Marcela Pomerantz, la madre de un joven con problemas de salud mental y discapacidad, mantiene una disputa judicial para que el programa Incluir Salud restaure el tratamiento de su hijo. Según denuncia, su hijo fue asistido durante cuatro años en una institución privada donde se garantizaba un tratamiento acorde a su condición, hasta que en 2021 el programa nacional cortó las prestaciones, considerando que el Plan Médico Obligatorio (PMO) podría garantizar ese tipo de tratamientos. 

Desde entonces, el joven pasó por distintas instituciones sin que se cubriera el tratamiento que necesita, en paralelo a una disputa judicial que agotó todas las instancias sin resultados favorables. 

Por eso, este lunes la madre presentó una carta dirigida al Fiscal de Estado de la provincia, Domingo Rondina, y al Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Baraguirre, denunciando un caso de “grave violencia institucional y judicial” en perjuicio de su hijo. 

“Los derechos no caducan, no deben caducar y los agentes judiciales en todos los niveles deben ser garantes del cumplimiento de los mismos”, planteó en el escrito, donde se cita el caso de Juan Pedro Aleart como un antecedente que puede sentar jurisprudencia.

El derrotero judicial comenzó en 2017, cuando Pomerantz logró un fallo a favor por parte de la jueza Mónica Klebcar, que mediante los oficios 7425 y 7427 garantizaba el acceso a la atención integral de su hijo. En la resolución, el juzgado de Familia Nº 3 y el de primera instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 dispusieron que “los gastos de traslados, alojamientos, viáticos, medicación, acompañante terapéutico y todo lo necesario y requerido” fueran costeados por Incluir Salud. Se trata del programa que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y brinda asistencia financiera a las provincias, que administran los fondos. La decisión fue apelada por Incluir Salud, pero la Cámara le dio la razón a Pomerantz.

Sin embargo, en 2021 Incluir Salud cortó las prestaciones en instituciones privadas, como la que alojaba a su hijo. Desde el programa federal justificaron la decisión alegando que los hospitales y centros de salud públicos podían brindar la atención requerida según el Programa Médico Obligatorio (PMO). 

Para Pomerantz, ese cambio fue lo que llevó a la coordinación provincial del programa –entonces bajo la responsabilidad de Marcelo Gieco– a solicitar que se anule el fallo judicial que garantizaba el tratamiento de su hijo. Según detalló, tanto Gieco como la abogada Marianela Tuttolomondo impulsaron ese pedido ante el juez Ezequiel Zabale, quien finalmente les dio la razón. Luego, la medida fue confirmada por la Corte Suprema de la provincia.

Pomerantz explicó que, previo a ese fallo, tanto ella como su hijo tenían participación en las definiciones que tomaba el equipo médico, respecto al tratamiento y los dispositivos de alojamiento adecuados para el caso en particular. “Ahora depende de lo que Incluir Salud determine”, indicó a Rosario/12. 

En el escrito se profundiza que la actitud de Gieco y Tuttolomondo “denotan acoso y hostigamiento para mi hijo con un tratamiento inapropiado”, argumentando que Incluir Salud seguía manteniendo convenio con 1.200 instituciones privadas del país. La mujer tampoco dejó pasar que Gieco asumió en la gestión de Omar Perotti como director de discapacidad provincial, pero en agosto de 2020 debió renunciar a su cargo por haber organizado un evento en plena pandemia. Pocos meses después, fue reasignado como coordinador del programa Incluir Salud en la provincia.

Desde entonces, su hijo fue derivado a distintas instituciones. En 2023 el joven fue alojado en la clínica Banfield, de la provincia de Buenos Aires, donde pudo tener una mejor atención. Pero con el cambio de gestión nacional, volvió a estar alojado en una institución pública de la ciudad. Después de un arduo reclamo, Pomerantz logró que su hijo sea reubicado en una clínica rosarina, aunque sostiene que el joven sigue sin el tratamiento recomendado. 

“Desde hace ocho meses que mi hijo tiene un tratamiento incompleto. Él tiene que tener otras actividades, no estar todo el día en la clínica, sino que pueda empezar a hacer algo. Queremos que vaya a un centro de día, que pueda ir a un gimnasio, que haga un curso. Todo lo que una persona debe hacer en su vida”, detalló.

El derrotero judicial escaló hasta la Corte Suprema de Justicia Nacional, donde la mujer denuncia que nunca fueron asistidos por la defensoría pública nacional. “Mandaron la causa a archivo, porque dicen que no presentamos nada. Pero no llegamos a presentar nada porque la Corte nunca nos habilitó ningún defensor”, explicó y agregó: “Hay una sumatoria de malas prácticas por parte de los distintos niveles de la Justicia, que se van repitiendo en las distintas instancias”.

Con todo ese recorrido, Pomerantz apela ahora a la Fiscalía de Estado. En una carta enviada este lunes, la mujer solicitó una reunión con Rondina, donde también solicita la presencia del procurador Baraguirre. Citando el caso de Juan Pedro Aleart como antecedente inmediato, la mujer pide que se vuelva atrás con el fallo de Zabale y se restituyan los oficios de primera instancia que garantizaban el tratamiento. 

En noviembre del año pasado, la Corte provincial revocó la sentencia que cerraba por prescripción un caso de abuso intrafamiliar denunciado por el periodista rosarino –hoy convencional constituyente y candidato a concejal por La Libertad Avanza– ordenando dictar una nueva sentencia.

“Los derechos no caducan, no deben caducar y los agentes judiciales, en todos los niveles, deben ser garantes del cumplimiento de los mismos. Si la Corte Suprema declaro vigente el caso del periodista Juan Pedro Aleart, levantando la caída de este por vencimiento de plazo, sienta jurisprudencia”, planteó en escrito presentado. Y completa: “No soy periodista, ni conocida públicamente. Solicito igual trato sin asimetría de poder en la administración de Justicia”.