Tres de los policías detenidos a principios de esta semana por malversación de caudales en la carga de combustible de patrulleros recuperaron la libertad ayer; mientras que el resto de los agentes y civiles arrestados en la causa irá a audiencia imputativa el martes. Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), "luego del relevamiento de elementos, documentación y evidencia de descargo", se pudo establecer que "tanto Francisco T. como Ramón S. (agentes policiales) no intervendrían directamente en la maniobra". Más tarde, se sumó la liberación de Davina P. debido a que "conforme las tareas de inteligencia realizadas, habría concurrido a la estación por tareas vinculadas a su labor que serían ajenas al (tema del) combustible".
Tras los allanamientos y detenciones del lunes pasado, Fiscalía dio a conocer que tres de los policías arrestados no serán parte de la audiencia imputativa de la semana que viene, en el marco de la causa por maniobras en la carga de combustible de patrulleros. Ante ello, los agentes quedaron en libertad. Además, sostuvieron desde el MPA que "no se advierte que puedan entorpecer la investigación”.
Los demás continúan arrestados y serán imputados el martes por el fiscal José Luis Caterina. Se trata de Mario B., Rodrigo D., Gerardo R., Nancy P., Sergio L., Juan V., Juan P., Javier A., Fernando C., Jorge D., Gustavo B., Franco C., Fabián F.,. Y los civiles Mónica B., Daniel R., María D. F. y Oscar C., quienes -como publicó este diario días atrás- están vinculados a la empresa Gas Auto Tiferno, investigada por las maniobras realizadas en la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900, un comercio actualmente clausurado y ubicado a poco más de diez cuadras de la sede de la Jefatura de la URII de Ovidio Lagos al 5200.
El lunes pasado se realizaron 38 allanamientos en el marco de una investigación judicial que comenzó a mediados del año pasado por sobrefacturación de combustible para los móviles, que terminaron con la detención de una veintena de personas, 13 de ellos policías con jerarquías, además de la intervención por tres meses de la Unidad Regional II. Al día siguiente, se sumó el dato de que "el daño es una suma estimada en 45 millones de pesos mensuales o bimensuales".
La audiencia donde se brindarán los detalles del caso será el martes por la mañana, en el Centro de Justicia Penal, y estará a cargo del juez Pérez de Urrechu.
