En septiembre de 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país para investigar las denuncias sobre secuestros y desapariciones, la dictadura decidió mover a los prisioneros que estaban en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a un lugar donde no pudieran encontrarlos. La locación seleccionada fue El Silencio, una isla del Delta que era propiedad de la Iglesia. Hace doce años que sobre el lugar rige una medida de no innovar que impide que pueda hacérsele cambios. Días atrás, el Gobierno de Javier Milei le comunicó al juez federal Ariel Lijo que no tenía intenciones de preservar el sitio.