“Hay un desinterés de la vida de las pibas y los pibes pobres”  

Ailen Barbagallo es licenciada en trabajo social con un recorrido de 11 años de trabajo territorial con niñeces y adolescencias. Hoy se desempeña en el Centro de Referencia Territorial de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, que pertenece al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Este organismo tiene la obligación de velar por el cumplimiento de dos leyes: la 13.298 de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; y la 13.634, una ley específica de la provincia de Buenos Aires que reglamenta la Responsabilidad Penal Juvenil.

La ley 13.634 reglamenta los procesos penales de adolescentes entre 16 y 18 años y establece centros cerrados de detención y medidas de acompañamiento socio educativas denominados Centros de Referencia de los que se encarga el Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia. Desde 2018 Ailen se desempeña en uno de esos espacios que trabajan con adolescentes que tienen causas penales abiertas, "eso no significa que estén condenados, hay algunos que tienen una causa iniciada y el Centro de Referencia es el responsable de acompañar a ese adolescente y a esa familia mientras la causa esté vigente”, explica Ailen.

Los adolescentes que concurren a los Centros de Referencia no están privados de libertad, están en sus casas, con sus familias, y deben cumplir determinadas pautas alternativas al encierro que son las obligaciones que establece el juzgado. Se trata de una serie de pautas, como por ejemplo, tener un domicilio en determinado lugar, abstenerse de concurrir a locales bailables, no consumir alcohol y estupefacientes, y también la obligación de concurrir al Centro de Referencia para que Ailen y lxs trabajadores que se desempeñan en allí viabilicen la posibilidad de que ese joven pueda volver a la escuela, hacer algún taller formativo y cumplir tareas comunitarias, en caso que se le hayan impuesto como medida de reparación del daño. “Lo que hacemos es un seguimiento integral de ese adolescente y esa familia para que pueda tener proyectos que estén alejados de volver a incurrir en cuestiones delictivas o de trasgresión a la ley”, explica.

Desde tu experiencia como trabajadora en un centro con adolescentes: ¿por qué la baja de punibilidad no es una solución?

--En primer lugar, hay una cuestión de los números reales que están bastante desfasados del sentido que van imprimiendo los medios masivos de comunicación, de la mano de los gobiernos de turno, que siempre le es muy efectivo para la construcción de ese enemigo interno que es un adolescente de 14 años de los barrios populares y para que la sociedad en general, atravesada por problemas económicos, ponga el foco en un enemigo totalmente vulnerable y no en las verdaderas causas de las problemáticas que tenemos. En ese sentido si miramos los números de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, el primer dato que salta es que sólo el 2,2% de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) - que no quiere decir que a todas esas personas les fue comprobado que cometió un delito - son adolescentes que tienen menos de 18 años y sólo el 0,2% son niños o adolescentes menores de 16 años. Lo que pasa en la realidad está bastante distante de lo que cuenta cualquier medio masivo de comunicación donde hacen como un raíl de todos los delitos que se cometieron en un día y donde está sobredimensionado el rol de adolescentes y jóvenes en esos delitos. De hecho con el asesinato de Kim, que fue muy traumático y que estuvo muy visible en los medios, lo primero que se difundió es que había dos adolescentes implicados, uno de 17 años y otro de 16 y que no iba a pasar nada con ellos. Y en realidad, a ambos se les inició un proceso penal porque hay una figura que se llama medida de seguridad que cuando hay delitos graves de homicidio también se interviene en esas situaciones. Pero lo que no se dijo es que después se comprobó que esa persona menor de 16 años no estuvo en el hecho, hay cámaras que lo sitúan en otro lugar en el momento que sucedió el asesinato, pero ese discurso fue muy efectivo para volver a instalar la necesidad urgente de bajar la edad de punibilidad por ese hecho.

Los adolescentes están atravesades por situaciónes de pobreza estructural...

