El Gobierno nacional no cumplió su palabra ni con los gobernadores de su propio espacio. Pese a las declaraciones del mandatario mendocino Alfredo Cornejo, vanagloriándose de haber conseguido mediante negociaciones con el presidente Mauricio Macri que vinos y champaña sigan exentos de la aplicación de impuestos internos, la categoría espumantes se mantuvo en el proyecto de reforma tributaria que ayer fue enviado al Congreso. En la redacción final de la iniciativa champaña y espumantes no fueron eximidos e incluso la alícuota sería de 20 por ciento y no del 17 como se preveía en el borrados inicial, pese a que el Ejecutivo prometió que la exención quedaría incluida en la reforma fiscal. “Ahora no nos queda otra que discutir anualmente el decreto de exención sobre la base de los números de inversión de la actividad”, señaló a este diario Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este. Los espumantes están exentos por decreto y ahora queda a discrecionalidad del Gobierno si se renueva esa situación. Bodegueros en alerta por las inversiones atadas a la exención de impuestos internos.

“El vino y los espumantes no tendrán impuestos internos. Entendemos que hemos sido escuchados”, celebró a su vuelta de Buenos Aires el gobernador Cornejo, quien celebró “la disposición al diálogo” del Gobierno nacional con quien comparte espacio. El mandatario radical se jactó de haber apoyado esa causa “no por su interés sectorial, sino por el interés general de toda la provincia”. Sin embargo, lo que primero fue un error a ser subsanado terminó siendo la redacción final, y champaña y espumantes quedaron  plausibles de ser gravados.

El capítulo de Impuestos Internos del proyecto, que sustituye el artículo 1 de la ley, establece gravámenes, entre otros rubros, a bebidas alcohólicas, cervezas y champañas. “Todas las bebidas, sean o no productos directos de destilación que tengan 10 por ciento o más de alcohol en volumen, excluidos los vinos, serán clasificadas como bebidas alcohólicas a los efectos de este título y pagarán para su expendio un impuesto interno”, señala el artículo 107 de la reforma que sustituye el 23 de la ley actual. Champaña y espumantes tiene una graduación de entre 11 y 14,5. Párrafo seguido se detalla que tributarán con un 20 por ciento las bebidas de “primera clase”, de 10 a 29 de graduación alcohólica, con excepción de whisky, coñac, brandy, ginebra, pisco, tequila, gin, vodka o ron (que pagarían 29 por ciento). Bebidas alcohólicas y analcohólicas (sin alcohol) con azúcares añadidos, tributarían 17 por ciento hasta una graduación de 10, pero también se aclara que quedarían “excluidos los vinos, las sidras y las cervezas”. 

La semana pasada los funcionarios del equipo económico fueron advertidos por parte de los bodegueros de lo que en un primero momento parecía un error de apuro. Sin embargo, en el proyecto de reforma fiscal volvió a obviarse la exención transitoria vía decreto de champaña y espumantes que se renueva todos los años y vence el 31 de diciembre. El tributo previsto en el Capítulo VII del Título II de la Ley de Impuestos Internos alcanza el expendio de champañas, pero desde 2005 se mantiene sin efecto el gravamen si las empresas vitivinícolas demuestran inversiones. “La legislación se inició con un decreto 31 de enero de 2005 sancionado durante el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner y está basado en que el monto a pagar en concepto de impuesto interno debe ser aplicado y demostrarse como inversión realizada”, según recordó ante PáginaI12 el directivo del Centro de Viñateros.  

En el proyecto tampoco se derogan los artículos 33 y 34 de la Ley de Impuestos Internos que trata específicamente en el capítulo VII el caso de la champaña. En la última prórroga que firmó Cambiemos se destaca que “ha propiciado un importante desarrollo en el sector, lo cual se ha visto reflejado en el crecimiento sostenido de la cantidad de litros despachados al mercado interno y externo de vinos espumantes así como de las bodegas fraccionadoras participantes en dicho proceso”. La cantidad de vino espumante despachado al mercado interno pasó desde entonces de 22 millones a 46 millones de litros anuales. Sin incluir la exención en la reforma fiscal, queda a discreción del Gobierno.