de Córdoba.

Musa Azar, quien siguió ostentando poder como secretario de Seguridad provincial durante los sucesivos gobiernos de Carlos Juárez hasta 2003, acumula cuatro condenas a cadena perpetua, que deberá cumplir en una sala del Hospital Gumersindo Sayago que, de acuerdo con la revocatoria, "no genera riesgo de contagio por tratarse de sala aislada".

El mismo tribunal que anoche había aceptado el traslado del genocida a su casa, hoy ordenó que "el traslado de Musa Azar al domicilio sito en Avda. Moreno (N) Nº 67 déjese sin efecto”.

El doble crimen de la Dársena, tal como se conoció el asesinato Patricia Villaba y Leila Nazar, marcó la caída en desgracia del represor, tras la intervención federal de la provincia y la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

En diálogo con Radio La Imposible, Orieta denunció que el abogado de Musa Azar, su propio hijo, había pedido la prisión domiciliaria por motivos de salud, amparándose en las reformas que se estaban realizando en el Hospital Independencia. 

Más adelante, Orieta, quien recordó que Musa Azar había participado de la masacre de Margarita Belén, en Chaco, pidió protección para las víctimas que patrocina, dado que “es muy duro enfrentarse cara a cara (con los genocidas)". Finalmente, consideró que “estos juicios son socialmente importantes (...) porque se proponen reparar la impunidad de muchos años".