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Los números de la secuencia son desgarradores. Eran 65 las personas que vivían en condiciones infrahumanas en el taller textil clandestino de Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito. De ellas, 6 perdieron la vida en el incendio del 30 de marzo de 2006: Juana Vilca, de 25 años que estaba embarazada; Wilfredo Quispe, de 15 años; Elías Carbajal, de 10 años; Rodrigo Carbajal y Luis Quispe, de 4 años; y Harry Rodríguez, de 3 años. Todos de nacionalidad boliviana. Más de 25 niños y niñas vivían hacinados en cuartos separados por cortinas, sin ventilación ni medidas de seguridad.
A pesar del impacto social que generó la tragedia, las responsabilidades judiciales fueron limitadas. Los capataces del taller fueron condenados recién en 2016, pero los dueños del inmueble, quienes se beneficiaban económicamente de la explotación laboral, fueron sobreseídos. En 2022, la justicia les restituyó el edificio, y desde entonces el lugar está en venta, sin ningún tipo de reconocimiento oficial de lo ocurrido allí.
Frente a esto, sobrevivientes y organizaciones sociales han sostenido el reclamo para que el inmueble sea expropiado y convertido en un espacio de memoria. En este proceso se formó la Comisión Luis Viale, que considera que la masacre no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un sistema que sigue permitiendo la explotación laboral y la desprotección de los trabajadores migrantes. Transformar el lugar en un sitio de memoria no solo significará un reconocimiento a las víctimas, sino también una advertencia sobre la persistencia de estas condiciones en la actualidad.
El reclamo no es nuevo. Desde hace años, distintas organizaciones de derechos humanos han impulsado proyectos de expropiación, pero hasta ahora no han logrado el apoyo suficiente en la Legislatura porteña. Mientras tanto, el edificio sigue siendo un símbolo del abandono estatal y de la impunidad que protege a los responsables de la trata laboral.
Más allá de la negligencia judicial y política, la Masacre de Luis Viale es también un reflejo del racismo estructural que sostiene y naturaliza la trata de personas con fines de explotación laboral. No es casual que las principales víctimas de estas prácticas sean quienes provienen de comunidades racializadas. La impunidad no es sólo jurídica, sino también social: en una ciudad donde el trabajo textil clandestino es un secreto a voces, las vidas de quienes cosen la ropa que viste al mercado local parecen valer menos.
Como todos los años, la Comisión realiza una jornada en la efeméride del fatídico día, en frente del lugar donde ocurrió la tragedia, en la calle Luis Viale 1269. Este domingo 30/03, el acto tendrá lugar de 15 a 20 horas.
A 19 años de la tragedia, el reclamo sigue vigente. La ausencia de justicia, la impunidad de los responsables y la continuidad de la explotación laboral en la industria textil dejan en evidencia que el problema no quedó en el pasado. Pero también la lucha por la memoria y la justicia sigue viva, impulsada por quienes se niegan a olvidar.
