Los cambios de Cambiemos

En agosto de 2016, el gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Salud de la Nación, derogó una resolución por la que se establecía que antes del 10 de septiembre de ese año debía fijarse el “límite máximo de camas” con la finalidad de reducir las internaciones en los hospitales monovalentes y psiquiátricos públicos y privados en el marco de la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental. La resolución despertó críticas porque ya entonces significaba un golpe mortal a la ley nacional, dado que su aplicación quedaba en manos del director nacional de Salud Mental, Andrew Santiago Blake, confeso opositor a la norma que se debía haber impulsado. En ese momento, la Asociación Pensamiento Penal (APP) señaló que decisiones como ésta, junto con “la carencia de recursos destinados” a la Atención Primaria de Salud, representan “una clara intención de obstaculizar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental”. La entidad recalcó que lo ocurrido abría “el camino al empoderamiento del sector privado”, profundizando lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como “la mayor de las violaciones a los derechos de las personas con padecimiento mental, que es el acceso a los servicios de salud”. Las denuncias ya adelantaban el propósito del gobierno de Cambiemos.