La justicia sanjuanina se apresta a archivar las causas penales por los últimos dos derrames en la mina Veladero, ocurridos en septiembre de 2016 y en marzo de este año. En el primer caso, el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, y solicitó el cierre del caso ante la falta de delito. En el segundo, el juez Oritja aseguró que
“aunque faltan algunas medidas solicitadas, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”. El abogado de los asambleístas jachalenses, Marcelo Arancibia, dijo a este diario que “de la justicia de San Juan no se puede esperar nada. Después del primer derrame de 2015 donde se avanzó sobre los perejiles y no sobre los funcionarios que tenían que controlar ni sobre los empresarios, ha quedado en evidencia que la justicia de la provincia es funcional al gobierno y la empresa que no quieren que se determine el daño ambiental”, y aclaró que “por eso nos focalizamos en la causa que lleva el juez (Sebastián) Casanello por la violación a la Ley de Glaciares”.
El juez de Jáchal con jurisdicción sobre el departamento Iglesia, donde se localiza la mina que explotan la canadiense Barrick y la china Shandong, sostuvo que en el segundo derrame –que se produjo durante la madrugada del 8 de septiembre– “no se comprobó que los líquidos derramados en el valle de lixiviación, hayan llegado a algún curso de agua de la zona”, por lo que “no está demostrada la contaminación”. Además, explicó que en la causa penal que investiga si hubo transgresiones a ley de manejo de residuos peligrosos y la contaminación del agua, “no tiene imputados”.
En cuanto a la investigación por el tercer derrame (el 28 de marzo) cuando se desconectó un caño con “material rico, que no contendría agua con sustancia cianurada sino una mezcla de oro y plata”, según aseguró el gobierno, Oritja dejó entrever que tendría el mismo destino, el archivo, ya que “aunque faltan algunas medidas de prueba que se han solicitado, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”.
