La Comisión provincial por la Memoria (CPM) apuntó contra el proyecto oficialista, que reforma del régimen penal juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años, por buscar cambiar la legislación cuando son “ínfimos” los casos de menores que cometen delitos graves tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país.

El secretario de la CPM, Roberto Cipriano, tiene datos. En diálogo con Buenos Aires/12, señala que de los aproximadamente 4 millones de menores de 16 años que viven en la provincia “actualmente hay 71 detenidos por delitos graves, 24 de esos por homicidio, 8 por tentativa de homicidio, 47 por robos agravados y dos por abuso sexual”.

En su detalle, advierte que en Buenos Aires existen 1.036.000 investigaciones penales de adultos y las investigaciones penales de jóvenes son sólo 23.846, lo que implica que la incidencia de casos de menores que cometen hechos delictivos es mínima con relación a la cantidad de adultos que delinquen.

El Ministerio Público bonaerense reveló que la participación juvenil en el delito constituye apenas el 2,25 por ciento del total provincial. Es decir, remarca Cipriano, se busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años, cuando “hay verdaderamente muy pocos pibes menores de 16 que comenten delitos graves en la provincia de Buenos Aires”, y hay distritos directamente con cero casos.

Siguiendo los datos, el último informe de la Procuración provincial, las investigaciones por homicidios dolosos que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil comenzó en 2024 fueron sólo 70 sobre un total 814. Es decir, sólo un 8,6 por ciento.

El acento sobre el recorte no es menor ya que los casos que escalan en la agenda pública y generar el clima de opinión epocal que luego se utilizan como base argumentativa para quienes exigen un endurecimiento de las penas y las bajas en las edades de imputabilidad tienen a menores protagonizando robos seguidos de muerte en la vía pública.

Tomando los 462 homicidios dolosos, sin discriminar edades, ocurridos en la calle durante el año pasado, apenas el 14 por ciento estuvieron precedidos por intento de robo.

En medio del debate y con los números sobre la mesa, Cipriano sostuvo que no es cierto que hoy "no pase nada" con los jóvenes menores de 16 años que comenten delitos graves. “Esos pibes no escapan a la acción de la justicia. Están encerrados en los mismos institutos de jóvenes donde están los que tienen entre 16 y 18 años”, contó.

Actualmente, la Ley 22.178 tiene un articulo que establece medidas especiales para los casos de menores de 16 que cometen delitos graves, donde los jóvenes no punibles quedan a disposición de un dispositivo que depende de la justicia civil y no de la justicia penal. Es decir, se interna de forma provisoria a estos adolescentes en lugares con condiciones de encierro semejantes a las de una detención de cualquier mayor de 16 años.

Los riesgos de la mirada punitivista 

Cipriano manifestó que abrir el sistema penal a los niños y niñas de 14 años va a generar que más jóvenes queden detenidos en lugares donde “se vulneran derechos cotidianamente” y donde no se prioriza que los menores son una población en pleno desarrollo.

“En la actualidad son 680 pibes menores de 18 años los que se encuentran detenidos en la provincia y a ninguno se le garantiza el acceso a la educación, o acceso a la formación laboral. Están en lugares cuyas condiciones de detención son inhumanas y con regímenes de mucho tiempo de aislamiento en celda”, alertó.

El texto que logró dictamen en las comisiones de Legislación Penal, Familia, y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, busca llevar la edad, a partir de la cual se puede procesar a una persona, a 14 años y no hace distinción alguna entre un joven de 14 y uno de 17 a la hora de evaluar la pena correspondiente. Además, establece la pena máxima en 15 años, lo que significa que un adolescente de 14 condenado por un delito grave podría recibir una pena mayor a su propia edad.

De aprobarse en el recinto, la cárcel será la respuesta principal frente a cualquier tipo de delito y si bien es cierto que el texto consensuado prevé “espacios acondicionados especialmente” se descree que habrá un lugar y un trato diferencial para los más jóvenes. “No va a existir un tratamiento diferencial o propuestas de resocialización para esos pibes porque no existe en los sistemas de encierro de la Argentina”, aseguró Cipriano, y sentenció: “Son falacias”.

En este sentido el abogado y psicólogo social manifestó qué si el proyecto se convierte en ley, va a profundizar el proceso de “adultización y carcelización” que se viene dando desde hace años. Los centros especializados de jóvenes “se convierten en cárceles de adultos, y se da un proceso de carcelización” donde se iguala a las personas menores con las mayores, por lo que caracterizó al texto de “regresivo”.

“Se plantea resolver la problemática a partir de políticas punitivas cuando en realidad hay que resolver con políticas sociales y políticas educativas. Hay que llegar antes frente a esas situaciones de vulnerabilidad que llevan a los pibes al delito”, agregó.

La mirada punitivista parece no contemplar un grave problema relacionado con muchos de los adolescentes que delinquen, que tiene que ver con los consumos problemáticos. El secretario de la CPM advirtió que "en el caso de la provincia de Buenos Aires, los centros de prevención de adicciones son lugares que están debilitados, que están con poco personal y con serias dificultades para poder enfrentar los problemas que llegan”, por lo que marcó la necesidad de que se piensen y se pongan en marcha dispositivos públicos para contener a esos menores.

“Se necesitan dispositivos públicos que den respuesta y eso es lo que no hay. Frente al retiro del Estado florecen las comunidades terapéuticas privadas, y ese es un nicho de negocios sin ningún tipo de control del estado”, aseguró, alertando sobre ciertas comunidades terapéuticas de la provincia que al no tener control estatal “someten” a los jóvenes. “Lo que estamos viendo en las inspecciones que hicimos, son violaciones a los derechos humanos tremendas, donde los adolescentes no tienen ningún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico”, agregó.

“Cualquiera médica a los pibes, están sobremedicados, encerrados, en aislamiento permanente, o con situaciones de mucho sometimiento”, detalló sobre la situación que padecen los jóvenes que se encuentran internados en algunas comunidades terapéuticas privadas.

Cipriano también manifestó su preocupación por los servicios locales de niñez que “son los que tienen que llegar frente a una situación de vulnerabilidad, pero están desmantelados, o tienen profesionales mal pagos” y cargó sobre las modificaciones a la ley que no plantean fortalecer las instituciones que trabajan para que esos pibes no caigan en el delito, sino que “se destinan grandes sumas a la seguridad y no se esta haciendo lo propio con las niñeces”, concluyó.

El dictamen impulsado por el Ejecutivo y acompañado por otras bancadas cercanas al oficialismo propone una serie de modificaciones que según manifestaron durante el trabajo en comisiones las organizaciones de derechos humanos y los especialistas en infancias, van en contra de la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, y consideraciones señaladas especialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Argentina.

La iniciativa que logró dictamen fue acompañada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica, y superó en firmas al dictamen de Unión por la Patria, que mantenía a los 16 años como umbral mínimo de punibilidad.

Además de la CPM, otras organizaciones repudiaron el dictamen de mayoría que se aprobó en la cámara baja y que quedó listo para tratarse en el recinto, es el caso de la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia de Argentina que advierte “los pibes no son peligrosos, sino que están en peligro”.