“Nosotras fuimos trabajadoras sexuales porque fue lo único que nos dejaron hacer, pero, después, no jodemos a nadie. Nosotras queremos nuestra felicidad, nuestra vida, formar nuestra familia como todo ser humano”, dice Patricia Rivas, travesti de 59 años, sobreviviente de la dictadura y también de la represión estatal que enfrentó el colectivo travesti y trans aún cuando Argentina había alcanzado la democracia. Rivas, por ejemplo, asegura haber pasado detenida la mitad de su vida.
Ahora, ella es parte de un grupo de personas travestis y trans que ha escrito un proyecto de ley con el fin de buscar una reparación histórica por la persecución, la violencia institucional y las privaciones de libertad causadas al colectivo hasta la década de 1990, a través de los Códigos Contravencionales y de Faltas, por su identidad y expresión de género.
El sábado pasado, en el marco de un debate organizado por el colectivo Las Históricas Argentinas Sobrevivientes, Rivas y otras autoras de esta ley que pretenden presentar este año al Congreso de la Nación, se reunieron en el barrio del Abasto para debatir sobre las deudas del Estado argentino para las identidades travestis y trans, las principales demandas, los logros que este colectivo en lucha ha alcanzado y los retos mientras el país es gobernado por la ultraderecha.
El proyecto de Ley de Reparación Histórica Travesti-Trans es el primero elaborado únicamente por personas travestis y trans, de acuerdo con Las Históricas Argentinas Sobrevivientes. Este colectivo, junto a más de 60 organizaciones a nivel nacional, se ha encargado de redactar la ley, cuya principal diferencia respecto a otras iniciativas de leyes similares que se han presentado desde 2014 en el Congreso de la Nación y que no han prosperado, es que está elaborada únicamente por identidades trans masculinas y femeninas de todo el país. “Está hecha y está escrita por nosotras, no por heterosexuales. Nada más que nosotras y nosotros podemos contar lo que verdaderamente nos pasó”, precisa Rivas.
Hasta el momento, solo la provincia de Santa Fe cuenta con una Ley de Reparación Histórica Travesti-Trans que, entre otros puntos, establece una pensión mensual para las que fueron privadas de su libertad por su identidad y expresión de género.
El proyecto de ley que el colectivo llevará a discusión al Congreso es de carácter federal y busca, de acuerdo con Rivas, que el Estado argentino pida disculpas públicas por el “genocidio, exterminio y persecución sistemática” de las travestis y trans, y que también pueda otorgar a las identidades trans mayores de 50 años un monto de dinero equivalente a una jubilación.
“Podemos hablar de detalles cuando esté el proyecto armado. Vamos a hacer una presentación de la que se van a enterar todos cuando ya lo tengamos definido. Faltan poquitas cosas por definir”, señala, por su parte, Erika Noemí Moreno, una militante cordobesa que tuvo que exiliarse en Tierra de Fuego a causa de la represión estatal.
Una reparación que no llega
En noviembre pasado, 13 sobrevivientes de la violencia institutional demandaron al Estado ante la Corte Suprema de Justicia para pedir, a través de un amparo, que la travestis y trans mayores de 50 años puedan acceder a una pensión o jubilación, un derecho del que actualmente gozan solo las personas cisgéneros. Este amparo fue presentado por el Archivo de la Memoria Trans y el respaldo legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y ha ido sumando los legajos policiales de varias víctimas.
Rivas fue una de las demandantes, pero a seis meses de haber presentado el amparo habla de pocos avances: los abogados del Estado alegaron que las travestis y trans no tenían el poder legal para iniciar el proceso, aunque lo hicieron por medio del Archivo y del CELS; luego, otra de las observaciones de los abogados estatales, según Rivas, fue que el CELS no tenía la personería jurídica necesaria, cuando sí la tiene. De momento, el amparo sigue su curso y ya ha sido designado un juez y una sala, pero las demandantes continúan a la espera de que las citen a declarar.
“La justicia es lenta, no va a nuestro tiempo. Espero que no sea tan lenta y nos den el reconocimiento”, agrega la sobreviviente.
Por la violencia estructural que enfrentan las personas trans en América Latina, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indican que este colectivo no sobrepasa los 35 años de vida. En Argentina, hay avances legales para la diversidad sexual que están en peligro. El gobierno de Javier Milei ya reformó la Ley de Identidad de Género para prohibir la hormonización de los y las menores de 18 años; y, en medio de su política de ajuste fiscal, también ha despedido al menos a 900 personas travestis y trans contratadas bajo la Ley del Cupo Laboral Travesti-Trans, según estimaciones de las organizaciones.
El 24 de mayo, como vienen realizando desde hace tres años, el colectivo travesti y trans realizará un encuentro plurinacional en la Plaza de Mayo. A diferencia de años anteriores, este no habrá marcha, solo una concentración que comenzará a las 14 horas, por temor al protocolo antipiquetes del Gobierno Nacional.
