El gobernador Axel Kicillof movió las estanterías de la Legislatura bonaerense este miércoles al enviar un abultado paquete económico que incluye, entre otros puntos, el pedido de endeudamiento, la declaración de varias emergencias y la creación de un fondo especial para destinar a los municipios. Ahora, empieza otra intensa rosca con los bloques del oficialismo y de la oposición.

El texto, que ingresó a través del Senado, pide en sus primeros artículos la autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.045 millones de dólares y para la emisión de Letras del Tesoro por el equivalente en pesos a 250 millones de dólares.

Según Kicillof, el dinero será utilizado para hacer frente a deudas anteriores de la administración bonaerense, como también a financiar obras de infraestructura. Indicó que la administración de María Eugenia Vidal tuvo autorización para tomar deudas por montos mayores a 3.500 millones de dólares.

Estos puntos habían quedado pendientes de aprobación desde el año pasado, cuando fueron incluidos en la Ley Impositiva que no se aprobó en la Legislatura. Para alcanzar luz verde, requerirá de los dos tercios de los votos.

El guiño a los intendentes llega en el artículo 3, en el que se dispone la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, recursos que no podrán usar para financiar gastos corrientes.

De aprobarse, el Poder Ejecutivo destinará 8 por ciento del endeudamiento para este Fondo, que se repartirá entre las comunas de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD).

En otro plano, la iniciativa apunta a suspender hasta el 31 de diciembre de este año, el cobro de las deudas que mantenían los municipios por dos fondos específicos otorgados durante la etapa de la pandemia.

Esto llegó justo cuando la Cámara de Diputados se disponía a tratar un proyecto consensuado entre los bloques que condonaba esas deudas y que había generado tensiones al interior de Unión por la Patria.

El proyecto del gobernador incluye, además, la declaración hasta el 31 de diciembre de 2026 de siete emergencias, que habían vencido en marzo último. Se trata de aquellas en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética. Esto permite a las carteras afectadas, poder tomar medidas y realizar contrataciones de un modo más laxo que en las situaciones regulares.

En ese contexto, encomienda al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a llevar adelante el proceso que culmine con la implementación de la revisión tarifaria integral del servicio de energía eléctrica, “que le permita alcanzar los acuerdos de entendimiento para resolver de modo armónico las cuestiones suscitadas con las empresas concesionarias durante la emergencia energética, confiera sustentabilidad a la prestación del servicio con la normalización de la etapa de transición tarifaria”.

El texto incluye, además, la creación de 489 cargos para el Poder Judicial, 1.500 para el Servicio Penitenciario y otros 260 para el área de Niñez y Adolescencia, al tiempo que suma 5 mil horas cátedra para la escuela secundaria.

El gobernador justificó el envío de la iniciativa al señalar “un contexto caracterizado por una significativa complejidad e incertidumbre macroeconómica y social a nivel nacional” y que “la provincia de Buenos Aires no está al margen de esta realidad”.

“A la inequidad estructural que sufre la Provincia en la distribución de fondos coparticipables, se suma el deterioro de la situación fiscal, producto del recorte de transferencias obligatorias no automáticas y de la aplicación de medidas nacionales de ajuste económico. Sumado a esto, se atraviesa un proceso de cambios de administración y políticas tributarias del Gobierno nacional, que inciden de forma directa sobre los ingresos que reciben la Provincia y los municipios”, dijo.

En su misión por contentar a los jefes comunales, el gobernador agregó que, al igual que la Provincia, “los municipios también se encuentran afectados por la situación de deterioro macroeconómico, tanto por la calda real de la recaudación nacional de los impuestos coparticipables en línea con la recesión económica, así como por la reducción drástica de la obra pública a nivel nacional y de transferencias de Nación a la Provincia, que confluyen en un escenario de debilidad de los municipios para enfrentar los desequilibrios generados por este panorama económico”.

Según los datos del Ejecutivo, en el año 2024 por efecto de la caída real de la coparticipación federal los municipios perdieron alrededor de 240 mil millones de pesos.

“Ante este panorama es que se vuelve indispensable contar con las herramientas necesarias para fortalecer las capacidades del gobierno provincial y hacer frente a las demandas emergentes, optimizando el uso de los recursos y orientando el gasto hacia políticas públicas que permitan dar una respuesta oportuna y adecuada a las necesidades más urgentes de la población y al sostenimiento de inversiones en los municipios de la provincia”, cerró el mandatario.