El gobierno de Venezuela expresó ayer su repudio a las “ilegales, absurdas e ineficaces” sanciones anunciadas por la Unión Europea (UE) contra el país, que incluyen un embargo de armas y un posible congelamiento de activos de acusados de violar derechos humanos. Los ministros de Relaciones Exteriores del bloque aprobaron por unanimidad la medida, subrayando su preocupación “por la situación en el país” tras las elecciones regionales del último 15 de octubre.

Las sanciones de la UE incluyen un embargo de armas y de otro tipo de material que pudiera utilizarse para la represión de la oposición interna. 

De momento excluyen el congelamiento de los activos de dirigentes venezolanos concretos ni se les prohíbe la entrada a Europa, pero los ministros dejaron la puerta abierta a ello. Las sanciones a Venezuela “se utilizarán de manera gradual y flexible y podrán ampliarse, dirigiéndose contra quienes participan en el incumplimiento de los principios democráticos y del Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos”, señalaron los ministros. Al mismo tiempo destacaron que “el diálogo constructivo y la negociación son el único camino sustentable para hacer frente a la actual crisis y para responder a las necesidades apremiantes del pueblo de Venezuela”.

Un comunicado difundido por la cancillería venezolana señaló que tales medidas “violan descaradamente el derecho internacional” y los “sagrados” principios de respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de los estados. “Las instituciones europeas demuestran su lamentable y vergonzosa subordinación a los dictámenes del gobierno de los Estados Unidos. Siguiendo la agresiva línea de conducta de Washington, el Consejo Europeo justifica sus acciones con argumentos calcados de los documentos sancionatorios que contra Venezuela y su pueblo ha generado recientemente la administración (del presidente Donald) Trump”, sostuvo.

Agregó que el Consejo Europeo pretende convencer al mundo de un supuesto consenso entre sus Estados miembro para adoptar estas medidas hostiles, cuando la realidad es que las grandes economías europeas ejercieron notables presiones, dejando en evidencia las desigualdades y ausencia de democracia interna en la “unión”.

Señaló que no es “simple coincidencia” que la Unión Europea adopte estas acciones en vísperas de una reunión entre el gobierno y la oposición de Venezuela, fijada para mañana en Santo Domingo, para retomar el diálogo a fin de buscar salidas a la crisis venezolana. “Lejos de contribuir a la concordia y la paz en Venezuela, la Unión Europea ha aprobado decisiones hostiles que sólo procuran el fracaso del diálogo nacional y buscan favorecer a quienes han generado violencia política, muerte y destrucción, como mecanismos para acceder al poder por vías inconstitucionales”, alegó.

“La Unión Europea establece también un peligroso precedente en las relaciones con América Latina, arrogándose la autoridad para sancionar a un país soberano, sólo porque su modelo de democracia popular no calza en los moldes elitistas y corporativos de los regímenes europeos”, agregó.

Asimismo, exigió a la Unión Europea cesar en sus actuaciones “inamistosas” y desmarcarse de la agenda belicista e intervencionista del gobierno estadounidense que “tanto daño ha hecho a nuestro país y al mundo”.

Con las sanciones,los ministros de Relaciones Exteriores del bloque llamaron al gobierno de Maduro a que “restaure urgentemente la legitimidad democrática, incluyendo elecciones libres y justas”, y a la oposición a que “continúe comprometiéndose unida para buscar una solución negociada a las actuales tensiones”.

Las últimas elecciones venezolanas, en las que el gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) ganó en 18 de los 23 estados en los que se eligió gobernador, fueron inicialmente desconocidas por la oposición, que denunció fraude, mientras que veedores internacionales juzgaron normal a todo el proceso. Cuatro de los cinco gobernadores electos del antichavismo juramentaron sus cargos, lo que detonó la fractura de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD).