El juez federal Claudio Bonadio anticipó el fin de semana largo con una ristra de resoluciones, todas abusivas y contrarias a derecho.
La decisión de mayor gravedad institucional es la prisión preventiva, con pedido de desafuero, para la ex presidenta y hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Buscar un precedente del infausto cargo penal de “traición a la patria” contra opositores políticos (peronistas, siempre) fuerza a remontarse al pasado más de 60 años, durante la Revolución Libertadora.
Los encarcelamientos de Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge “Yussuf” Khalil, injustificados de por sí, cuentan con el aditamento de haberse cometido en condiciones infamantes, con difusión sádica. Un manjar para los medios dominantes.
Completa la lista con la prisión domiciliaria del ex canciller Héctor Timerman y el procesamiento del diputado Andrés “Cuervo” Larroque.
Se acentúa la persecución a la principal fuerza opositora, a la única presidenciable del pan peronismo que fue la candidata opositora más votada el 22 de octubre.
Nada indica que el kirchnerismo sea la única presa codiciada por Cambiemos aunque de momento es la primera y principal. Otras oposiciones, en especial la izquierda con o sin representación parlamentaria y las organizaciones sociales están en la mira. Lo saben sus referentes y militantes que reaccionaron velozmente, en defensa propia.
Para quienes, con candor o mala fe, intentan circunscribir los hechos a la esfera del Poder judicial vale agregar que ayer mismo el juez federal Daniel Rafecas debió concurrir al Consejo de la Magistratura para defenderse en un juicio político impulsado por el gobierno de Mauricio Macri.
El contexto político se completa (y explica) con la escalada represiva e ilegal, que ya se cobró las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Este último, asesinado por la espalda por efectivos de la Prefectura a quienes el Ejecutivo defiende a capa y espada.
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De encubridores a acusadores: Esta columna aborda aspectos que el cronista viene abordando y que se desarrollan en otras notas de esta edición. A ellas remitimos aunque sobrevolaremos varios.
La iniquidad de la prisión preventiva a rivales políticos es un clásico de la etapa macrista. Se la bartolea sin condena, en el mismo comienzo de los expedientes. Funciona como pena anticipada que puede prolongarse durante años. Ayer mismo, comentamos el caso de Milagro Sala, la primera de una lista que amenaza ser interminable.
Dibujar asociaciones ilícitas sirve para agravar las penas potenciales por los presuntos delitos. Construcción meramente intelectual, es sencillo inventarla, probarla sería muy costoso si mediaran garantías al derecho de defensa.
Criminalizar una decisión política, no judiciable, es mala praxis… se ha tornado regla. El Memorándum de Entendimiento con Irán, discutible por cierto, fue aprobado por el Congreso, funcionando regularmente. No produjo ninguna de las consecuencias pretendidamente buscadas por el Gobierno kirchnerista: no hay impunidad para los presuntos terroristas, las célebres alarmas rojas de Interpol jamás se interrumpieron.
Es casi imposible que un Estado entregue a sus nacionales para ser juzgados en otros países. Y, vale la pena consignar, el avance de la causa AMIA II fue entre lentísimo e imperceptible en el extenso lapso corrido entre el atentado y la firma del Memorándum.
El procesamiento mismo es infundado, huérfano de evidencias, colmado de fantasías.
El coctel entre asociación ilícita, acusaciones exorbitantes y prisión preventiva se explica por vindicta política y no por el derecho penal.
Un dato adicional: el diputado Wolf (ex DAIA, hoy Cambiemos) y Bonadio obstruyeron la investigación del atentado en la sede de la AMIA. Su Señoría fue separado de ese expediente por la Cámara. Wolf defendió a capa y espada al ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, que hoy está en el banquillo en el juicio oral por encubrimiento cometido inmediatamente después del atentado terrorista concertado con jueces, secretarios e integrantes del gobierno del ex presidente Carlos Menem.
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Recorridos en dos poderes: El auto de prisión preventiva es apelable pero el recurso no suspende la aplicación de la medida (“efecto devolutivo”, en jerga legal).
La Cámara Federal de Apelaciones debería darle trato preferencial al trámite, por su relevancia. Claro que los términos procesales insumen tiempo, no acortable. La inminencia de la sagrada Feria judicial puede impactar en el desarrollo.
El Senado está próximo a entrar en receso, en lo que hace a las sesiones ordinarias. Macri tiene la facultad constitucional de prorrogarlas o convocar a Extraordinarias, con temario preciso que los legisladores no pueden ampliar.
Cualquier decisión presidencial tendría contraindicaciones porque desnudaría el afán oficial de apurar el tratamiento del desafuero. Además, es dudoso que el Ejecutivo pueda injerir en dicha facultad, exclusiva de la Cámara. Seguramente se debatirá desde ahora si es lícito que los senadores se autoconvoquen.
La aritmética prospectiva es un arte difícil. Para conceder el desafuero se requieren dos tercios de los miembros presentes, 48 si hay quórum pleno. A veces se vota con la mano, otras con la cola asentada (o no) en la banca. En esta ocasión, hurtar el cuerpo sería un rebusque para favorecer al oficialismo (achicando la cifra necesaria para ganar) sin dar la cara.
