"Intervenir en el conflicto para lograr un desenlace pacífico", con ese objetivo se constituyó esta tarde la mesa de diálogo solicitada por los representantes de las comunidades mapuches y el Obispado de Bariloche y avalada por el juez de la causa Gustavo Villanueva, tras el operativo represivo montado por el Ministerio de Seguridad para desalojar a la comunidad Lafken Winkul Mapu, que el sábado desencadenó en el asesinato de Rafael Nahuel. En la mesa, el Gobierno representado por la titular del Instituto Nacional Asuntos Índigenas (INAI), Jimena Psathakis, exigió que los integrantes de la comunidad abandonen el territorio ocupado en Villa Mascardi, lo que fue rechazado por los representantes mapuches, que pidieron alcanzar una resolución al conflicto territorial a partir del diálogo abierto, el cese de la militarización de la zona y la marcha atrás en las causas judiciales abiertas.  

Las negociaciones continuarán mañana desde las 11 en el sindicato de docentes de Río Negro con los representantes del INAI, en el impasse de 30 días de freno al desalojo que ordenó el juez Villanueva, y la incorporación de un representante de Parques Nacionales podría ser una de los caminos para abrir una solución al conflicto, para lo que el primer paso es que el Parque Nacional Nahuel Huapi retire la denuncia de usurpación contra la comunidad. 

Es que en la primera reunión, en la que también estuvieron representantes de la APDH local, la CTA, la CTEP, el colectivo Al Margen —en el que participaba Rafael Nahuel—, y la Universidad provincial, el punto más duro de una posible resolución fue la permanencia en el territorio de la comunidad. 

Psathakis sostuvo, según el comunicado acordado, que como condición para "avanzar en un diálogo en la cuestión de fondo de reclamo territorial", la comunidad debe abandonar las tierras recuperadas en la zona de Villa Mascardi. Esa posición del Gobierno fue ratificada en duro comunicado posterior de la Secretaría de Derechos Humanos, del que depende el INAI, en la que se señaló que en el encuentro "no se firmó ningún acuerdo con los ocupantes ilegales"

Los representantes de la comunidad estuvieron presentes en la mesa, acompañados por la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro y la Confederación Mapuche de Neuquén, entre ellos, la lonko de la comunidad y los dos integrantes que fueron heridos con balas de plomo en el operativo de la Prefectura Naval. Accedieron a dejar el territorio tras un acuerdo, por el que integrantes de organismos de derechos humanos permanecieron en el territorio recuperado. 

La comunidad descartó dejar el territorio y pidió conseguir un acuerdo al reclamo a través de la mesa de diálogo y propusieron una serie de reclamos que se debatirán desde mañana: la urgente desmilitarización de la zona, la garantía de seguridad para las personas que llevan alimentos y abrigo a la comunidad, la liberación y el freno de las imputaciones contras los detenidos Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, que fueron quienes bajaron el cuerpo sin vida de Rafael hasta la ruta 40, tras la represión.  

La comunidad Lafken Winkul Mapu pidió también que el Parque Nacional Nahuel Huapi retiré la denuncia por usurpación y que un representante del directorio de Parques Nacional se sume a la mesa de diálogo. La incorporación de un representante de parques fue uno de los acuerdos que se haría efectivo desde mañana. 

"Parques es un actor clave y es una alternativa para destrabar el conflicto", señaló Alejandro Palmas, integrante de la mesa por el colectivo Al Margen, que acompaña a la familia Nahuel y el pedido de Justicia para quien recuerdan como "uno de nuestros pibes". Palmas resaltó que existen experiencias de co-manejo de territorio en el Parque Nacional Lanín entre las autoridades de Parques Nacionales y las comunidades e incluso una experiencia con una comunidad en el propio Lago Mascardi.    

A la expectativa de la evolución de las negociaciones, Palmas se esperanzó con que la apertura del diálogo permita en principio "la descompresión del conflicto, para que haya más heridos ni muertos".  

Respecto del reclamo de la liberación de los dos detenidos, que hoy iniciaron una huelga de hambre, y el cese de las causas abiertas contra ellos, la representante del Gobierno sólo se comprometió a ofrecer los recursos de la Secretaría de Derechos Humanos para revisar las condiciones de detención y solicitar la visita, que se concretaría junto a una comisión de referentes de organizaciones derechos humanos.  

Otro punto de más fácil resolución es el pedido de intervención de los organismos nacionales y provinciales en temática de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la represión del jueves pasado, en la que las fuerzas de seguridad detuvieron a varios menores de edad de la comunidad y los separaron de sus madres.  

La mesa de diálogo, que continuará en la víspera de la apertura del primer encuentro del G20 organizado por el Gobierno en Bariloche, recibió también el respaldo de el Gobierno provincial y el Consejo Deliberante local, que cuenta con concejales veedores, entre ellos el médico Ramón Chiocconi, quien fue el encargado de revisar el estado de salud de los integrantes de la comunidad heridos de bala por la Prefectura Naval.