Es ahora o nunca. Lo dijo Macri. Tras las elecciones la estrella de Cambiemos alcanzó el zenit. Todo lo que se diga tendrá un efecto a su favor, todo lo que impulse será difícil de frenar. Por el contrario, todo lo que haga la oposición será como escupir al cielo. Es una emanación del triunfo electoral que rodea con su aura al vencedor y oscurece a sus opositores. Así lo tomó Cambiemos que rápidamente avanzó en su estrategia de destrucción del kirchnerismo, logró expulsar a Alejandra Gils Carbó de la Procuración y negoció en tiempo récord la reforma judicial con los gobernadores pese a lo cual, la mayoría quedó disconforme.

Es una lectura. Cambiemos se movió con velocidad, con reflejos. Encarceló de manera humillante a los ex ministros Julio de Vido y Amado Boudou, sin medias tintas, sin los mínimos requisitos de práctica democrática. Fue una actuación pública de su poder. Los CEO’s tienen intimidad con el poder, juegan siempre de su lado, saben administrarlo. Las humillaciones públicas de De Vido y Boudou son ejemplificadoras, ordenan al rebaño. Muestran quién está arriba y lo que pueden hacerle a sus enemigos. El castigo no viene siquiera de la Justicia. Es claro que vino de ellos que no sólo no lo ocultan sino que le dicen a la sociedad que controlan a la justicia: ellos son el poder económico encaramado en el poder político, las corporaciones de medios son parte de su propia esencia, y la justicia es una prolongación de ese cuerpo blindado.

La renuncia de Gils Carbó, luego de que su hija fuera amenazada varias veces después que Clarín publicara su número de teléfono fue la culminación de la abierta campaña de presiones desde el Ejecutivo y completó la imagen de una justicia subordinada al poder económico que ahora administra sin intermediaciones al poder político. Son ventanas que ellos abren a un escenario que quieren mostrar. Las humillaciones aparecen como revanchas contra De Vido, que era el ministro con el que tenían que negociar obras públicas millonarias, y contra Boudou, que era el ministro que les sacó de las manos el multimillonario negocio de las AFJP. Hubo también una condena ridícula que inhabilitó a Guillermo Moreno a ocupar cargos públicos. Con Moreno los CEO’s tenían que negociar los precios. No son causas por hechos de corrupción. Son revanchas contra ministros que tuvieron el tupé de afectar sus negocios. Sentencia de los Ceo’s: “Esto es lo que les pasa a los ministros que no nos dan las obras que nosotros queremos”, “esto es lo que les pasa a los ministros que nos sacan negocios”, “esto es lo que les pasa a los funcionarios que quisieron impedir que pongamos los precios que a nosotros nos convengan”.

Son tres funcionarios con los que las empresas debían negociar. Si alguno de ellos cometió actos de corrupción no quedará demostrado en este contexto atravesado por la fenomenal presión del poder económico sobre los jueces, algunos amenazados físicamente como la hija de Gils Carbó y otros judicialmente, como Ariel Lijo y Daniel Rafecas. Son ventanas que se abren desde el poder para que la sociedad visualice controles y trasfondos e intuya que son situaciones extendidas a legisladores, dirigentes políticos y sindicalistas, para que las naturalice y se resigne, baje los brazos y se deje arrastrar por la marea hegemónica. La prensa oficialista describe este proceso al revés: dice que Mauricio Macri pidió a la Magistratura que acelere los juicios contra los jueces que tienen a su cargo causas por supuesta corrupción K. La amenaza a los jueces figura en las dos versiones, sólo que en esta última se la justifica. Y la actitud de los jueces amenazados constituye a su vez una amenaza para los adversarios de este gobierno, para los opositores que no cambien su voto, para los medios que cuestionen.

El martes, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, informó que por lo menos dos ministros de Macri, el de Energía, Juan José Aranguren y el de Finanzas, Luis Caputo, coordinaban empresas offshore, el primero pertenecientes a petroleras, y el segundo a fondos de inversión. Las revelaciones de los Paradise Papers, que se sumaron a las de los Panama Papers, produjeron una fuerte conmoción en el planeta y la Unión Europea anunció que tomará medidas severas contra los paraísos fiscales que mantienen estas prácticas que encubren maniobras millonarias de evasión. Pero el gobierno está en el pico de su ola triunfadora y los Paradise Papers que en todo el mundo provocan olas de indignación, en Argentina no movieron el amperímetro. La oposición denunció por corrupción a los dos ministros y pidió que sean retirados de sus funciones. Cualquiera de las dos imputaciones que se les hacen son mucho más graves que las causas de De Vido y  Boudou.

