El director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y miembro de la Red Argentina para el Desarme, Julián Alfie, cuestionó enfática al Gobierno de Javier Milei tras la decisión de bajar de 21 a 18 años la edad mínima para poder portar armas de fuego en el país.

Para el especialista, esta política genera una gran preocupación y “no responde a una demanda de la sociedad”, sino, tan solo, a un “dogmatismo fanático” de un Gobierno de extrema-derecha, el primero en considerarse abiertamente como anarcocapitalista que busca destruir el Estado desde adentro.

De hecho, el director del INECIP afirmó que “la mayoría de las encuestas demuestran que la sociedad tiene en claro que las armas de fuego son un peligro y que la libre portación es una política errada para un país que quiere tener menos muertes y violencia”.

Además, recordó que Estados Unidos es el ejemplo claro, ya que es uno de los países con mayor cantidad de homicidios “porque tiene más armas que personas”, con 120 armas de fuego cada 100 personas y su tasa de homicidios es “muchísimo mayor a la de cualquier país desarrollado”.

“Cuando a los argentinos se les pregunta si están de acuerdo, la respuesta es del 80 por ciento que no. Esta decisión responde a un dogmatismo fanático basado en una idea errada de una sociedad basada en el sálvese quien pueda”, lamentó.

Y añadió sobre esta concepción de la seguridad: “Se basan en la idea de que la seguridad se puede resolver de forma individual cuando todas las estadísticas muestran que más armas implican más muertes”.

Pero hay más, porque Alfie lanzó una serie de advertencias: “El Gobierno menciona que era una reglamentación vieja y que lo de los 21 años respondía a que en ese momento la mayoría de edad era esa, pero desconoce o ignora que en todo el mundo la discusión sobre la edad mínima no tiene nada que ver con la cuestión de la mayoría de edad”.

Tras lo que consideró: “Porque hay otras cosas en juego, como si una persona de 18 años con un arma de fuego en la mano no amplía la posibilidad de que se cometa un homicidio en el marco de un conflicto o un femicidio”.

Y finalizó: “Un punto para nada menor, teniendo en cuenta los problemas de salud mental que hay entre los jóvenes y la prevalencia de armas de fuego para cometer suicidios. El Gobierno lo hace en un paso hacia una flexibilización peligrosa”.