El partido de 9 de Julio es otro de los distritos que da muestra de la imposibilidad de reeditar Juntos por el Cambio. Allí, la intendenta PRO, María José Gentile, tiene entre sus principales opositores al radicalismo. Pero, además, su relación con La Libertad Avanza es igual o peor que con la UCR. El combo de dificultades se completó semanas atrás, cuando perdió la presidencia del Concejo Deliberante a manos del peronismo.

El cierre de alianzas y listas se aproxima de cara a la elección del 7 de septiembre, donde cada municipio renovará la mitad de sus concejales. Desde un sector de la UCR bonaerense, intentan hacer las pases con el PRO e, incluso, coquetean con acuerdos territoriales con fuerzas libertarias. En 9 de Julio ni el radicalismo ni las usinas libertarias habilitarían un consenso para avanzar en esa dirección.  

En los últimos días, la intendenta pidió declarar la emergencia económica, pese a haber presentado una rendición de cuentas con alto superávit apenas unas semanas atrás. Así, la crisis económica desatada por las políticas de Javier Milei pasa factura a una gestión criticada y denunciada que acaba de perder el control del Concejo Deliberante.

“No dimensionan lo preocupante y alarmante de la situación”, advierte Ignacio Palacios a Buenos Aires/12. Concejal alienado con Facundo Manes y presidente del bloque de la UCR, sustenta su postura en los propios números que exhibió la Municipalidad ante las autoridades del Concejo Deliberante. “Nos informaron que hay 700 millones de deuda, que la masa salarial más los gastos previsionales está en 1.800 millones de pesos, que van por el tercer mes consecutivo que pagan en descubierto, y que le fueron a pedir ayuda a la Provincia porque en el primer trimestre tuvieron una caída de mil  millones de pesos en la coparticipación”, detalla.

La falta de consensos

Más allá de este episodio, las tensiones políticas dentro del concejo se vienen repitiendo desde el comienzo de la gestión de Gentile, quien sucedió a Mariano Barroso, también del PRO, que gobernó durante ocho años. La actual mandataria, alineada con Jorge Macri dentro del ecosistema amarillo, no logró tender puentes con ningún sector del Concejo Deliberante.

Esta condición llevó a que el cuerpo esté integrado por seis bancas del PRO, cinco de UxP, cuatro de la UCR y tres de La Libertad Avanza. Cada bancada opera por separado, lo que pone al macrismo en inferioridad numérica. 

Inicialmente, la responsabilidad de tejer alianzas estuvo en manos de Julio Bordone, hombre de Gentile y al ex diputado provincial Mauricio Vivani, dirigente del PRO con plena incidencia en la gestión municipal. A lo largo de 2024, la tarea “le quedó grande”, y en 2025 la detonó. 

Cuando la presión sobre su figura aumentó, presentó una licencia por tiempo indeterminado y, a principios de abril, el massita Sebastián Malis fue elegido para comandar el Concejo Delibertante, dejando al peronismo al frente del legislativo local. En ese marco, días atrás ingresó el pedido de emergencia económica que no encuentra consensos para ser aprobado.

Cabe señalar que 9 de Julio es un distrito donde el team libertario también actúa como un férreo opositor al PRO. Luis Moos, dirigente históricamente ligado al PJ, optó por ingresar a las filas miléistas. Cercano a Gonzalo Cabezas, alfil de Sebastián Pareja en la región, mantiene un constante enfrentamiento con Gentili y Vivani. Incluso, pidió la destitución de la intendenta.

La solicitud nació de una comisión investigadora por el caso Nandi. Tal como contó este diario, el municipio llevó adelante un convenio con una empresa privada relacionada con actividades y desarrollo tecnológico, que iba a usar instalaciones de la comuna a cambio de brindar cursos de capacitación. La decisión se puso en evaluación en el Concejo Deliberante y, pasados varios meses, le dieron el visto bueno.

Mientras estaban a la espera de las definiciones de los ediles, la empresa comenzó a dejar algunos objetos en las instalaciones prestadas por la Municipalidad. Eso hizo que los concejales decidan dar marcha atrás con el convenio, considerando que la jefa comunal había pasado por encima del Poder Legislativo local. Como uno de los asesores de la empresa era el marido de la concejala del PRO María Inés Ormaechea, llovieron acusaciones sobre incompatibilidad con el cargo y hasta de "tráfico de influencias". La edil fue suspendida, pero el Tribunal de Cuentas suspendió la medida días atrás. 

Números críticos

La mirada del Palacios es poco optimista. Señala que, desde la Secretaría de Administración y Hacienda local, les informaron que el último mes ingresó de coparticipación poco más de 440 millones, con el agravante de que el 70 por ciento del presupuesto municipal se nutre de este recurso. No pasa por alto que la caída del consumo y la actividad económica desplomaron la recaudación del IVA, uno de los principales impuestos coparticipables de la Nación.

“Le manifestamos a la intendenta que, viendo los números que nos dan, no existe milagro para que mejore la coparticipación”, relata Palacios. A pesar de este contexto, el dirigente radical y la mayoría del concejo local no quieren votar la emergencia económica solicitada por Gentile. Las razones, explicaron a este medio, radican en que el municipio cerró el balance de 2024 con 500 millones de pesos de superávit y, en paralelo, pretende resolver el desfalco de recursos con un ajuste sobre los trabajadores municipales.

Al igual que el concejal de la UCR, su par en el recinto, Julia Crespo de Unión por la Patria, sostiene que, desde hace diez años, el PRO siempre expone ejercicios superavitarios, "pero ahora piden una emergencia de un día para el otro y lo único que quieren es congelar el sueldo de los empleados de la Municipalidad”. “La rendición de cuentas tiene que terminar con la gente adentro y no con planilla de Excel”, subraya la dirigente del peronismo.

Desde su mirada, el ordenamiento de los recursos tendría que poner el foco en la planta política de la intendencia. “Solo reducen un 50 por ciento las bonificaciones a los funcionarios”, remarca Crespo. Y Palacios, desde el radicalismo, advierte que el ahorro con el congelamiento de los salarios de los trabajadores es de solo 100 millones de pesos “y se le niega un aumento del 10 por ciento en el año a un empleado que cobra 400 mil”.

La urgencia de tomar decisiones radica también en la caída en la calidad de los servicios que debe prestar el Municipio. Crespo apunta, ante todo, que las diez localidades alejadas del centro del distrito carecen de acompañamiento del Estado, "hay altos contenidos de arsénico en el agua", y que no se están entregando medicamentos en un contexto de elevada demanda tras los recortes de Nación.