Mientras dos de sus ministros eran denunciados en todo el mundo, ese mismo día, Macri recibió la Gold Insigne de la Americas Society and Council of the Americas por “sus extraordinarios logros y liderazgo transformador en la Argentina y en todo el Hemisferio”. El único presidente argentino que había recibido esa distinción hasta ahora era Carlos Menem. En sus reuniones con los empresarios norteamericanos no consiguió un solo acuerdo de negocios, pero, en un acto de agresión contra el pueblo venezolano, Macri pidió que Estados Unidos aplique un bloqueo completo a Venezuela. Estados Unidos es el principal comprador del petróleo venezolano y no puede dejar de hacerlo porque produciría un descalabro internacional.

Con jueces desprestigiados y ministros denunciados, el miércoles se hizo el acto en el Congreso para llamar la atención sobre el “rápido deterioro del Estado de Derecho”. El juez Raúl Zaffaroni sintetizó el cuadro de situación y alertó sobre la autonomía del Ministerio Público. Afirmó que “los corruptores primero corrompen y luego usan a los corrompidos para alardear de impolutos”. “Los corruptores activos –agregó– quieren manejar a los fiscales para garantizar su impunidad y seguir adelante con su campaña de antipolítica y sus negocios poco claros en refugios fiscales”. Zaffaroni subrayó que “se desprestigia y estigmatiza al sindicalismo, se lo amenaza de todas las formas imaginables para desbaratar a la fuerza de trabajo”. Y enumeró a los destinatarios del miedo: científicos, universidades, artistas y periodistas que “pretenden apartarse del discurso único de los medios monopólicos y más aún cuando destapan manejos no claros de funcionarios y parientes”.

Gils Carbó dijo que renunció para evitar que se reformara la ley del Ministerio Público. A pesar de su renuncia, el miércoles el oficialismo mandó esa ley al Congreso en la que limita la independencia de los fiscales y la procuración. Y fue su primer traspié: tuvo que hacerle varios cambios y no pudo lograr dictamen de comisión. Se seguirá discutiendo la semana próxima. La reforma laboral también fue rechazada por la CTA y por la conducción de la CGT. Pero el oficialismo consiguió expulsar a Gils Carbó con presiones y amenazas y pondrá alguien de su confianza en ese lugar. No necesita cambiar la ley del Ministerio Público porque con levantar el teléfono tendrá el control de los fiscales. La discusión será un distractivo. La CGT rechazó la reforma laboral, pero dejó abierta las puertas para una negociación. El gobierno sabía que sería rechazada la reforma que planteó y todavía no mostró las cartas de cuáles serán los cambios en la legislación laboral que realmente está buscando. Pero está claro que necesita reventar las negociaciones paritarias. El modelo de país de Cambiemos no soporta ese mecanismo. Si la negociación va por ese camino, cualquier negociación será mala para los trabajadores.

Tanto necesita reventar las paritarias que una de las principales calificadoras de riesgo del mundo, Standard & Poor’s advirtió que por su alto ritmo de endeudamiento la economía argentina se encuentra entre las cinco más vulnerables a los cambios en las condiciones financieras internacionales. Si la Reserva Federal aumentara medio punto la tasa de interés, la deuda que ha tomado el gobierno macrista podría hacer reventar la economía. La calificadora está pidiendo ajuste a fondo.

En su pico de imagen y respaldo, el gobierno marca agenda: reforma previsional, reforma tributaria, control de la justicia, reforma laboral, disciplinamiento de la oposición y hasta tiene capacidad para diseñar los límites aceptables en el debate de la oposición. En el sistema Cambiemos cualquier debate en la oposición es “cool”, siempre que tome distancia explícita del kirchnerismo y de Cristina Kirchner. El peso simbólico de su victoria electoral está enfocado también sobre ese flanco que trata de delimitar no sólo lo que está bien discutir en la fuerza oficialista, sino también en el campo de la oposición y los marcos de esa discusión. Y en algunos casos, forzando la cada vez más estrecha avenida del medio, consigue que intelectuales y fuerzas políticas asuman como propias de un acto opositor a valores que son instalados por el gobierno. En contrapartida, en el Congreso, los espacios legislativos van conformando un frente de oposición a cada uno de esos temas de la agenda oficial, entre kirchneristas, gobernadores, sindicalistas, evitistas, la izquierda y hasta algunos legisladores del massismo y del centrismo progre. Cambiemos quema rápidamente su “ahora o nunca” y la oposición todavía es un magma que reacciona en forma pragmática, muy infestada por la influencia del oficialismo y sin poder orientarse hacia una propuesta de poder.