Reclamo del CELS a la Justicia por los vetos a participar de la Cumbre
Una persecución preventiva
El CELS solicitó que el Gobierno explique cómo recolectó la información sobre las personas a las que se les denegó la participación en la cumbre de la OMC. Denunció ante la Justicia la detención “arbitraria e ilegal” en Ezeiza de activistas que llegaron por el encuentro.
Jorge Faurie, canciller. Su cartera acusó de “violentas” a las organizaciones civiles y les prohibió participar.Jorge Faurie, canciller. Su cartera acusó de “violentas” a las organizaciones civiles y les prohibió participar.Jorge Faurie, canciller. Su cartera acusó de “violentas” a las organizaciones civiles y les prohibió participar.Jorge Faurie, canciller. Su cartera acusó de “violentas” a las organizaciones civiles y les prohibió participar.Jorge Faurie, canciller. Su cartera acusó de “violentas” a las organizaciones civiles y les prohibió participar.
Jorge Faurie, canciller. Su cartera acusó de “violentas” a las organizaciones civiles y les prohibió participar. 
Imagen: Bernardino Avila

El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) le reclamó al Poder Ejecutivo que informe cómo construyó el listado de personas y organizaciones a las que le denegó la autorización para participar de la reunión ministerial de la OMC en Buenos Aires; cuáles son los antecedentes en manos del gobierno sobre los afectados y las razones por las que, en algunos casos, fueron demoradas en Ezeiza al arribar al país y sólo pudieron ingresar tras la intervención de sus respectivas embajadas. “Las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo afectan derechos como la libertad de expresión, la libertad de opinión y el derecho a la participación, entre otros”, afirma el documento difundido ayer por el CELS, que además resolvió presentar “un conjunto de pedidos de habeas data” ante la Justicia, a través de los cuales demanda a Cancillería “que informe, de manera inmediata, qué datos tiene sobre el grupo de personas excluidas de la reunión ministerial” y cómo los recabó. 

El CELS recordó que la semana pasada se denegó la autorización a participar en la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio -que tendrá lugar entre el domingo 10 y el miércoles 13 de este mes en Buenos Aires- a unas sesenta personas, entre argentinos y extranjeros, cuyas organizaciones ya habían sido acreditadas ante la entidad mencionada. Luego de que esta actitud tomara estado público, el Ministerio de Relaciones Exteriores justificó la decisión en virtud de que dichas personas o sus organizaciones “habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos” (comunicado de Cancillería del último fin de semana). 

El CELS señala que “el texto de la Cancillería evidencia que se realizaron tareas de acopio de información, recolección, evaluación y/o análisis de información personal”. Y recuerda, al respecto, que la ley de Inteligencia Nacional establece que “ningún organismo de inteligencia puede obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

A través de los pedidos de habeas data, El CELS le solicita al gobierno que informe qué datos tiene sobre el grupo de personas excluidas de la reunión de la OMC, para lo cual solicita “registros, archivos, documentos, expedientes, trámites o notas de dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, en particular en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Seguridad de la Nación y/o la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La presentación ante la Justicia, la organización demandante “solicita que se informe qué dependencias y funcionarios evaluaron las acreditaciones y con qué criterios lo hicieron; qué antecedentes se consideraron para negar y/o revocar una acreditación, qué instrucciones se dieron a las agencias del Poder Ejecutivo para recabar información y antecedentes sobre los solicitantes de acreditación, en la Argentina y el exterior”. Por otra parte, el CELS interpuso un habeas corpus preventivo a favor de todas aquellas personas que puedan verse alcanzadas por las decisiones de la autoridad administrativa que impidieron, de manera ilegítima y arbitraria, su ingreso a la Argentina y, sobre todo, acarrean su detención –vía retención– en el Aeropuerto de Ezeiza (…). Se solicitó al juez la protección de la libertad ambulatoria de estas personas conforme a la ley vigente y que se requiera a las autoridades que den cuenta e informen con precisión porqué a estas personas se les obstaculiza el ingreso al país.