–¿Volvería a resolver lo mismo? –le preguntó el diputado radical Mario Negri al juez federal Daniel Rafecas sobre su decisión de archivar la denuncia de Alberto Nisman por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA contra Cristina Fernández de Kirchner, por la que el oficialismo quiere llevarlo a juicio político.    

–Sí, porque no había delito. Lo medité: fue un dilema personal como juez y referente de la comunidad. Pero le di preeminencia a mi deber como juez –fue la respuesta.

Rafecas había sido citado a una audiencia que el Consejo de la Magistratura considera equiparable a una indagatoria en un caso penal. Cambiemos lo acusa de haber dictado una sentencia “fraudulenta”, con “contenido político” e “inusual premura” y le adjudica falta de “decoro”. El juez, sereno, les dijo a los consejeros que si lo van a juzgar por cerrar la causa del Memorándum con Irán también deberían haberlo denunciado -aunque nadie lo hizo– por otras varias decisiones que tomó con el mismo criterio y la misma celeridad pero que afectan a funcionarios del actual gobierno y tenían impulso de la fiscalía. Cuando empezó a enumerar se hizo un silencio rotundo: recordó su cierre de una presentación contra Mauricio Macri y Gabriela Michetti por el Memorándum con Qatar (convenio bilateral al que se derivaron fondos de la Anses), otra contra Macri por la fijación de un precio del dólar inferior al de mercado a través de la emisión de Lebac y deuda pública, el archivo de una denuncia por enriquecimiento ilícito y cohecho contra Elisa Carrió y el de otra denuncia contra el secretario de Derecho Humanos Claudio Avruj. Como si hubiera estado todo sincronizado, mientras transcurría su declaración en el Consejo, en Comodoro Py el juez Claudio Bonadio llevaba la causa archivada por Rafecas a las decisiones más extremas y notificaba procesamientos, prisiones preventivas, y el desafuero de la ex presidenta.

Durante más de tres horas, Rafecas hizo un descargo y contestó preguntas. Explicó que su punto de partida es que “el Estado de Derecho no es el imperio de la uniformidad” y que “la dinámica de los procesos es la divergencia”. Pero insistió en que él mantiene una coherencia en sus criterios en distintos casos en que advirtió “de entrada la imposibilidad de aplicar la ley penal”. La audiencia se hizo en la sala del plenario del Consejo, porque si bien había sido convocada por la Comisión de Disciplina y Acusación, asistieron todos los integrantes del cuerpo. El diputado Rodolfo Tailhade, del Frente para la Victoria, fue el único que habló de lo que estaba pasando en ese mismo momento en la causa por la que se lo estaba cuestionando a Rafecas. Dijo que quien debía estar sentado ahí en su lugar era Claudio Bonadio, a quien calificó como “un juez delincuente y miserable que detiene a opositores a las 2 de la mañana”, en alusión alas primeras detenciones por el Memorándum, que fueron la del ex secretario legal y técnico Carlos Zannini y el dirigente Luis D’Elía.

Rafecas recordó el recorrido que hizo la denuncia de Nisman por encubrimiento contra Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, junto con otras personas: el archivo que él decidió fue convalidado por la Sala I de la Cámara Federal y por un fiscal de la Cámara de Casación, además de haber recibido el respaldo público de numerosos juristas de la talla de León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Julio Maier, Daniel Erbetta (presidente de la Corte de Santa Fe) y Ricardo Gil Lavedra. Incluso se refirió a una opinión del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, que no vio delito. También señaló que, incluso cuando la Cámara de Casación Penal –ya después de la llegada del gobierno de Macri– decidió ordenar la reapertura de la causa y apartarlo a él, no planteó ninguna denuncia penal en su contra ni tampoco remitió actuaciones ante el Consejo por alguna irregularidad, como órgano que evalúa la conducta de los jueces. Simplemente el expediente cambió de juez: le tocó a Ariel Lijo, y la causa que tuvo Bonadio fue una suerte de duplicación del expediente, con un delito distinto y más grave que es el de traición a la patria. Luego todo quedó en manos de Bonadio por una decisión del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, uno de los hombres que manda en Comodoro Py. “Ningún funcionario judicial me imputó acto de negligencia alguno o mal desempeño”, dijo Rafecas.

