La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que vuelvan a detener a doce integrantes del clan Ale que están siendo juzgados en Tucumán en el mayor juicio por lavado de activos que se realiza en el país y cuyo veredicto se dará a conocer el lunes próximo.

La medida fue dispuesta por la sala II, integrada por Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa, que hizo lugar al recurso interpuesto por la fiscalía, aunque por el corto plazo que resta para el fallo, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dispuso el arresto domiciliario de los imputados y custodia policial en la puerta de sus domicilios.

En su voto, Slokar destacó que “estaríamos ante un numeroso grupo de sujetos, con una organización estable y planes criminales diversificados, cuyo origen data al menos del año 2002 y que continuarían ejecutándose en la actualidad”. Recordó que se le imputan delitos contra la libertad y la integridad sexual de varias personas, infracción a la ley penal tributaria, narcotráfico, cobro extorsivo de acreencias propias del grupo y de terceros y tenencia ilegitima de armas de fuego.

Asimismo, el magistrado resaltó que hubo “testigos de cargo que en muchos casos denunciaron haber sido amenazados por algunos de los imputados”, y hubo víctimas de trata que dijeron que no querían declarar en el debate porque les temían.

En este sentido, Slokar señaló que se impone invalidar las solturas dispuestas por el Tribunal Oral Federal en octubre por considerar que ya no había peligro de fuga y calificó de “arbitraria” la resolución por apartarse de las circunstancias probadas en la causa. El camarista dispuso que “con la celeridad y resguardos que el caso impone, se dicte un nuevo pronunciamiento”, pero según dijeron fuentes judiciales no hubo tiempo para organizar el traslado de todos los detenidos a prisión y se ordenó que permanezcan con prisión domiciliaria y custodia policial hasta el lunes.

A su turno, la jueza Figueroa también tuvo en cuenta las amenazas a los testigos, que el juicio está por terminar y que debe ponderarse la elevada pena en expectativa que eventualmente recaería sobre los imputados.

El juicio oral al clan Ale comenzó hace un año, el 16 de diciembre de 2016, y está previsto que los jueces Alicia Noli, Gabriel Casas y Domingo Batule, quienes escucharon a un centenar de testigos, den a conocer el veredicto el lunes próximo a las 18.

Durante los alegatos, el fiscal federal Pablo Camuña solicitó que se condene a los hermanos Rubén y Adolfo Ángel Ale, acusados de liderar la “asociación ilícita y lavado de activos”, a 13 años de prisión y que los bienes decomisados, entre ellos 60 armas y 5500 proyectiles, sean entregados a fuerzas de seguridad para la lucha contra el lavado de activos, la criminalidad económica y el crimen organizado.

En tanto, pidió penas de entre 2 y 10 años para el resto de los imputados.

En el juicio se dio por probada la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década y de esas actividades se obtuvieron ingentes ganancias y activos que los llevó a lavar dinero.

La causa comenzó en febrero de 2013 a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) efectuado tras una presentación de Susana Trimarco, madre de María de los Angeles “Marita” Verón, cuyo paradero se desconoce desde que fue secuestrada en abril de 2002 para obligarla a ejercer la prostitución en La Rioja, según dio por probado la Corte Suprema de Justicia tucumana. Trimarco siempre sospechó que el clan Ale está detrás de la desaparición de su hija.