En una jornada administrativa atípica, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, firmó la promulgación de la ordenanza que regula y legaliza el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la capital salteña. La medida, largamente debatida, pone fin a años de incertidumbre legal sobre el uso de plataformas digitales como Uber, Didi y otras en el ámbito local.

El acto administrativo se realizó incluso en un día inhábil para la administración municipal, dado que hubo asueto por el aniversario de la fundación de la ciudad, lo que fue destacado por el propio jefe comunal como una señal del compromiso del gobierno con los sectores que ven en esta actividad una oportunidad laboral. 

En medio de los actos conmemorativos por la fundación de Salta, Durand confirmó ante los medios de comunicación que la ordenanza ya está vigente: “La acabo de firmar esta mañana, porque aunque sea día inhábil municipal, nosotros estamos laburando”, declaró. 

Anunció que la reglamentación saldrá en los próximos días y "ya pasa a ser absolutamente legal laburar con aplicaciones en Salta". Señaló que "esto no tiene vuelta atrás" y significa "un paso para adelante". "No es en contra de nadie, pero sí va a terminar con monopolios y con la posibilidad de que muchos salteños que quieren ganarse un mango salgan a trabajar”, agregó.

Durand, quien asumió la intendencia con un discurso centrado en el empleo y la modernización del municipio, consideró que esta ordenanza responde a una demanda concreta de miles de trabajadores informales que venían prestando el servicio sin cobertura legal. “Hay una cosa en la que nosotros no damos el brazo a torcer y es apoyar al que quiere trabajar”, concluyó.

La discusión sobre el uso de aplicaciones de transporte en Salta no es nueva. Desde 2019, cuando comenzaron a operar los primeros servicios a través de plataformas, el conflicto se instaló en la agenda pública. A lo largo de los años hubo choferes detenidos, allanamientos, autos secuestrados, protestas en el centro de la ciudad y duros cruces entre el sector tradicional del transporte impropio (remiseros y taxistas) y los conductores de las aplicaciones. 

Con la ordenanza ahora promulgada, el municipio busca dejar atrás la etapa del conflicto. Según se anticipó, la reglamentación incluirá un registro obligatorio de choferes y vehículos, requisitos técnicos mínimos para prestar el servicio, y mecanismos de control para garantizar seguridad y competencia leal. 

Tras la  publicación de la reglamentación, se abrirá el registro de conductores. Además, la Municipalidad prepara campañas de difusión para informar a la ciudadanía y establecer los pasos necesarios para quienes quieran incorporarse legalmente a las plataformas. 

La novedad es que el Concejo Deliberante decidió que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Tránsito municipal y no la Autoridad Metropolitana de Transporte, que durante años cuestionó la legalidad de estas plataformas. Aún así, en el Cuerpo, donde la ordenanza fue aprobada días atrás con mayoría simple, se destacó que la iniciativa también apunta a mejorar la movilidad urbana, ofrecer más opciones a los usuarios y modernizar el sistema de transporte en una ciudad que crece cada año en población y extensión.

Continúa el rechazo

La promulgación de la ordenanza fue recibida con preocupación por parte de referentes de taxis y remises. Aseguraron que se genera una competencia desleal si no se igualan las condiciones regulatorias, como seguros especiales, habilitaciones y controles técnicos.

Incluso un sector de los taxistas se movilizó el lunes y el martes en rechazo a la reciente aprobación. El lunes referentes denunciaron situaciones de hostigamiento por parte de efectivos policiales mientras se organizaban para la protesta, ya que sostuvieron que hubo controles excesivos e intimidación hacia quienes convocaban a la movilización.

Los taxistas insistieron en que no se oponen al avance tecnológico, pero remarcan la necesidad de reglas claras y equitativas para todos los actores del sistema de transporte.

Por su lado, desde el municipio afirmaron que el objetivo no es enfrentar sectores, sino, según reiteró Durand: “Queremos que todos tengan la posibilidad de trabajar, pero en condiciones claras y seguras”.