En febrero de 2015 Rafecas archivó la denuncia de Nisman porque evaluó que el Memorándum nunca se había aplicado, Irán no lo había refrendado, ni se creó una comisión de la Verdad para evaluar el caso y crear una instancia de declaración para los iraníes, ni existió ningún intercambio de petróleo y granos entre Argentina e Irán, ni jamás se levantaron las alertas rojas y órdenes de captura contra los iraníes sospechosos, que de hecho siguen vigentes. Por lo tanto, decía él, los supuestos “actos preparatorios” de un delito, no son el delito. No había, a su entender, nada que investigar.

La denuncia que analiza el consejo fue presentada por Elisa Carrió, en relación al contenido de la decisión de Rafecas, que no le agradó. La jurisprudencia del Consejo y de la Corte impide echar a un juez por el contenido de sus decisiones. La otra denuncia fue presentada por el diputado de Cambiemos Waldo Woff, quien fue vicepresidente de la DAIA: primero, le cuestionó que lo citó junto a otros dos directivos de la entidad, para informarles la decisión de cerrar el expediente; luego dijo que Rafecas lo amenazó a raíz de  una entrevista que le concedió al periodista Nelson Castro, donde lo cuestionó. Según Wolff lo intimidó y hostigó y al final se escuchó una voz de fondo que decía “te vas a morir hijo de puta”.

En numerosas oportunidades y ayer otra vez, el juez explicó su relación histórica con la DAIA, que se debe a sus trabajos académicos reconocidos sobre el holocausto, en la que la institución le dio gran apoyo. En relación a la supuesta amenaza, Rafecas dejó asentadas dos cuestiones cruciales: primero, que hubo una causa penal a cargo de Sebastián Casanello que fue cerrada porque entendió que no había más que analizar que la palabra de uno contra la del otro. Pero lo que enmudeció a los consejeros fue que exhibió un acta que Wolff hizo labrar a un escribano a los pocos días de aquella comunicación donde decía: “la conversación telefónica con el citado juez fue subida de tono, pero sin agravios”. Luego agregaba la referencia a la voz de fondo, pero aclaraba que el juez no lo había agraviado. Rafecas dijo que la conversación existió, y que él le reprochó al diputado que tergiversara los hechos.

Acerca en la premura que le adjudican el oficialismo y la denuncia de Carrió explicó que el Código Procesal establece un plazo de tres días para resolver. El se tomó 13. Recordó que en una causa contra la diputada se tomó el mismo plazo. “Me llama la atención que pese a mi descargo siga en pie esta acusación”, remarcó.

Otro punto que le cuestionan algunos consejeros es que haya incluido la resolución que cerraba la causa una referencia a que Nisman guardaba en su caja fuerte un documento firmado, contemporáneo a la denuncia, que sostenía exactamente lo contrario: grandes elogios Cristina Fernández de Kirchner por su actuación ante el caso AMIA. “Lo que sostuve es que me llamaba la atención como juez que un fiscal, en paralelo con que prepara una denuncia contra un gobierno, mantiene firmados y sellados en caja fuerte una mirada contrapuesta sobre el gobierno al que iba a denunciar”, explicó el juez.

El senador Rozas, que es quien pidió la citación de Rafecas, le hizo preguntas sobre cuestiones que ya había explicado. Incluso llamó la atención de algunos consejeros que el juez le respondía y Rozas volvía con la misma pregunta. Por ejemplo, le preguntó por qué firmó el fallo durante la feria, y Rafecas le dijo que no era la feria, y Rozas insistió sin escuchar que le decía que había sido en febrero. Otros consejeros preguntaron, entre ellos el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, principal impulsor de la ofensiva contra jueces federales. Tonelli intentó llevar las preguntas a un terreno político, pero Rafecas le contestó que se había pronunciado “como juez”. También contó que no era amigo de Nisman pero que se tenían respeto mutuo y que más de una vez pensó que le hubiera “encantado discutir su denuncia en términos jurídicos con él”.

El próximo paso será la elaboración de uno o más dictámenes en la comisión y finalmente el tratamiento en el plenario. El clima de la audiencia de ayer hace pensar como algo improbable que el oficialismo consiga nueve votos (dos tercios) para echar a Rafecas.