Corre peligro el proceso judicial a ex directivos de la automotriz por falta de jueces en el Tribunal Oral 1 de San Martín
El juicio a los entregadores de Ford
Un ex gerente y un ex jefe de seguridad de Ford Argentina están acusados por secuestros y torturas a delegados gremiales. El juicio debería comenzar en diciembre y ya se postergó dos veces. Podría volver a demorarse por problemas para conformar el tribunal.
De los acusados originales en la causa, uno murió y los otros tienen 86 y 91 años.De los acusados originales en la causa, uno murió y los otros tienen 86 y 91 años.De los acusados originales en la causa, uno murió y los otros tienen 86 y 91 años.De los acusados originales en la causa, uno murió y los otros tienen 86 y 91 años.De los acusados originales en la causa, uno murió y los otros tienen 86 y 91 años.
De los acusados originales en la causa, uno murió y los otros tienen 86 y 91 años. 

Las leyes e indultos que durante dos décadas impidieron juzgar los crímenes de la dictadura no incluyeron a los empresarios y gerentes que entregaron a delegados y activistas gremiales al Estado terrorista. En los hechos, sin embargo, esos partícipes civiles de secuestros y torturas se beneficiaron con la impunidad, más prolongada en sus casos por la resistencia de la corporación judicial a investigar a delincuentes de guante blanco. En el caso de Ford Motor Argentina SA, la impunidad comenzaría a quebrarse el 19 de diciembre, cuando dos ex directivos de la automotriz norteamericana deban sentarse como acusados junto al ex general Santiago Riveros ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. Se trata del ex gerente de manufacturas Pedro Müller, segundo en la escala jerárquica de Ford debajo del presidente Nicolás Courad –fallecido en 1989– y del teniente coronel retirado Héctor Francisco Sibilla, ex jefe de seguridad de la planta de General Pacheco, que llegó a tener su propio centro de interrogatorios en el campo de deportes. El ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galárraga, procesado por su participación primaria en delitos de lesa humanidad, murió el año pasado con 93 años. La causa se elevó hace tres años y medio, el inicio se postergó dos veces y corre peligro de volver a postergarse por las dificultades para conformar el tribunal.

El año anterior al golpe de Estado estuvo marcado por conflictos con la empresa pero también por la tensa relación entre las bases, nucleadas en la Coordinadora Interfabril de Zona Norte, y la dirección del Smata, el sindicato que encabezaba José Rodríguez. A mediados de 1975, en el marco de una huelga con ocupación de fábricas por parte de los obreros de automotrices, los de Ford marcharon hasta la sede de Smata para rechazar la paritaria y exigir la convocatoria a un plenario de delegados. En ese proceso los delegados presentaron su renuncia al sindicato, al que la empresa aceptó aportar un 2 por ciento de los salarios de cada obrero, aún de los no afiliados. La lucha concluyó con el despido de más de 300 trabajadores, un estricto régimen de control policial dentro y fuera de la planta, y el desplazamiento de la comisión interna, según se relata en el libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, coeditado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Programa Verdad y Justicia, Flacso, el CELS e Infojus.

El 25 de marzo de 1976, un día después del golpe, los delegados fueron citados a una reunión. Galárraga les leyó una esquela, que adjudicó a un coronel, que los exhortaba a olvidarse de todo reclamo gremial. “Se acabaron todos los problemas”, ironizó el gerente. “La empresa Ford Motor Argentina pasa a ser objetivo y prioridad militar”, afirmó. Cuando el delegado Juan Carlos Amoroso insistió en reclamar el pago de salarios incompletos se produjo un diálogo elocuente sobre el conocimiento de los responsables de Ford de la etapa que comenzaba:

–Esta reunión se terminó, Amoroso. Dele saludos a Camps –dijo el gerente.

–¿Quién es ese señor? –preguntó el delegado.

–Ya se va enterar –respondió Galárraga.

Amoroso fue secuestrado tres días después y llevado a la comisaría de Ingeniero Maschwitz. Desconocía por entonces quién era el coronel Ramón Camps, que luego se convertiría en jefe de la policía bonaerense e ícono del terrorismo de Estado.

Secuestros y cautiverios

En los últimos días de marzo comenzaron los secuestros, la mayoría en el predio de Pacheco, en horario laboral y frente a compañeros, seguidos por interrogatorios en el quincho del campo de deportes donde el Ejército había instalado su campamento. Durante las detenciones varios militares mostraron a sus víctimas las fotos tamaño carnet que obraban en sus fichas de ingreso a Ford y admitieron que la empresa les había facilitado los legajos. “Te mandaron preso”, le dijeron a Francisco Perrota en la playa de estacionamiento de Ford. Le taparon la cabeza y le confiaron que les habían descrito hasta la ropa que llevaba. Un ex capataz declaró que los militares se movían con libertad en la fábrica, que entraban y salían de la oficina de personal con carpetas y portafolios, y que tenían orden de darles toda la información que pidieran. Un ex conscripto recordó que antes de salir a hacer controles de ruta el oficial a cargo los arengaba para “detener subversivos” y después “almorzar en Ford, una empresa que colaboraba con el régimen”.

