Dos ex jefes policiales se sentarán hoy en el banquillo de los acusados, por haber estafado al estado provincial con el manejo del dinero para el arreglo de patrulleros. Ellos son Rafael Grau y Omar Odriozola, los únicos imputados en la causa conocida como “D4” en llegar a esta instancia. Fueron acusados de comandar una asociación ilícita que perpetró una millonaria defraudación al Estado santafesino a través de maniobras ilícitas en la reparación de móviles policiales y la compra de repuestos.  El gobernador Maximiliano Pullaro será el primer testigo en declarar este jueves, cuando comience el juicio por corrupción contra dos exjefes de la Policía de Santa Fe. Es que esta investigación se inició en mayo de 2016, a partir de una presentación que Pullaro, en ese momento Ministro de Seguridad de la Provincia, realizó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). En la misma, sostuvo que se anotició de las presuntas maniobras ilícitas a partir de un documento anónimo que fue dejado en un sobre cerrado en una oficina del ministerio.

Está previsto que el debate comience hoy en la capital provincial a las 8, momento en que el fiscal Ezequiel Hernández expondrá la acusación contra Grau y Odriozola ante el tribunal conformado por las juezas Celeste Minniti y Cecilia Labanca y el juez Sebastián Szeifert. Luego será el turno de Virginia Balanda e Ileana Echaniz, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

Tras los alegatos de las partes, comenzará la etapa de producción de prueba. Se espera que Pullaro sea el primero en declarar y que lo haga a través de una videoconferencia, aunque esto podría sufrir modificaciones por cuestiones de agenda. La declaración del gobernador buscará aportar luz sobre el inicio de la investigación.

La fiscalía atribuyó a Grau y Odriozola la autoría del delito de “asociación ilícita en carácter de jefes”, en concurso real con la coautoría de “defraudaciones en perjuicio de la administración pública”.

Hernández solicitará para cada uno la condena a 9 años de prisión, además de una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

Según la acusación fiscal, Grau y Odriozola fueron jefes de una organización criminal conformada por funcionarios públicos policiales y civiles. Se les imputa haber utilizado su potestad jerárquica para disponer los medios, habilitar el ámbito y consentir las actividades ilícitas desplegadas por la organización.

La modalidad delictiva, detallada en los escritos de la fiscalía y reconocida por otros implicados ya condenados, consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que en realidad no se realizaban y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se lograba burlando el procedimiento administrativo respectivo.

El esquema involucraba a particulares (dueños de talleres mecánicos, chapistas, negocios de repuestos o imprentas) que emitían facturas por trabajos o compras inexistentes. Estas facturas falsas eran presentadas a un funcionario policial -denominado "Habilitado"- que era el encargado de gestionar los pagos y emitir las órdenes de pago mediante cheques.