Fiscalía y querella apelaron la decisión judicial de otorgar la libertad al hombre investigado por abusos sexuales cometidos en perjuicio de su expareja y dos hijas de ella, en Villa Cañás. Se trata del caso que tiene imputado al agresor de 45 años por diferentes hechos cometidos durante los años de convivencia con las víctimas, en esa localidad de sur provincial. Los recursos fueron presentados en los tribunales de Venado Tuerto por la fiscal María Florencia Schiappa Pietra, quien había solicitado la prisión preventiva el viernes pasado, y por la querellante Carolina Walker, que representa a las víctimas y también solicitó la medida cautelar en primera instancia. Se espera que la Cámara Penal fije fecha para una nueva audiencia.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se indicó que el caso del imputado G. D. O. tiene como víctimas a una mujer que era su pareja y dos hijas de ella, que eran menores de edad cuando comenzaron los ilícitos por los que la semana pasada se realizó la atribución delictiva y el pedido de prisión preventiva ante el juez Leandro Martín, que no hizo lugar a esa solicitud.

Schiappa Pietra señaló que “al comunicar su decisión en la audiencia en la que se debatieron las cautelares, el magistrado valoró el gran cúmulo de evidencia que presentamos para acreditar las conductas delictivas del imputado, avaló las calificaciones penales que propusimos y puntualizó que la pena en expectativa es alta y de cumplimiento efectivo. Sin embargo, planteó que no había riesgos procesales y dispuso medidas alternativas”.

Para la fiscal, “las circunstancias del caso ameritaban que el hombre transitara el proceso judicial privado de su libertad”. Y sostuvo que “sobre todo, deben contemplarse las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan cada una de las personas que sufrieron los abusos, quienes fueron escuchadas por el juez antes de que el investigado ingresara a la sala”, el viernes pasado.

“Al abordar la peligrosidad procesal, el juez no tuvo en cuenta lo manifestado por las víctimas, y con su decisión contradijo toda la normativa vigente nacional e internacional respecto de las obligaciones estatales de garantía en este tipo de casos de violencia de género, de acuerdo a lo establecido en la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, sostuvo Schiappa Pietra.

“El magistrado se basó en que las diligencias comenzaron hace más de un año y se desarrollaron con el hombre en libertad, sin contemplar que el estadío procesal cambió después de la audiencia imputativa”, manifestó la fiscal. “Tampoco tuvo en cuenta que se trata de una investigación proactiva, que por lo tanto demanda tiempos distintos a los de legajos de origen reactivo”, especificó.

En esa línea, "el imputado recibió cautelares que no son suficientes para mitigar los riesgos procesales que tanto la Fiscalía como la querella argumentamos que existen”, dijo en relación a las restricciones y caución impuestas.

Schiappa Pietra manifestó que “los abusos en perjuicio de una de las hijas de la pareja del imputado comenzaron en 2008, cuando ella iba a la escuela primaria, y se extendieron por una década”. Aseveró que “mediante supuestos juegos que en realidad eran vulneraciones a la integridad sexual, el investigado provocó la naturalización de las conductas delictivas”. 

Al respecto, sumó que “todos los ilícitos tuvieron lugar en el domicilio familiar, en momentos en los que la madre de la víctima no estaba allí”. Similar fue el caso de la otra hija de la pareja del imputado, “durante el último tramo de su infancia y los primeros años de su adolescencia”. Y destacó que uno de los hechos ocurrió “en una ocasión de 2017, cuando la segunda víctima ya había alcanzado la mayoría de edad”.

“Por sus características y contexto, lo ocurrido tuvo entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo sexual de ambas víctimas, una de las cuáles resultó con un grave daño en su salud mental”, resaltó la fiscal. También indicó que “en 2016, el hombre investigado abusó de la mujer que era su pareja”. Y expuso que “durante la relación que mantuvieron, el agresor ejerció violencia de género de manera permanente”, y que “controlaba las actividades cotidianas de la mujer, le hacía reproches por celos y la amenazaba con quitarse la vida si se separaban”. A su vez, explicitó que “varias veces, le dijo que los iba a matar tanto a ella como a sus hijos y a cualquier persona con la que ella iniciara un nuevo vínculo sentimental”.