Especialistas rechazaron la reforma previsional del Senado
Contra los jubilados
Semino, D’Alessandro y Fernández criticaron el dictamen acordado entre Cambiemos y un sector del PJ. Advierten que la nueva fórmula de actualización empeorará la situación de los adultos mayores.
El dictamen del Senado implicará un retroceso para los adultos mayores.El dictamen del Senado implicará un retroceso para los adultos mayores.El dictamen del Senado implicará un retroceso para los adultos mayores.El dictamen del Senado implicará un retroceso para los adultos mayores.El dictamen del Senado implicará un retroceso para los adultos mayores.
El dictamen del Senado implicará un retroceso para los adultos mayores. 
Imagen: Rafael Yohai

Distintos especialistas en materia previsional rechazaron en duros términos el proyecto de reforma que obtuvo dictamen de comisión en el Senado y que el Gobierno busca aprobar esta semana. Tanto el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, así como el abogado Christian D’Alessandro y el director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP-ATE), Horacio Fernández, criticaron los tres puntos centrales de la iniciativa y remarcaron que la modificación propuesta por el peronista Miguel Pichetto no implica una mejora respecto de fórmula de actualización de los haberes diseñada originalmente por el Poder Ejecutivo, sino que se trata de un intento por suavizar el impacto negativo que generó la medida y evitar una catarata de juicios. “Si se aplicaba la otra fórmula la litigiosidad crece exponencialmente porque contradice la doctrina de la Corte”, advirtió Semino en diálogo con PáginaI12. Según los especialistas, de aprobarse el dictamen los jubilados recibirán en marzo unos 478 pesos menos que lo establecido por la ley actual. 

El plenario de comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado aprobó el último jueves un dictamen con una pequeña modificación al texto enviado por el Poder Ejecutivo. A pedido de Pichetto, se cambió la fórmula de movilidad de los haberes que en la versión oficial implicaba una actualización basada en la inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec, más un plus de un 5 por ciento sobre la variación del PBI. La versión que sugirió el senador rionegrino (uno de los opositores más cercanos a la Casa Rosada) establece que se elimine ese plus por PBI y en cambio, la fórmula esté compuesta, en un 70 por ciento por la variación del IPC y en el 30 por ciento restante por la variación de la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte). Ambas opciones representan una merma significativa respecto de la ley vigente, que en marzo le otorgaba a los jubilados, pensionados y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo un incremento del orden del 12 por ciento. La propuesta del Ejecutivo les daba un 5,2 de aumento mientras que el dictamen firmado arrojaba un 5,7. 

“En la práctica el jubilado pierde por donde se lo mire. El sueldo del jubilado debe guardar estricta proporción a su haber en actividad, es decir, debe haber una sustitución del haber que le permita mantener su mismo nivel de vida a su vejez. Este proyecto, de aprobarse, bajará aún más ese nivel de sustitución y ante una injusticia generada el jubilado afectado podrá sin más recurrir a los tribunales disparando una nueva ola de litigiosidad, cosa que el actual gobierno intentó poner fin en la ley de Reparación Histórica. Eso es grave”, señala D’Alessandro, experto en materia previsional y asesor de la diputada del Frente Renovador, Mirtha Tundis, presidenta de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja.

Otro punto crítico tiene que ver con usar el IPC, que mide el aumento de precios de una canasta de bienes que no refleja la situación de los jubilados. “Por dar un solo ejemplo, los medicamentos para patologías crónicas subieron en 2015 y 2016 un 170 por ciento, la inflación a nivel general de ese período fue un 70 por ciento. Algo similar pasa con alimentos hiposódicos e hipocalóricos, que están fuera de precios cuidados”, remarca Semino, quien trabaja hace más de 30 años en cuestiones vinculadas a la seguridad social. El defensor de la Tercera Edad reveló que la canasta específica para los adultos mayores que hace más de 10 años elabora la defensoría tiene actualmente un valor de 17.500 pesos (incluyendo vivienda), muy por debajo de los 7.246 que cobra hoy.

Además, el informe elaborado por Fernández y el ex diputado Claudio Lozano (Unidad Popular) advierte que la actualización trimestral establecida en el dictamen “atrasa un semestre, condenando a las jubilaciones a retrasarse sistemáticamente en seis meses respecto a la evolución de los precios”. Estas cuestiones se suma que los jubilados que ingresaron por las moratorias no tendrán derecho a recibir el 82 por ciento móvil o que la edad jubilatoria se elevará, aunque voluntariamente, hasta los 70 años para ambos sexos.