A partir del 1 de junio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá en marcha un nuevo régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias. Según la agencia de recaudación, el objetivo será facilitar el cumplimiento tributario de más de 390.000 contribuyentes autónomos en todo el país y reducir la carga administrativa del sistema actual. La principal novedad es que ya no se considerarán los consumos personales ni será obligatorio declarar el patrimonio. A partir de ahora, el foco estará puesto en la facturación y los gastos deducibles. En la práctica la medida es una forma de blanqueo encubierto y beneficia a quienes evadieron previamente.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el jefe de ARCA, Juan Pazo. El nuevo régimen se implementará a través del sitio web de ARCA, requiere la adhesión previa del congtribuyente y aplicará para las declaraciones juradas del período fiscal 2025, que se presentarán en mayo de 2026.

“El nuevo régimen tiene como foco la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos”, explicó Pazo. Hasta ahora, las personas físicas debían completar una declaración jurada, con ingresos, egresos y un detalle exhaustivo del patrimonio al inicio y al final del año. A su vez, debían justificar la diferencia entre los bienes que poseían al comenzar y al finalizar el período. Ese componente patrimonial es el que será eliminado.

Con este cambio, ARCA le presentará al contribuyente un cálculo estimado del impuesto a pagar en base a los datos de facturación y de las deducciones. Cada persona podrá revisar ese monto, aceptarlo o rectificarlo si detecta errores o diferencias. “Es una herramienta más simple y más rápida, que cambia la matriz de fiscalización del sistema actual”, afirmó el funcionario.

El nuevo esquema busca dar mayor previsibilidad, transparencia y reducir los tiempos y costos que implica cumplir con el Impuesto a las Ganancias. Para muchos autónomos, especialmente profesionales y pequeños prestadores de servicios, esto representa un alivio frente a un régimen que venía siendo cada vez más complejo.

Uno de los puntos clave del nuevo sistema es que ARCA ya no exigirá a los ciudadanos detallar sus consumos personales, ni a los vendedores enviar esa información al fisco. Tampoco será necesario informar el valor de los bienes al inicio y al final del año fiscal, lo que elimina de hecho la obligación de justificar incrementos patrimoniales.

Esto supone un cambio profundo en la lógica del control fiscal. “Hoy ARCA cruza ingresos, consumos y activos para verificar la consistencia de la declaración. El nuevo régimen dejará de lado esas herramientas”, explicó Sebastián Domínguez, tributarista y CEO de SDC Asesores.

Domínguez advirtió que, si bien el cambio favorece al contribuyente al simplificar la declaración, no lo exime de evaluar sus riesgos fiscales. “Aunque no se presente la justificación patrimonial, cada persona debería seguir elaborándola de forma interna para evitar problemas si ARCA decide auditar determinadas operaciones”, aconsejó.

Desde el punto de vista de la administración tributaria, este nuevo esquema representa una pérdida de poder de fiscalización, según analizaron especialistas en contabilidad. Hasta ahora, si una persona utilizaba dólares no declarados para adquirir un bien y ese gasto no coincidía con sus ingresos declarados, el sistema arrojaba una alerta por “incremento patrimonial no justificado". Pero esa instancia de control desaparece con el nuevo régimen.

Para implementar el cambio, el Gobierno enviará al Congreso dos proyectos de ley. Uno de ellos reformará la Ley de Procedimiento Tributario para, entre otras cosas, reducir el plazo de prescripción de las deudas fiscales, que hoy es de cinco años. También se podrían modificar las normas vinculadas con la justificación patrimonial y los mecanismos de fiscalización.

La nueva declaración jurada se asemejará al modelo que rige en países como Estados Unidos, donde las personas solo informan sus ingresos y deducciones, sin tener que justificar cómo financiaron sus gastos o qué patrimonio poseen. De prosperar la iniciativa, se trataría de uno de los cambios estructurales más importantes en el sistema tributario argentino de los últimos años. Aunque algunos expertos señalan que podría abrir espacios para la informalidad, el Gobierno apuesta a que la simplicidad incentive el cumplimiento voluntario y reduzca la evasión.