Representantes de dos familias de la comunidad diaguita Cholonkas, de Campo Belgrano, expusieron en la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Senado de Salta la compleja situación por la que atraviesan desde hace varios años
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, Walter Cruz, junto a los legisladores Luis Altamirano, Sonia Magno, Dani Nolasco, Alejandra Navarro y Esteban D’Andrea. Por la comunidad estuvieron la cacica Eusebia Puca, acompañada por Gabriela Rodríguez y María Guzmán.
Las mujeres relataron que el problema que hoy sufren se originó hace doce años, cuando Guzmán permitió a una familia con siete hijos, que estaba en la ruta 28, quedarse en el fondo de sus tierras hasta que pudieran encontrar un lugar donde vivir. Esa obra de generosidad se terminó convirtiendo en una ocupación y con el tiempo comenzaron actos de violencia física contra miembros de su familia y hasta un abuso sexual, que determinó la condena y encarcelamiento del agresor.
Sin embargo, contaron que al cumplir la pena el agresor regresó a vivir con su familia, violando las disposiciones judiciales sobre no acercamiento y amedrentando a los denunciantes, en una espiral continua de violencia que torna muy difícil la convivencia con las familias Guzmán y Rodríguez.
La cacica Puca indicó que la comunidad cuenta con un relevamiento territorial de los diaguitas que viven sobre la ruta provincial 28, en la margen del río, camino a Lesser, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Salta.
Sin embargo, la comunidad no cuenta con la titularidad registral, ya que las familias afectadas figuran como tenedoras precarias. Puca aclaró que la acción judicial de desalojo planteada tiempo atrás, resultó desfavorable a la comunidad porque, de acuerdo a su visión, los ocupantes consiguieron documentación falsa, avalada por una persona que no posee la representación del sector.
En ese sentido la referenta anticipó que la propia comunidad Cholonka intervendrá en el caso con presentaciones ante la fiscalía y exposiciones ante el Senado, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y las secretarías de Asuntos Indígenas, de Derechos Humanos y de Seguridad de la provincia.
Sobre el final del encuentro el senador Cruz hizo referencia a la complejidad y gravedad del caso, por sus componentes de violencia, usurpación y necesidad de regulación dominial de las tierras. Agregó que el Senado se pone a disposición para acompañar las gestiones que estén a su alcance.
Las comuneras agradecieron haber sido escuchadas, alertaron sobre lo delicada de la situación y pidieron una rápida intervención judicial, reabriendo el caso, para evitar mayores consecuencias.
