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A través de la Comisión de Justicia y Paz, organismo dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la Iglesia Católica expresó su “más profunda preocupación ante la disolución por decreto del Fondo de asistencia directa a las víctimas de trata de personas” creado por ley 27.508 de 2019 y puesto en funciones en octubre de 2021. Entiende el equipo eclesiástico dedicado al tema que la norma democrática que lo creó “representaba una demanda auténtica de víctimas y sobrevivientes, promovida por el Poder Ejecutivo y votada en el Congreso con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y el apoyo de las organizaciones de la sociedadrepresenta un “retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas”,
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“Es un fuerte retroceso”
La Iglesia cuestionó la disolución del Fondo de Asistencia las Víctimas de Trata de Personas
El Gobierno lo disolvió por decreto argumentando crisis económica. El organismo eclesiástico desmiente esa justificación dado que los fondos “no salen el erario público”. Se advierte que la medida lesiona la restitución de derechos de las víctimas e implica abandono de las mismas por parte del Estado.
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