La provincia de Salta incrementará un punto más el aporte como empleadora destinado el Instituto Provincial de la Salud (IPS), la obra social provincial.
Ese fue uno de los aspectos que se acordaron en la reunión de la comisión interministerial y legislativa conformada por los ministros de Salud y Gobierno, Federico Mangione y Ricardo Villada respectivamente; los presidentes de las comisiones de Salud de Diputados y el Senado, Laura Cartuccia y Manuel Pailler, y el interventor de la obra social, Emilio Savoy.
Así lo adelanto Cartuccia tras la reunión que se mantuvo ayer en el Ministerio de Salud. La legisladora indicó que del 6.5 por ciento que aporta la provincia por cada empleado, ahora se pasará a aportar el 7.5 por ciento. Descartó que, al menos por ahora, se incremente también el aporte de los trabajadores del Estado provincial y los municipios, que son afiliados forzosos de la obra social.
Esta Comisión se conformó tras la polvareda que levantó la presentación de una iniciativa del gobernador Gustavo Sáenz en la que se proponía bajar costos a través de la receta de medicamentos genéricos, y que quienes se jubilen del Estado ya no puedan acceder a la obra social provincial, como sucede en la actualidad.
Ante la presión de los trabajadores y la lluvia de críticas, el gobernador retiró el proyecto legislativo.
El gobierno provincial busca achicar el déficit que tiene la obra social, que a febrero era de 25 mil millones de pesos. Esta fue la causa de la intervención por 180 días, a cargo de Savoy, que desplazó a la expresidenta de la obra social, Gladis Sánchez.
En la reunión, Savoy informó que la actividad de los profesionales y prestadores del Instituto se mantiene con normalidad. "Se ha logrado subsanar la deuda original que tenía el IPS, quedando solo pequeños saldos con algunas clínicas del interior, con las que se está trabajando para cancelar en la brevedad”, explicó.
Adjudicó el déficit a los incrementos en el precio de las prótesis, insumos y medicamentos. “Pero no mencionó nada de la sobrefacturación” de las clínicas u otros prestadores, contó Cartuccia. “Llamativamente, no lo nombró” al tema, afirmó la legisladora quien, a su vez, confirmó que el viernes último recibió una carta documento de una de las entidades médicas, por haberla señalado como una de las prestadoras que sobrefacturó. De hecho, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación ante las afirmaciones que incluso realizó el gobernador en sus redes sociales.
En cuanto al déficit, Cartuccia indicó que se calcula que es de entre 6 y 8 mil millones de pesos mensuales. En la Comisión se evaluó además la necesidad de instrumentar mejores controles a prestadores y al manejo de los fondos, además de establecer que lo retenido para la obra social vaya directamente al IPS y no pase por el Ministerio de Economía, como ocurre en la actualidad. “El IPS debe recuperar su autarquía”, señaló.
La Comisión acordó una nueva reunión para el próximo 26 de junio, con el fin de continuar el seguimiento de la situación y asesorar al gobernador sobre los pasos a seguir.
Con cargo creado
A través de la decisión administrativa 176 publicada el 7 de mayo en el Boletín Oficial de la provincia, el coordinador administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos, dejó sin efecto desde el 30 de abril la designación de la ex presidenta del IPS, Gladis Sánchez, quien, desde febrero, cuando se intervino la obra social, hasta el 30 de abril había sido designada como coordinadora ejecutiva Prestacional del Comité Ejecutivo de Intervención Administrativa del IPS.
La decisión de dar de baja la nueva contratación de la funcionaria intervenida se tomó tras las críticas porque Sánchez, que es agente estata de planta permanente, continuara dentro del ámbito de decisiones pese a que había quedado cuestionada por el manejo de la obra social.
El 19 de mayo pasado, por resolución 81 del IPS, Savoy sostuvo que ante “la necesidad de reorganizar y fortalecer las prestaciones y servicios” que brinda el organismo, “se considera conveniente reestructurar servicios propios del IPS, creando una subgerencia, de la cual dependerá la jefatura del área y tendrá competencia para reevaluar los programas existentes”, que tengan que ver con temas de prevención de la Salud.
El interventor consideró que “la doctora Gladis del Socorro Sánchez, personal de planta permanente del IPS, es el agente idóneo en la capacidad, experiencia y conocimientos para ejercer las funciones de subgerente de servicios propios del IPS”.
Es así que Savoy dispuso asignarla en este cargo, aunque “manteniendo su actual nivel remunerativo con retención de su cargo de planta permanente en el IPS”.
Cartuccia criticó la decisión. Cuestionó que se haya creado esta nueva dependencia y que hasta el momento ni siquiera se haya abierto un sumario para investigar a Sánchez.