--Lo que decimos nosotres como trabajadores es que es real que hay un problema de delito callejero donde hay jóvenes menores de 16 años que tienen participación y están atravesados por situaciones estructurales de pobreza, de no acceso a la vivienda digna, de muchos años que no sostienen la escuela, de subjetividades como todas las que vivimos en este sistema capitalista atravesada por parámetros de consumo muy alejados a sus posibilidades. Lo que vemos es que el sistema penal continúa criminalizando la pobreza porque todos los adolescentes y jóvenes con los que trabajamos sí son punibles, al contrario de la idea que construyen los medios.

¿Cómo se soluciona esta problemática?

--Nosotres lo que decimos es que primero hay que solucionar los problemas que tienen los adolescentes, pero además lo que decimos es que se reglamentaron leyes que rompen con el paradigma de patronato y que plantean un sistema donde se garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes, donde sean respetadas sus voces. Se crearon muchas políticas que son efectivas y esas políticas tienen que ver con programas territoriales de acompañamiento, de talleres, de oficios, para construir una posibilidad y una oportunidad para esos adolescentes y jóvenes desde el deseo, desde la posibilidad de proyectarse y no vivir en la emergencia y la inmediatez del día a día por las condiciones precarias en las que viven ellos y sus familias. Estamos en un contexto donde hace muchos años que la clase trabajadora en su mayoría está en trabajos no formales, irregulares, incluso les trabajadores de niñez tenemos sueldos por debajo de la línea de pobreza y las poblaciones con las que trabajamos ni siquiera tienen un salario, un ingreso fijo que les permita la estabilidad de proyectarse.

¿En qué consisten estas políticas?

--Hay mucha diversidad de programas, algunos surgieron al calor de las sanciones de las leyes de promoción y protección y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil específico de la Provincia de Buenos Aires, incluso experiencias previas como el programa Envión (que busca fortalecer el rol socioeconómico, político y cultural de adolescentes y jóvenes de la Provincia de Buenos Aires en situación de vulnerabilidad social), las fueron construyendo les propies trabajadores. La política pública se armó acorde a los estándares internacionales a los que adherimos en la Constitución, y eso lo hicieron les mismes trabajadores construyendo desde la práctica, con todo el saber de las organizaciones de niñeces y adolescencias que son las que venían construyendo en los barrios y dando el debate de la necesaria reforma de las leyes respecto a las niñeces y adolescencias. Ahora, todas esas políticas públicas que fueron surgiendo y que generaron un impacto muy positivo y de ampliación de la territorialidad, estuvieron de la mano de un sistema de construcción neoliberal donde se descentralizaba en los municipios, la provincia transfería recursos al municipio y con contrataciones monotributistas que no permitían una previsibilidad de quienes habitaban esas políticas públicas y con salarios muy bajos. Políticas como hacer talleres en el barrio, dependía de que les trabajadores pongan los insumos para hacer esos talleres. Todo eso, que es lo que sabemos que hace la diferencia y que habilita procesos de transformación, dependía del voluntarismo de les trabajadores y de la posibilidad de sostenerse en un trabajo precario e inestable. Eso lo que hizo es que muchas políticas que fueron muy potentes se vayan diluyendo en el tiempo y que antes de diluirse, surge un nuevo programa para atender a la misma población con los mismos objetivos, pero ese nuevo programa surge con las mismas características estructurales, entonces el devenir termina siendo el mismo. Tenemos varios ejemplos, como el programa Autonomía Joven, que es un programa muy importante porque otorga un ingreso monetario a los adolescentes y jóvenes para la realización de proyectos formativos, educativos o laborales, pero con el devenir del tiempo todos los equipos territoriales se desarmaron y eso quedó también sin terminar de dar respuestas.

¿De qué se trata el nuevo programa que anunció la Provincia de Buenos Aires?

