El juez federal Marcelo Bailaque presentó ayer su descargo por escrito ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que lo había citado por el artículo 20º del Reglamento, equiparable a una indagatoria en sede judicial. Mañana jueves, la comisión volverá a reunirse para analizar una recomendación para inciarle el juicio político, que deberá ser aprobado por el plenario. El proceso se interrumpirá si el Gobierno acepta la renuncia, que está bajo estudio del Ministerio de Justicia desde la semana pasada. Bailaque rechaza todas las acusaciones, especialmente la que lo vinculó con uno de los capos del narcotráfico en Rosario, Esteban Alvarado.
En tanto dos organizaciones civiles, le pidieron al presidente Javier Milei que rechace la renuncia solicitada por el juez federal. Se trata de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) que pidieron que Milei y su ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona rechacen la renuncia, fundados en que la aceptación de la dimisión extingue el procedimiento en el Consejo de la Magistratura que lleva al posible juicio político. Y si eso pasa el juez además de evitar ese enjuiciamiento accede a una jubilación privilegiada. También solicitaron al Presidente del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti y al titular de la Comisión de Acusación en ese ámbito, el senador nacional Luis Juez, que procedan sin dilaciones a la suspensión y juzgamiento de Bailaque.
El magistrado rosarino está imputado en tres causas penales de delitos que de manera general los fiscales actuantes definieron como corrupción institucional. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura dictaminó que los legajos abiertos en su contra son causal de destitución. "No se trata solo del caso Bailaque, sino de un mecanismo que consagra la impunidad institucional. Si esto se permite, cualquier juez acusado de corrupción sabrá que puede evitar el juicio político simplemente renunciando", advirtió ayer desde el IECIP Julián Alfie en Radio Nacional Rosario.
Desde las organizaciones firmantes calificaron de "maniobra" la decisión de renuncia. "En casi un tercio de los ya excepcionales casos que llegan al Jurado de Enjuiciamiento, no hay resolución de fondo porque se acepta la renuncia del juez denunciado", afirman. "La Constitución y los precedentes permiten rechazarla para que se garantice su juzgamiento", señalaron desde ACIJ e INECIP. Esta última entidad está especializada en sistemas procesales y asesora en reformas judiciales a provincias argentinas y diversos países de América Latina.
Las dos organizaciones firmantes subrayan que "Bailaque es investigado por haber obstaculizado el avance de una causa penal a su cargo contra un líder narco y por la extorsión a un empresario a cambio de beneficios procesales, entre otros hechos.
El magistrado presentó un descargo a través de sus abogados: “Cada una de mis decisiones jurisdiccionales fue adoptada conforme a derecho, con sujeción a la normativa procesal y sustancial vigente, y dentro del marco de autonomía e independencia que la Constitución Nacional garantiza a los magistrados judiciales de la Nación“, dice el escrito.
Bailaque rechazó todas las acusaciones, especialmente la que lo vinculaba al narco Alvarado. “No tengo ni tuve ningún tipo de vinculo de modo directo ni a través de un tercero, amigo o no, con narcotraficante alguno. Jamás he tenido trato alguno para favorecer a personas investigadas por narcotráfico, inconcebible además en esta ciudad que ha sido golpeada en mayor medida por el contexto de violencia en relación al mundo del tráfico ilícito de estupefacientes”, agrega.
Bailaque está imputado en tres causas penales. En una de ellas, está acusado del armado de una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. En ese expediente se arrepintió el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna.
La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.
Vaudagna reconoció que los financistas terminaron pagando una coima de 160 mil dólares. También contó que la extorsión se acordó en una reunión en la casa de Bailaque, de la que también estuvo el empresario Fernando Whpei, que ahora está detenido.
En el escrito que entregó este martes ante el Consejo, Bailaque consideró “descabellada” la teoría de haber planificado en una cena en el quincho de su edificio la extorsión y apuntó contra Vaudagna, quien pidió acogerse a la figura de imputado colaborador. “La declaración que hace se encuentra íntimamente ligada, no solo a los hechos sobre los que contesta, sino a la cantidad de causas que tramitan en su contra”, Además de negar su participación en la maniobra extorsiva, aseguró que en esa cena también estuvo el juez Ariel Ariza, quien estaría dispuesto a declarar. Ariza se desempeña como miembro dela Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, y ex presidente de la Federación Argentina de la Magistratura.
“Jamás he extorsionado yo de manera directa ni por medio de otro a cualquier persona, y en particular, no he extorsionado de ningún modo a Claudio Iglesias”, dice el juez federal sobre la acusación de los fiscales.
