El gobierno de la provincia de Buenos Aires no cede ante la presión del Gobierno nacional e insiste en que el “virtual blanqueo” que propone Javier Milei carece de sustento legal. En las últimas horas, llevó esa postura ante Juan Pazo, titular de ARCA, que convocó a la Provincia a un encuentro para intercambiar información y solicitarle, formalmente, su adhesión al nuevo régimen informativo tributario enmarcado en el Plan de Reparación para los Ahorros de los Argentinos o, como quedó definido por los propios funcionarios nacionales, la estrategia para obtener “los dólares del colchón”.

"Ellos se presentan como los defensores de los argentinos de bien, y resulta que nosotros somos los comunistas que pedimos seguridad jurídica", resaltó Cristian Girard, el titular de ARBA en una entrevista en la que aclaró que poder contar con esta garantía es indispensable para cualquier ciudadano que acepte la propuesta de la Casa Rosada y use sus dólares no declarados con el objetivo de tener en claro si está expuesto a sanciones futuras.

“O el ministro no contaba con toda la información, o el Presidente creyó que con su palabra alcanzaba”, dedujo el funcionario que luego explicó que, si alguien utiliza fondos no declarados para adquirir un bien, “el Estado cuenta con cinco años para exigir el pago de los impuestos omitidos”, según consta en las leyes vigentes.

La reunión del jueves se extendió por 45 minutos y, según fuentes de la Agencia de Recaudación de la Provincia, se desarrolló en un clima cordial, “con un enfoque técnico e informativo”, en las oficinas de ARCA.

Ante la presencia del ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y Girard, Pazo junto a dos asesores presentaron los lineamientos generales del plan anunciado, pidieron firmar una adenda al convenio de colaboración vigente y se comprometieron a enviar en los próximos días la documentación correspondiente para su análisis por parte del equipo técnico de la provincia de Buenos Aires.

Los representantes de Axel Kicillof dejaron en claro “la importancia de contar con mayor precisión normativa, ya que aún no se conocen los detalles del régimen”. También destacaron que, desde la Provincia, se está trabajando en una agenda de simplificación tributaria, pero insistieron en la necesidad de contar con el sustento legal que da pie a la voluntad del Gobierno nacional.

López y Girard subrayaron la necesidad de que cualquier esquema de blanqueo cuente con el respaldo de una ley aprobada por el Congreso, a fin de garantizar la seguridad jurídica, especialmente en lo referido a la utilización de dólares no declarados. Desde ARBA, indicaron que el Gobierno nacional tiene en mente presentar un proyecto de ley para realizar las modificaciones pertinentes en el régimen penal tributario, pero aún no está definido el alcance de la medida y parte de su contenido.

Seguridad jurídica

Girard sostuvo que, desde la Nación, “se apuraron” en anunciar una medida que no parce haber estado lo suficientemente estudiada. "No sé cuál es la urgencia que tienen", dijo en declaraciones radiales. El titular de ARBA señaló que el anuncio de Luis Caputo persiste como un cambio al régimen informativo de transacciones por debajo de 50 millones de pesos mensuales, pero “no se modificó el régimen penal tributario, ni el Código Fiscal, ni las normativas vinculadas a la prevención del lavado de activos".

Días atrás, el titular de ARBA indicó que "si se pretende avanzar en este tipo de medidas, debe darse una discusión democrática en el Congreso y consensuarse con las provincias", ya que se trata de facultades delegadas en el régimen de coparticipación federal. “Impuestos como Ganancias e IVA son recaudados por ARCA, pero pertenecen a todas las jurisdicciones por lo que cualquier modificación requiere del aval legislativo y el acuerdo de las provincias y no puede implementarse vía decretos ni resoluciones administrativas”, agregó el funcionario bonaerense. 

Fue el propio gobernador quien, durante la conferencia de prensa del último lunes, sentó postura al respecto en clara sintonía con Girard. “Pareciera ser un intento de blanqueo permanente que tiene que ver con un régimen informativo”, indicó Kicillof, a la vez que explicó que los movimientos sospechosos “no van a estar exentos de tener que explicar el origen de los fondos en las declaraciones juradas y tendrá que dar explicaciones”.

Respuesta

La nueva respuesta del director de ARBA llegó tras el comunicado del Gobierno nacional para firmar un convenio de entendimiento con las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el intercambio de información. 

La gacetilla publicada por ARCA, ente que suplantó a la AFIP, solicita la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias a los fines de preservar “la información de los consumos personales como así también el incremento patrimonial de los ciudadanos”. “Aquellas provincias que no adhieran al mencionado régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA”, sentenció el organismo que comanda Pazo, hombre de confianza de Caputo.

Entre los representantes de La Libertad Avanza que incitaron al Gobierno provincial a incorporarse a este régimen, está José Luis Espert. El diputado nacional y virtual candidato a encabezar la nómina que le permitiría renovar su banca en octubre de este año, apuntó directamente a Kicillof: “Si querés seguir persiguiendo bonaerenses como esclavos, vas a quedar solo como loco malo”.

De esta manera, Espert milita una posible reforma tributaria encabezada por un Gobierno nacional que, en voz del Presidente, trató “héroes” a los evasores. Es más, el propio Espert impulsó una rebelión fiscal cuando, en 2024, el Gobierno provincial modificó las alícuotas del impuesto inmobiliario rural. La situación terminó en un juicio donde la visión del ex candidato a senador en la lista de Horacio Rodríguez Larreta, perdió.

Ajeno a la línea violenta que propone la Nación, Girard afirmó que, hasta el momento, “no hay nada concreto a lo que adherir". "Lo único que anunciaron fue la creación de un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo que carece de sustento legal", subrayó.