--A mediados de abril el Gobierno de la Provincia anunció un nuevo programa que se llama Entramados, que es para asistir a la población de 14 a 21 años como una forma de atender el problema de adolescentes y jóvenes con causas penales, y ahí lo que se plantea es una articulación entre distintos ministerios, donde está el Ministerio de Seguridad, el Organismo Provincial de Niñez, que es donde yo trabajo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Nos parece que es importante en este momento donde se está dando la discusión de la baja edad de punibilidad, mostrar que desde el poder ejecutivo hay alternativas al tratamiento que no sean desde el poder judicial y el encierro, pero lo que nos da escepticismo es que surja otra vez esta cuestión de un nuevo programa con un nuevo nombre, con unas nuevas articulaciones que no sabemos cómo se va a sostener, porque en realidad eso ya existe, lo que hay que hacer es fortalecer los equipos que existen. Por ejemplo, nosotres que somos un dispositivo territorial, tenemos un solo centro de referencia para todo el Distrito Judicial de Lomas de Zamora, o sea, que trabajamos con adolescentes y jóvenes desde Ezeiza hasta Avellaneda. Somos un equipo de 16 personas con 6 municipios a nuestro cargo y ahí nuestro trabajo tiene que ser esencialmente territorial pero no se contempla ningún tipo de viático, de gasto, de estrategia para que nuestro trabajo sea más esencialmente territorial y no quede anclado en un lugar de un abordaje administrativo de la situación, sino un abordaje integral. Todo eso nosotres lo construimos igual desde el voluntarismo y desde esta cuestión contradictoria de, con sueldos bajos, sacar dinero de ahí para poder trabajar. Como un compañero siempre dice, es como si tuvieras que llevar tu soldadora a la empresa metalúrgica para poder hacer tu trabajo.

¿Qué falta entonces?

--Lo que dicen las leyes ya sancionadas es que tienen que haber mesas interministeriales donde se definan estrategias entre los distintos ministerios para poder abordar las problemáticas y para hacer más accesible lo que es engorroso para todes, que es acceder a un turno, acceder a servicios especializados de salud mental que están totalmente desfinanciados. Sabemos lo que está pasando a nivel nacional con el hospital Laura Bonaparte, pero que eso se replica a lo largo de todo el país y específicamente en las unidades sanitarias que atienden, las psicólogas están totalmente desbordadas y ya no hay posibilidad de conseguir un turno para una atención individual, sino que se aborda todo desde lo grupal por la falta de recursos. No es que nosotres decimos que está mal lo grupal, al contrario, construimos espacios grupales con nuestros jóvenes, pero a veces es muy difícil para un adolescente o un joven que no quiere hablar, que le cuesta un montón expresarse, que se abre con nosotres contando cosas muy duras de su vida y que vemos que es necesario que tenga un abordaje específico desde la salud mental. Dar el paso directamente a un espacio grupal porque no hay una decisión metodológica o pedagógica, es una decisión de la falta de recurso.

¿Por qué crees que se sigue defendiendo la baja de punibilidad?

--Nosotres comprendemos porque también nos pasa que si nos roban un celular en este momento implica una pérdida material importante ante tanta crisis económica. Ahora, realmente hay un desinterés de la vida de los pibes pobres: no les interesan a los gobiernos de turno y los están usando como vidas descartables, vidas de las clases más vulneradas que no pueden tener derecho y acceso real a una vida digna. Muchas veces cuando pienso la realidad con la que trabajo con más distancia, veo que todo lo que hacemos es a contracorriente y con estas contradicciones del Estado que, por un lado, tiene trabajadores como nosotres queriendo acompañar vidas, haciendo trabajos muy profundos de sostener espacios desde nuestra voluntad y, por el otro lado, tenés una decisión de que esos pibes no puedan sostener proyectos educativos porque el sistema educativo cada vez está más fragmentado, cada vez tiene menos recursos entonces eso hace que la escuela no los pueda contener, tenés unidades sanitarias vaciadas, entonces el que esas personas puedan atenderse implica horas de cola en un hospital para sacar un turno, que las mamás tengan que recorrer distintos lugares para poder garantizarse la comida, todo un sistema que hace que esas vidas no importen. Y la baja de edad es como el punto final, es como decir, ‘no solamente no nos importa el sostén de estas vidas sino que las vamos a encerrar’. 

