Tres fiscales rosarinos imputarán hoy al juez federal Marcelo Bailaque por distintas conductas ilícitas en el marco de su desempeño como magistrado. Haber beneficiado al narco Esteban Alvarado, haber derivado fondos a una mutual de su amigo Fernando Wphei y haber participado de una extorsión a un empresario y a un directivo de una empresa de seguros. Paralelamente ayer la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó la remisión de los tres expedientes por los que será acusado formalmente hoy en Tribunales federales de bulevar Oroño al 900 por presuntas maniobras de corrupción, incumplimiento en los deberes de funcionario público y prevaricato. El consejero Álvaro González había pedido hace un mes el envío de los legajos, pero el Consejo recién le hizo lugar ayer. La información solicitada se da en plena etapa de recolección de pruebas contra el juez. De confirmarse los casos expuestos en noviembre pasado por el Ministerio Público Fiscal, Bailaque podría enfrentar un jurado de enjuiciamiento, donde se evaluará una posible sanción o destitución.
En uno de esos expedientes se investiga el vínculo entre el juez Bailaque con los contadores Gabriel Mizzau y Eduardo Semino, en supuestas maniobras de lavado de activos de la organización narcocriminal dirigida por Esteban Lindor Alvarado, actualmente preso. El juez tenía el mismo contador que el narco condenado.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery advirtieron en los alegatos del juicio contra Alvarado que este jefe narco construyó su poder no sólo a partir de la violencia extrema, sino también a partir de la “complicidad del Estado”. Los dos fiscales, que lograron en 2022 que Alvarado fuera condenado a prisión perpetua, fueron los primeros que dejaron expuesto a Bailaque.
En el segundo de esos expedientes se investiga la relación del magistrado Bailaque y el empresario Fernando Whpei, debido a que el juez habría dispuesto el desbloqueo de fondos judicialmente inmovilizados, en favor de una entidad financiera que pertenecía a este allegado. El fiscal federal Federico Reynares Solari le achacó al juez no haber hecho lugar a la recusación en su contra, que habían presentado un grupo de estibadores que indicaba que estaba beneficiando a su amigo, lo que constituía una irregularidad.
En el último de esos expedientes se investiga al juez Bailaque, por el “armado” de causas contra los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto. En este expediente se presentó como “arrepentido” el extitular de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna, quien dio detalles de su relación con Bailaque y como había armado expedientes con el magistrado para obtener beneficios de los empresarios.
Se investiga que el exjefe de la AFIP y Bailaque no actuaron solos, sino que en el fondo de esta trama aparece un engranaje de corrupción en el que participaron operadores judiciales de alto nivel en el país y empresarios que monetizaban “favores”.
La “extorsión” tuvo dos objetivos: cobrar una coima en dólares, aunque la misión principal, según interpretan varias fuentes ligadas al caso, era arruinar la reputación de Iglesias, que en ese momento aspiraba a convertirse en presidente del Grupo San Cristóbal Seguros, una compañía que está entre las cuatro que más facturan en el rubro, y era un hombre fuerte en el Mercado de Valores de Rosario. Después de la extorsión, Iglesias renunció a los dos cargos.
Vaudagna se hizo rico con estas prácticas y ahora confesó todo. Negoció una pena reducida y pagará una multa de un millón de dólares, además de la entrega de una casa en un country. Ahora, su declaración judicial se incorporará al expediente disciplinario contra el juez federal de Rosario, que pese al escándalo sigue en funciones y dicta sentencias a diario.
Recabar toda esa información resulta vital para el avance de la investigación instruida por el consejero González, que se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas. Si se confirman los hechos denunciados, el juez Bailaque podría terminar sentado frente al Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, lugar donde se evalúa el mérito para la destitución de los jueces federales.
