La función estatal de control bajó conjunta entre los gobiernos provincial y municipal en Rosario para revisar desde ayer y en los días venideros los papeles de más de 800 instituciones que brindan asistencia alimentaria en la ciudad y que en parte cubren algo de los costos con fondos que reciben para ese fin a través del programa provincial Tarjeta Institucional y el Plan Cuidar, de la Municipalidad. Alienta esta cruzada el objetivo destacado de las autoridades de "transparencia", basadas en el hecho de que –ayer lo recalcaron– ya le han dado de baja este año a 118 organizaciones que recibían estos beneficios y a las que se les detectó irregularidades.

Una extensa hilera de responsables –en su mayoría, mujeres– de comedores, merenderos y ollas populares venidos desde diversos barrios desfiló ayer por la ex Rural, donde agentes de Provincia y Municipalidad relevaron datos a los fines de confeccionar un padrón único de espacios comunitarios que reciben apoyo del Estado para que brinden comida o distribuyan alimentos.

Se estima que la convocatoria se extenderá por uno o dos meses hasta cubrir las más de 800 organizaciones populares que se tienen inscriptas como destinatarias de fondos públicos. Cada responsable de comedor debe responder cuestiones referentes al funcionamiento de la organización que representa, e inscribir además en el sistema el DNI de cada persona beneficiaria de la ayuda alimentaria que brinda.

Hay distintos programas de seguridad alimentaria. La Tarjeta Institucional que es transferencia de fondos para comprar alimentos a organizaciones no gubernamentales y sociales; el Programa de Promoción Social Nutricional (ProsoNu) para niños de 6 a 12 años en municipios y comunas que la Nación lo discontinuó, pero ahora la provincia lo está reformulando; la Tarjeta de Ciudadanía y reparto de módulos de alimentos en aquellas organizaciones que no se encuadran y tienen una demanda fuerte.

El secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, Ramón Soques, explicó que este operativo se venía realizando desde enero, pero no en coordinación con el municipio de esta manera.

"Es un paso más hacia un nuevo paradigma, la relación que queremos tener con las organizaciones sociales en función de dos objetivos: por un lado, mayor transparencia, optimizar los recursos, en lo que nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, recursos que se forman con el aporte de todos los ciudadanos en un momento tan complejo. Y por otro lado, poder llegar a los que más necesitan un plato de alimento", expuso.

Soques reveló que las bajas se debieron a cuestiones administrativas y también a comedores declarados que no existían o que no rendían cuentas de los recursos recibidos. El subsecretario de Seguridad Alimentaria, Jorge Márquez, replicó que, "también hemos dado más de 100 altas, porque el objetivo no es ahorrar el dinero del alimento sino que verdaderamente el alimento llegue a quien lo necesita", aseguró.

En el otro lado del mostrador, las personas que llegan desde los barrios y que a diario enfrentan el desafío de brindar quizás la única comida que más de un vecino ingerirá en el día. Lo que cuentan expone un entramado mucho más complejo de lo que supone el formulario burocrático a llenar.

"No nos parece mal el control sobre lo que recibimos porque un comedor que no cocine es malo no solo para la organización sino para el barrio, la gente. Y eso invalidaría el enorme esfuerzo que hace la gran mayoría para dar de comer. Pero la gente debe saber que nosotros mismos controlamos en nuestra organización que las ollas populares funcionen, aunque la ayuda recibida nunca es suficiente. Para colmo, la demanda aumentó mucho más desde que asumió Milei". El que contó esto a este diario es Eduardo Delmonte, el coordinador en Rosario y zona de la Corriente Clasista y Combativa.

El control que refiere tiene una primera instancia por whatsapp interno y militantes que recorren los puntos donde se brinda de comer, de acuerdo con el día en que funciona cada uno. 

"Siempre le dimos importancia a las ollas populares aunque no debería ser lo primordial, pero la primera consecuencia de la desocupación es el hambre. Hoy la gente no puede resolver lo básico, y por eso hay cada vez más que va con los tupper un día a una olla, otro día a la otra y así arman un itinerario para procurar comer todos los días. Pero con tanta demanda, muchas veces hay quienes se vuelven a la casa con el tupper vacío", expuso.

Por caso, la referente de una olla popular en el Fonavi de Gutiérrez y Grandoli contó que a fines del año pasado tenía cada vez que cocinaba un padrón de 120 personas que retiraban su ración. Ahora son 200 personas en promedio las que se arriman hasta su fogón.

La ayuda municipal consta de algo más de 40 mil pesos al mes por cada olla popular o comedor, y 26.000 pesos mensuales por cada merendero. Cocinar 100 litros de guiso de arroz con pollo, para darles de comer a algo más de 100 personas una vez, cuesta 120.000 pesos hoy.

"No nos parece mal que el Estado controle la plata que entrega; porque si controlara también se hubiera evitado el clientelismo político. Lo que quiero decir es que más que el control estatal, lo que garantiza transparencia es el propio control popular", planteó Delmonte.

Lo que este dirigente de base considera es que el relevamiento iniciado blanqueará no solo la cantidad de lugares que dan de comer, sino también los que lo hacen sin tener ayuda directa del Estado. "Esperemos que sirva y no sea para aplicar una zaranda a lo que ya está y funciona", dijo.