La gestión de Julio Garro vuelve a estar entre los papeles de la Justicia. En esta ocasión, trece funcionarios que prestaron servicio durante su gobierno fueron imputados en la causa que investiga a múltiples personas que cobraban su sueldo de la Municipalidad y no se presentaban a trabajar.

Según pudo reconstruir este medio, por Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata a cargo de Agustín Crispo, a pedido el del fiscal de instrucción, Juan Condomí Alcorta, llevó adelante allanamientos a los domicilios de los imputados para la recolección de pruebas. Las trece personas envueltas en este escándalo durante la gestión del PRO en la capital bonaerense fueron imputadas por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública y falsa denuncia".

A la cabeza de las figuras procesadas están Oscar Negrelli, ex secretario de Coordinación del municipio, dado que muchas de las personas que percibían sus sueldos y no se presentaban a trabajar estaban nombrados en su área, y Mariano Pérez Aramburu, es director de Personal, investigado a raíz de su responsabilidad en las designaciones del personal municipal.

Dentro del grupo de los imputados, están el ex secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, Néstor Pulichini, junto con el ex concejal de Juntos, Darío Musto. El combo de los trece lo completan Moira Jazmín Valdez, Julio César Brischetto, Romina Villegas, Ricardo Imael Jalet, Martina Aylen Amancay Valdata, Sergio Daniel Lucero, Cristian Rigau, y Facundo Pérez.

En la Municipalidad se ocuparon de resaltar que, apenas asumido el 10 de diciembre, Julio Alak ordenó hacer una auditoría que arrojó, entre otros datos, que Garro les pagaba el sueldo a personas detenidas por homicidios, abusos o robos, también a cientos de trabajadores que sin un su legajo en condiciones, incluso a agentes que habían presentado su renuncia e, incluso, una persona fallecida.

Durante los allanamientos, participó el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y, según informaron, secuestraron computadoras y teléfonos, entre otros materiales.

Así, la gestión de Garro, que tuvo un fugaz paso por el gobierno de Javier Milei como número dos de Daniel Scioli y que fue eyectado tras opinar sobre Lionel Messi, acumula recorrido judicial. Tal como contó Buenos Aires/12 semanas atrás, el mismo fiscal imputó al ex intendente macrista porque junto a un grupo de funcionarios habría orquestado un sistema para autorizar alrededor de 400 desarrollos urbanísticos por fuera de la ley y, en paralelo, avalado la manipulación de expedientes para generar sobreprecios en obra pública.

La auditoría de Alak

Resulta que, tras la investigación interna que encabezó Alak y que recapituló la información de los ocho años de gestión del PRO en la Municipalidad, la nueva gestión comprobó que en ese período ingresaron más de 6 mil agentes. Es el 52 por ciento del total de la planta actual. Respecto a esas contrataciones, el actual intendente de Unión por la Patria aclaró a principios de 2024 que “muy pocos trabajan como servidores públicos o en administración; son contratos políticos, se advierte claramente en el análisis de ingreso, que fue en años electorales, como el 2021 y el 2023”.

De esta manera, los equipos técnicos de Alak constataron que personas detenidas y en cumplimiento de condenas por homicidios agravados, promoción y facilitación de la prostitución de niños y niñas o robo por uso de armas, también figuraban dentro del plantel municipal y cobrando un salario sin prestar ningún servicio.

“Del mismo modo, se comprobó que hubo exfuncionarios que cobraron durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones”, aseguraron desde el actual gobierno platense.

En paralelo, la auditoría interna detectó que a un centenar de agentes municipales con condenas penales como homicidios dolosos, portación de armas de guerra o abuso sexual con acceso carnal, no se les requirió en el ingreso los certificados de reincidencia e informe policial como exige la normativa vigente.

Para coronar el escenario, se constataron 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche que no asistían a trabajar.

Para poder llevar adelante esta labor, la Municipalidad implementó el uso del sistema biométrico para controlar el ingreso y egreso del personal. En el primer día que se implementó hubo un ausentismo superior al 60 por ciento. Entre las distintas delegaciones donde se utilizó este método en el primer día, de los 1.162 empleados que debían registrar su ingreso solo lo hicieron 462.