El Gobierno está decidido a construir la figura de enemigo interno sobre la comunidad mapuche. Lejos de condenar el abuso policial que terminó con la muerte de Rafael Nahuel, quien fue acribillado por la espalda por efectivos de la Prefectura, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se mantuvo en la senda de la operación para crear la sensación de que se está frente a “grupos violentos y que usan medios violentos, que desconocen la Constitución, el Estado e incluso la propia Justicia”.
Para Garavano, "este grupo (en relación al que tomó el predio en Villa Mascardi) tiene una vinculación con el grupo que afectó la escena del crimen y obstaculizó el accionar de la Justicia en la investigación de Santiago Maldonado".
En declaraciones a Radio Mitre, el titular de la cartera de Justicia sostuvo la hipótesis que propala el Gobierno sobre la supuesta conexión entre grupos radicalizados de Chile, donde la resistencia mapuche tiene una larga tradición, y de la Argentina. "Son grupos que han generado violencia en Chile. Son una 20 personas radicalizadas, que usan una metodología muy violenta y no tienen interés en dialogar con los argentinos", aseguró.
Garavano afirmó que son unas "20 personas" las que permanecen en el predio ocupado, perteneciente a Parques Nacionales. "El desafío que tiene el juez es identificar a estas personas y lograr su detención, en caso de que corresponda", indicó.
En su raid mediático, el ministro lamentó la muerte de Rafael Nahuel, de 22 años, quien falleció el sábado a causa de un balazo ascendente en un glúteo que le afectó órganos vitales y que provino de una pistola 9 milímetros, pero evitó responsabilizar a la Prefectura. “La Justicia tendrá que investigar en qué circunstancias fue, si realmente hubo una agresión y se repelió esa agresión, que es lo que hoy indican los prefectos que intervinieron en el hecho", advirtió. Su par de Seguridad, Patricia Bullrich, había dicho que el Gobierno “no necesita probar lo que hacen nuestras fuerzas de seguridad”.