¿Cuál es el argumento que utilizan para socializar esta problemática?

--El discurso o el argumento central es, si hay un sentido común que dice que la cárcel no sirve para las personas adultas, que no sirve para un proceso de transformación ¿por qué va a servir para un niño de 14 años? Ese discurso lo trabajamos con los adolescentes y jóvenes que también están atravesados por el sentido común y fue todo un proceso de debate hasta que uno de ellos dijo: ‘es peor lo que nos están haciendo’. La síntesis que a mí me quedó en la cabeza es que van a generar más violencia porque los espacios de encierro, por más de que los queramos llenar de actividades, cuestiones pedagógicas, que también están muy lejos de la realidad porque son lógicas de encierro donde hay lógicas tumberas, violentas o de disputa del espacio. Si hay un problema donde les niñes y adolescentes tienen conductas violentas y de trasgresión a la ley penal, lo que tenemos que generar es menos violencia, no más. Entonces es una respuesta del Estado que es cara porque es muy caro sostener un lugar de encierro y no es efectivo porque va a generar más violencia. Otra pregunta que hacemos para interpelar en este debate es ¿Cuándo viste una propaganda oficial diciendo que se necesitan trabajadores para trabajar con niñes y adolescentes para organismos provinciales de niñez? ¿Por qué no sucede eso? aún cuando está comprobado que con nuestro trabajo les adolescentes y jóvenes pueden empezar a tomar otras decisiones y económicamente, es mucho más barato nuestro trabajo para el Estado que el sostener un dispositivo de encierro. Todos los años, aunque haya la crisis económica más profunda, los estados nacionales y provinciales sacan pauta oficial diciendo ‘incorporate a la policía bonaerense, anotate y te pagamos desde el primer día’. Ahí hay una decisión política en la que, para las fuerzas represivas siempre hay dinero y eso es funcional para el sistema en general. Nosotres decimos que si realmente se quieren generar políticas públicas que respondan, que contrapesen el discurso de la baja de edad y las políticas de encierro de la juventud, hay que invertir seriamente en los organismos que ya existen y que no sea algo que se cae a pedazos y que los trabajadores estamos ahí sosteniendo como podemos.

¿Cuál es la situación en los centros de detención para jóvenes y adolescentes?

--Los centros están en emergencia total a nivel de infraestructura, a nivel de cantidad de personal y también desde el inicio de estos dispositivos no se ha previsto ninguna política de salud laboral. Para les trabajadores de esos ámbitos tantos años de trabajo en dispositivos de encierro genera una problemática invisible, pero si queremos que haya un buen abordaje es necesario que se atienda también a eso, se necesitan políticas de cuidado de la salud mental de les trabajadores. Además, me parece importante como un objetivo estratégico romper con la individualidad con la que se aborda a los adolescentes y jóvenes. Se aborda a los pibes de forma individual, como si fuera un problema individual, sin embargo, estamos hablando de un sujeto que es esencialmente grupal y colectivo y ahí hacemos todo un esfuerzo por generar espacios grupales que tiendan a proyectos colectivos y que no sea la salida individual que reproduce la lógica que los llevó hasta ahí. En los procesos con los adolescentes y jóvenes la posibilidad de transformación es mucho más cercana si hay organizaciones comunitarias que acompañen estos procesos pero lamentablemente el Gobierno Nacional puso en pie una política de arrasar, desestructurar y criminalizar a las organizaciones sociales y comunitarias que son las que realmente sostienen esa vida en lo cotidiano. Eso me parece clave porque a veces queda escindido el trabajo estatal de lo que son las organizaciones. Lo que está haciendo este gobierno es claramente imponer una política definida contra los pobres y les trabajadores que, en simultáneo, desarticula las organizaciones y les trabajadores estatales que somos les que sostenemos a los sectores más vulnerables.