El informe de gestión 2024 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que la fiscal General de la provincia María Cecilia Vranicich presentó esta semana en la Legislatura, da cuenta de que el año pasado se iniciaron casi 11 legajos diarios por presuntos delitos cometidos por policías o personal penitenciario, tanto en ejercicio de sus funciones como fuera de ellas. De acuerdo los datos incluidos en el documento de 200 páginas, el sistema informático de las Fiscalías arrojó que en el primer año de la gestión de Unidos “se generaron en la provincia de Santa Fe 3.989 legajos con las valoraciones político criminales ‘policía o penitenciario presunto responsable’” de la comisión de un delito en ejercicio de sus funciones o no, “incluyendo hechos consumados y tentados”. Pero no siempre el crimen tiene castigo. El mismo documento revela que sólo el 10% de esas investigaciones llegaron a audiencia imputativa (390 durante el año pasado), y algo más del 1% derivó en condenas (44). “La Unidad de Violencia Institucional genera unos 4.000 legajos, pero fíjese cuántas sentencias tienen. No tienen nada, archivan todo”, dijo a Rosario/12 una fuente del sistema penal, que no integra del MPA y pidió reserva de su identidad. Si bien los números más conocidos son los que muestran el notable descenso de homicidios intencionales ocurrido durante el año pasado, otros delitos, como el abigeato, muestran en cambio un crecimiento también destacable. De 998 legajos generados en 2023 se pasó a 2.422 un año después.

Delito de uniforme

El informe de gestión, que la cabeza del MPA debe presentar en forma anual por exigencia legal, muestra en el apartado sobre “Indicadores institucionales de desempeño sobre delitos cometidos por funcionarios policiales o penitenciarios” que durante 2024 se generaron 10,9 legajos de ese tipo por día. No puede distinguirse si se trata de un aumento, descenso o mantenimiento estable de esa clase de infracciones a la ley penal porque el informe del año anterior no contiene detalles al respecto. Tampoco el de 2022.

En cambio, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal sí lleva un registro, pero sólo incluye lo que se denomina “violencia institucional”, que son casos de torturas, maltratos y lesiones a personas privadas de la libertad, tanto en comisarías como en prisiones gestionadas por el Servicio Penitenciario de Santa Fe. El de 2024 está elaborado, pero aún no conoció la luz, dijeron a este diario fuentes del organismo.

De acuerdo al informe publicado por el MPA, de los 3.989 legajos generados en las cinco fiscalías regionales durante 2024 por presuntos delitos que involucran a policías o personal penitenciario, casi la mitad se produjeron en Rosario que, lógicamente, concentra la mayor cantidad de uniformados tanto por densidad poblacional cuanto por necesidades de la política criminal y carcelaria.

“La Fiscalía Regional 2 (Rosario) concentra el 46,4% de los casos y la Fiscalía Regional 1 (con sede en Santa Fe ciudad) el 40,3%, detalla el informe, para agregar que “luego le siguen las regionales 5 (sede Rafaela), 4 (Reconquista) y 3 (Venado Tuerto) que registran el 8,8%, 2,3% y 2%” de esos casos.

La mayoría de los funcionarios públicos policiales o penitenciarios a los que se les inició un legajo penal el año pasado estaban en funciones, de acuerdo al detalle estadístico presentado por Vranicich a la Legislatura. “Es importante mencionar que del total de 3.989 legajos analizados se puede identificar que en el 93% (3.730 CUIJ -Clave Única de Identificación Jurídica-) se investiga a funcionarios policiales o penitenciarios/as en ejercicio de sus funciones”, señala el documento.

Investigación y ¿castigo?

Si bien el número de legajos generados que involucran a policías y penitenciarios representa casi diez investigaciones diarias, la efectivización de esas denuncias en audiencias imputativas es significativamente menor, del orden del 10%.

Dice el informe: “En el año 2024 se realizaron 390 audiencias en legajos con las valoraciones político-criminales policía o penitenciario presunto responsable” de delitos penales. La fuente antes mencionada sugiere que se trata en su gran mayoría de “casos de corrupción policial y mucho menos de violencia institucional”, que no es una preocupación del Gobierno, aunque carezca de fundamental legal para no investigarlos. El detalle indica que “más de seis de cada diez tuvieron lugar en el ámbito de la Fiscalía Regional 2 Rosario (67,8%) y le sigue la Fiscalía Regional 1 Santa Fe (18,5%%)”.

En cuanto a los casos que llegaron a condena durante 2024 –que incluye investigaciones que pueden haberse iniciado en años anteriores- se registraron 44, poco más del 1% de las causas iniciadas. El 40,9% correspondió a personas sentenciadas en Rosario, mientras que el 30% de los veredictos condenatorios se dictaron en Santa Fe.

En el mismo período de tiempo, el MPA reportó que se aplicaron suspensiones de procedimientos a prueba (comúnmente conocido como probation) para más de 12 funcionarios policiales o penitenciarios que cometieron delitos.

Bandidos rurales

Uno de los delitos que, de la comparación entre los informes de gestión de la Fiscalía General de 2023 y 2024 arroja un notable crecimiento es el del abigeato. Se trata de un “delito rural” que consiste en el robo o hurto de ganado.

El sistema informático del MPA muestra que en 2024 “se generaron en la provincia de Santa Fe 2.422 legajos con la calificación legal abigeato o la valoración político criminal delito rural, incluyendo hechos consumados y tentados”. Es decir, cuando el delito se logra cometer o cuando se intenta sin suerte, conducta que también es castigada por el Código Penal.

“La Fiscalía Regional 1 concentra el 29,3% de los casos y la Fiscalía Regional 5 el 28%. Luego, le siguen las regionales 2, 4 y 3 que registran el 16%, 16% y 9%, respectivamente”, dice el informe, que muestra cierto equilibrio en ese tipo de delitos entre las zonas de Santa Fe y Rafaela. En Rosario, cuya jurisdicción abarca zonas rurales, su incidencia es apenas del 16 por ciento del total.