La siguiente escala fueron cautiverios en condiciones infrahumanas en las comisarías de Tigre y Maschwitz, bajo el mando de Camps. La empresa, que en dos años le vendió al Estado 269 Ford Falcon “no identificables”, según las órdenes de compra del ministro Albano Harguindeguy, también aportó sus camionetas F-100 para trasladar desde la planta de Pacheco a trabajadores atados y encapuchados.

En la comisaría de Tigre, mientras lo torturaban, Perrotta advirtió la presencia de Sibilla, el jefe de seguridad de la empresa, a quien distinguió por la voz y el tenor de las preguntas: eran más exhaustivas que las de quien conducía el interrogatorio y denotaban un conocimiento minucioso de la vida gremial. Sibilla se retiró del Ejército en 1962 como mayor, grado que pasaría a ser su apodo dentro de la fábrica. En julio de 1976, en pleno trabajo sucio, fue ascendido a teniente coronel, y hasta 2004 trabajó en la embajada de los Estados Unidos.

En sus peregrinajes por cuarteles y comisarías, las esposas de Ismael Portillo y Pedro Troiani lograron que las recibiera el coronel Antonio Francisco Molinari, subdirector de la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo. El militar, que participaba en los interrogatorios, les aseguró que los cautivos de Ford estaban vivos, a disposición del Poder Ejecutivo y que serían liberados. Sobre los motivos de las detenciones, dijo que él no decidía a quiénes debía “chuparse” y sacó de un cajón una hoja con membrete de Ford con un listado escrito a máquina de casi treinta empleados. “Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que querían que chupáramos”, confesó Molinari, que murió en 2007.

Datos y silencio

La entrega de datos precisos para que el Estado terrorista secuestrara a una veintena de activistas de una planta de 5 mil obreros y 2500 administrativos se complementó con el silencio frente a las familias, ya que Ford nunca informó de las detenciones, y con el envío de telegramas de intimación para que se presentaran, simulando ignorar que estaban secuestrados. La última etapa del trabajo coordinado entre gerentes y militares se produjo en diciembre de 1976, cuando los ex delegados, ya en cárceles y a disposición del Ejecutivo, fueron “desvinculados” de Ford, léase despedidos con causa. De ese modo, la firma eliminó toda resistencia gremial y se ahorró las indemnizaciones por despido.

En febrero de 1984 un grupo de ex trabajadores declaró ante la Conadep. En julio una delegación de la comisión se presentó en la planta de General Pacheco, donde los recibió el gerente Galárraga. Días después, el presidente de Ford, Courard, respondió por escrito que no brindaría información ni permitiría la compulsa de archivos y libros societarios. En octubre el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Eduardo Rabossi, presentó la primera denuncia, que hibernó en la denominada “justicia militar” a la que el gobierno radical había encomendado la “autodepuración”. En enero de 1987, mientras corría el plazo de sesenta días fijado por la Ley de Punto Final, la Cámara Federal de La Plata se declaró competente y llegó a citar a indagatoria a los generales Santiago Riveros, Juan Carlos Camblor y al coronel Molinari. En mayo, como los delitos se habían cometido en áreas que dependían del Comando de Institutos Militares, el expediente pasó a la Cámara Federal de San Martín. La Ley de Obediencia Debida y el indulto a Riveros en 1989 clausuraron toda esperanza de justicia.

En 2002 el fiscal Félix Crous presentó una denuncia a partir de testimonios en el Juicio por la Verdad de La Plata (sin consecuencias penales pero claves para instalar el reclamo de justicia) y se presentó como querellante el ex delegado Pedro Troiani, que había sido secuestrado e interrogado dentro de la fábrica. La causa se reabrió en septiembre de 2003, luego de que el Congreso declarara la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En una primera etapa se instruyó en el juzgado de Daniel Rafecas, que la delegó en el fiscal Federico Delgado. Los obreros y sus familias dieron testimonio, ofrecieron pruebas y pidieron sin suerte una inspección ocular en Ford. En 2006, tras una disputa de competencia, el expediente pasó a San Martín, donde estuvo paralizado durante años.