Cambiemos reaccionó con un reflejo idiosincrático: sobreactuar preocupación y sorpresa. El senador Federico Pinedo se animó a escribir dos tuits cautelosos, en su estilo: propone no apurarse, obrar con responsabilidad y sin partidismos. Palabras edificantes aunque es sabido que Pinedo no participa en la toma de decisiones de la Casa Rosada.
El bloque kirchnerista no se basta solo para frenar la iniciativa. Seguramente contará con la adhesión de algunos senadores “sueltos”, ajenos a las primeras minorías. Tal vez los tres de Santiago del Estero que responden al gobernador re electo Gerardo Zamora, entre varios. Jamás le bastarían.
El bloque peronista definirá, pues, lo que se decida en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en el recinto. Su presidente, Miguel Pichetto, ratificó ayer su palabra, empeñada cuando aprobó el ingreso de Menem a la Cámara. Se opone a desafueros sin mediar sentencia firme (el riojano lleva dos condenas recurridas). No hay motivos para confiar ciegamente en la palabra de Pichetto. Sí debe reconocérsele astucia y sentido de la oportunidad: cuando se pronunció sobre Menem sabía que el pedido de desafuero a Cristina era una fija.
La primera percepción (supeditada a operaciones, presiones sanctas o pecadoras, efectividades conducentes acaso) es que Cambiemos impulsará el desafuero y que no le darán los números. El comunicado del Partido Justicialista (PJ), la presencia de su presidente el diputado José Luis Gioja ladeando a Cristina en la conferencia, los dichos de Pichetto apuntalan la hipótesis más probable.
Como el oficialismo es magistral en el arte de mandarse y retroceder cuando la correlación de fuerzas es adversa, los porvenires imaginables se bifurcan.
En cuanto al calendario, lo más factible (dentro del manto de neblina) es que la candente cuestión se postergue hasta las sesiones ordinarias de 2018.
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El momentum y la espada de Damocles: Cristina Kirchner se mostró calma en la conferencia de prensa, leyó más de lo que acostumbra. Agradeció apoyos de otras fuerzas políticas. Acusó a Macri de ser el mentor de la ofensiva política-judicial, lo pintó como el director de la orquesta en la que el juez sería un instrumentista.
Validó una pregunta sobre el momento del pedido de desafuero: ¿por qué ahora y no durante los dos años en que, por voluntad propia, no tuvo fueros? La interpretación, razonable, es que se la quiere desacreditar y acallar, tenerla con la espada de Damocles sobre su cabeza. Un criterio que relativiza las lecturas excesivamente centradas en lo mediático que se engolosinan con las “cortinas de humo” para contrarrestar escenarios adversos. Dicho de otra manera: la persecución política y la represión a la protesta social son objetivos estratégicos del macrismo, más importantes que la disputa por “las tapas de los diarios” en la que (además) cuenta con sobradas adhesiones incondicionales.
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La democracia sitiada y las reacciones: Cristina se comprometió a tener (y convocó a) una “reacción serena”.
El Gobierno avanza en yunta con el Poder Judicial. Preguntarse si ayer el juez se mandó solo o con acuerdos previos con la Casa Rosada es interesante, digno de abordajes más extensos. Lo cierto es que juegan en tándem y que las resoluciones de ayer son funcionales al oficialismo. Tanto como la brutalidad de la Gendarmería y la Prefectura en el Sur o la policial en Plaza de Mayo el primero de septiembre. La Sala II de la Cámara Federal revocó los procesamientos dictados por el juez oficialista Marcelo Martínez de Giorgi, que se pasó de la raya encarcelando, incomunicando y embargando a ciudadanos del común. De nuevo, el minué en Tribunales es propicio para el afán desmovilizador de la Casa Rosada: las personas de a pie castigadas sin culpa recapacitarán “n” veces antes de ejercer el derecho a reclamar en calles o plazas.
Hemos recorrido el juego parlamentario, la existencia de sentencias que aminoran medidas reaccionarias (la de Milagro, sin ir más lejos). El macrismo no es una dictadura pero sí un gobierno legítimamente elegido que degrada instituciones, manda a prisión a sus adversarios, apalea trabajadores. En un período de cuatro meses generó varias represiones salvajes que se llevaron dos vidas de jóvenes.
Los movimientos sociales y la izquierda convocaron de inmediato a la Plaza de Mayo: entienden que las campanas doblan asimismo por ellos.
Sectores importantes de la oposición no kirchnerista detectan que sacar de la cancha a Cristina con malas artes transgrede un límite infranqueable.
El desafío para esas oposiciones –diversas y a menudo enfrentadas entre sí– es poner coto a las ilicitudes y brutalidades del macrismo sin caer en provocaciones ni bajar la guardia.
El Gobierno, de cualquier manera, es el dueño de la iniciativa, quien conduce las fuerzas de seguridad y las va cebando, el que articula con los integrantes del serpentario de Comodoro Py. Su peor faceta se excitó de modo creciente en los meses recientes.
El número de presos políticos crece, como jamás sucedió desde diciembre de 1983. La historia continuará.
