Dos objetivos cifran la Reforma Previsional: desfondar a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y reducir el valor adquisitivo de las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El coeficiente de actualización es el impacto inmediato, palpable. La desfinanciación de Anses causa un daño más difícil de revertir cuando oscile el péndulo político. Ambos constituyen una transferencia de ingresos de los jubilados a favor de otros sectores. El Estado reduce o elimina impuestos a los más poderosos y los jubilados pagan la fiesta de otros.
El ejemplo más directo (para nada único) ocurre dentro del propio sistema jubilatorio: la fijación de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales, que irá escalonada hasta rondar cuanto menos el 1,5 por ciento del PBI en 4 años. Los empresarios pagarán menos, los jubilados reciben menos: transferencia directa.
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Especialistas y abogados de surtido pelaje político probaron que la fórmula de aumento damnifica a los jubilados.
El presidente Mauricio Macri, mediante decreto, trató de maquillar la merma, mediante un bono a pagarse una sola vez, con valores distintos para diferentes sectores de beneficiarios.
Quienes perciben más de 10.000 pesos ahora no recibirán el bono.
Los beneficiarios de la generosa y justa moratoria dictada por el kirchnerismo cobrarán la mitad que quienes aportaron por lo menos treinta años. Una especie de castigo retroactivo a quienes se reconocieron derechos birlados por las políticas económicas o por la evasión patronal.
En otras notas de este diario se calcula con detalle la nimiedad de la concesión.
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Se repite la clásica metodología de la derecha autóctona. Los humildes se perjudicarán “de contado”, al cobrar marzo. Se les augura un porvenir venturoso sin fecha precisa, supeditado a un encadenamiento de milagros económicos futuros, virtuales. Carencias hoy, promesas para el porvenir.
El bono mantiene intacta la nueva base, inferior a la vigente. Los aumentos arrancarán de un importe más bajo que el actual. Otro tanto sucederá con las jubilaciones a concederse más adelante.
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La reducción del valor real de los haberes es pasible de ser considerada inconstitucional por dos fundamentos.
El primero es que priva a los jubilados del derecho adquirido de cobrar valores ya devengados. Esta falla podría mitigarse con el bono, jamás suprimirse. El impacto podría ser variable. Para quienes cobran más de diez mil pesos se mantiene invicto.
El segundo es que la quita es muy alta puede- debe ser considerada confiscatoria, una privación abusiva al derecho de propiedad de las personas que cobran beneficios previsionales o AUH. El precedente más cercano fue la poda del 13 por ciento cometida durante la gestión del ex presidente Fernando de la Rúa, que los tribunales de todas las instancias fueron fulminando por inconstitucional años después.
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La fórmula de actualización fomentará el activismo judicial pero, en caso de acogida favorable, no derrumbaría toda la reforma sino solo ese aspecto. En principio, solo para los damnificados que litiguen. Por así decirlo, equivaldría a un talón de Aquiles limitado que no anularía la reforma sino uno de sus designios. El otro sobrevivirá, indemne.
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El sablazo a las arcas de la Anses funciona objetivamente como un primer paso hacia la re privatización del sistema jubilatorio, tal vez a su “crema”: los aportantes de clase media o media alta que están por encima de los ingresos mínimos y la jubilación ídem.
Los diputados que den quorum o voten afirmativamente mañana convalidarán un giro reaccionario, en sentido estricto: una regresión al pasado cuyas consecuencias se vivieron hace poco.
Los macristas impulsan la movida, consistente con su ideología y con los intereses que defienden.
Los radicales reinciden, justo cuando se conmemora la caída del nefasto gobierno de De la Rúa y la matanza que la acompañó.
Los peronistas se escudarán en la obediencia debida a sus gobernadores, contradictoria con los intereses de la fracción de los argentinos que los votó.