La designación de la jueza federal Alicia Vence se tradujo a mediados de 2012 en la primera inspección ocular en la planta de General Pacheco. En diciembre, citados a indagatoria con 36 años de demora, Galárraga y Müller prefirieron no declarar. Sibilla dijo desconocer que haya habido detenciones dentro de la fábrica y contó que para garantizar la seguridad habían contratado una agencia de seguridad que tenía personal retirado de Ejército, Armada, Prefectura y Gendarmería. Admitió que después del golpe personal militar se movía en el interior de la planta aunque negó que se hubieran instalado en el campo de deportes, donde una docena de trabajadores fueron encapuchados y torturados. Existía “la relación que tenía que tener”, balbuceó, y sugirió que pese a su cargo y a su pertenencia al Ejército no hablaba con los militares. Sus dichos “resultan tan pueriles que me eximen de un mayor análisis”, apuntaría la jueza al procesarlo. “Sibilla formó parte de los recursos humanos de los que se valió directamente el jefe del área 410 e indirectamente el jefe del Comando de Institutos Militares”, resumió.

Partícipes primarios

El 20 de mayo de 2013 la jueza Vence procesó a los tres ex directivos de Ford como partícipes primarios de los secuestros y tormentos de 24 trabajadores, todos delegados o activistas gremiales. Müller, Galárraga y Sibilla fueron responsabilizados por haber entregado al Comando de Institutos Militares datos personales y fotos de empleados que luego fueron secuestrados, y por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo y/o de Deporte, para que en sus dependientes fueran interrogados”. “Allí fueron, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría”, precisó.

“La empresa aportaba recursos y apoyaba al gobierno de facto a cambio de la limpieza de los elementos que le impedían sojuzgar al personal y avasallar sus derechos laborales obtenidos”, escribió. Los aportes de los gerentes “fueron esenciales” para materializar los secuestros. “La automotriz quería generar más productividad a bajo costo. Por otro lado, los militares necesitaban un ‘enemigo’ interno para justificar la estabilidad del régimen ilegal. De esa conjunción emergió la llamada ‘subversión industrial’, que no era otra cosa que un puñado de delegados de base que pujaban por los derechos laborales de sus compañeros, obviamente impidiendo así los atropellos de la patronal y minando la posibilidad de que la productividad creciera a cuesta de su salud física y mental”, explicó Vence.

La Cámara de San Martín confirmó los procesamientos y en marzo de 2014 la causa fue elevada al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. Los problemas pasaron a ser entonces la conformación del tribunal y el atolladero de juicios pendientes, derivaciones de la megacausa Campo de Mayo. En mayo de 2016 se fijó como fecha de inicio el 14 de marzo último pero al filo de la feria de verano los jueces Marta Milloc y Diego Barroetaveña dejaron sin efecto esa resolución invocando las “exhortaciones” de la Cámara Nacional de Casación Penal para “priorizar en los esfuerzos de agenda la celebración del debate en procesos que registren personas privadas de su libertad”. Por estar libres, paradójicamente, los ex directivos de Ford se beneficiaron con la postergación del juicio.

En marzo Casación urgió al tribunal a que fije nueva fecha y se anunció la del 28 de noviembre. En los hechos, Milloc (única titular del TOF1) se jubila en estos días y la integración nunca termina de definirse. Casación designó por sorteo a Marcelo Díaz Cabral y Alejandro de Korvez (del TOF4) pero ambos adujeron problemas de agenda porque subrogan otros tribunales de San Martín, donde las vacancias son regla. En los últimos días, Casación designó a Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, del TOF3 de Rosario, que a priori serían de la partida junto a Barroetaveña y a Federico Calvete como cuarto juez. Aún si el tribunal resolviera con celeridad las previsibles maniobras dilatorias de las defensas, las testimoniales comenzarían tras la feria, en febrero.

A fines de agosto, con 24 juicios de lesa humanidad esperando turno en el TOF1, el fiscal general Marcelo García Berro pidió acumular seis expedientes para juzgar a diez represores por casos acreditados en otros procesos, con lo cual sólo debían analizarse sus responsabilidades. El tribunal admitió que era “razonable”, pero considerando argumentos de las defensas acumuló sólo dos causas por las que juzga a los militares Eduardo Alfonso y Rafael López Fader. La inacción del Consejo de la Magistratura, responsable de cubrir las vacantes, implica en San Martín prolongar la impunidad de los represores de Campo de Mayo, donde funcionó el mayor centro clandestino del país, y también de los partícipes civiles del terrorismo de Estado. Galárraga murió el año pasado a sus 93 años. Müller tiene 86 y Sibilla 91. Llevan casi la mitad de sus largas vidas gozando de impunidad.

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